El juez del Supremo pospone la decisión de enviar a juicio al fiscal general hasta que se resuelvan los recursos contra el procesamiento
Hurtado alude a “razones de prudencia” para mantener congelada la causa


El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha acordado este lunes dejar en suspenso el procedimiento hasta que la Sala de Apelaciones resuelva todos los recursos presentados por las defensas y las acusaciones contra decisiones del juez. Los principales recursos son los registrados por las defensas y la Fiscalía del Supremo contra el procesamiento de Álvaro García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por considerar que no existen indicios para sustentar ese paso del juez.
La decisión que ha comunicado este lunes Hurtado realmente solo hace oficial una postura que ya había adoptado el magistrado. Una vez que dictó el pasado 9 de junio el auto de procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento y que supone dar por cerrada la instrucción), al juez solo le queda pendiente dictar el auto de apertura de juicio oral para sentar en el banquillo a García Ortiz y Rodríguez. Pero Hurtado ha preferido posponer ese paso decisivo a la espera de la respuesta que de la Sala de Apelaciones a los recursos pendientes, con el objetivo de evitar que una posible admisión de alguna de ellos ponga en duda los siguientes escritos del instructor.
En un auto dictado este lunes, el magistrado acepta la petición de la fiscal jefa provincial para que se congele la causa y explica que, aunque la ley no lo contempla, procede hacerlo así “por razones de prudencia”. “Parece razonable que no se deba llegar a juicio oral sin que queden resueltas las objeciones planteadas en fase de instrucción, lo que obliga a quedar a la espera sobre la decisión de los recursos de apelación interpuestos contra los autos del instructor con los que se ha discrepado”, señala el juez.
El magistrado argumenta esta decisión “para evitar los problemas que pudieran presentarse” si no se paraliza la causa. “Además, no dejaría de ser un cierto contrasentido, de conformidad con el principio de unidad del ordenamiento, que lo que la ley contempla para un procedimiento no pueda ser aplicado a otro en igual situación, a la vez que, ello, avala las razones de prudencia que apuntábamos para impedir que siga avanzando la causa, hasta ver lo que resulte del examen, por la Sala de Apelación”.
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