Una empresa de construcción vendió al menos 12 millones de litros de agua de manera ilegal en el peor momento de la sequía en Málaga

Extraían agua de un pozo ilegal y otro con autorización solo para riego. Y, con camiones cisterna, la vendían a particulares para sus depósitos o llenar piscinas, a empresas e incluso a un ayuntamiento. Así, hasta doce millones de litros en cinco años. Los responsables de una empresa dedicada al comercio de materiales de construcción en Málaga han sido acusados de los presuntos delitos de usurpación de aguas públicas y contra el medio ambiente. Son parte de las 36 personas físicas y dos jurídicas que la Guardia Civil investiga en la provincia andaluza tras una actuación impulsada por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) desde hace un año y que ha servido para detectar numerosos usos fraudulentos. Todo ello cuando el territorio malagueño se encontraba en una situación de sequía persistente y con graves problemas para consumo humano y uso en la agricultura.

El trabajo de los agentes ha estado encuadrado dentro de la operación Ardium, realizada para detectar usos ilegales de los recursos públicos. Iniciada hace un año en plena sequía —la situación ha mejorado tras las lluvias de primavera y Málaga se encuentra hoy en una situación más estable— ha incluido la realización de más de un centenar de inspecciones en la provincia en casas, empresas y, especialmente, en fincas agrícolas. El objetivo era comprobar las infraestructuras de extracción y manipulación de agua, sobre todos pozos, sondeos y balsas de acumulación, según fuentes cercanas a la investigación. “Cada vez que se hacen inspecciones se descubren numerosas infracciones relacionadas con el agua a pesar de la situación delicada que vivía y vive la provincia”, añaden las mismas fuentes.

El principal delito investigado corresponde a los responsables de una empresa de venta de materiales de construcción de los alrededores del pantano de La Viñuela, ubicado en la comarca de la Axarquía y el principal suministrador de agua para los vecinos de la zona. El trabajo policial ha permitido comprobar que desde hace, al menos, cinco años, estas personas extraían agua de dos pozos para su posterior venta y reparto ilegal a través de cubas. Una de las captaciones era ilegal. La otra se ajustaba a la legalidad, pero solo se podía utilizar para riego y no para distribuirla o venderla.

Entre sus clientes se encontraban viviendas particulares para consumo humano o rellenado de piscinas, además de otras empresas e incluso para el suministro de uno de los ayuntamientos del entorno. La investigación calcula que se extrajeron casi 2.500 cuabas y un volumen de doce millones de litros, generando un beneficio para los supuestos autores de 240.000 euros, además del daño y perjuicio causado en el dominio público hidráulico. Más aún cuando en ese mismo tiempo la Axarquía ha vivido una de sus peores sequías, que obligó a la Junta de Andalucía a prohibir a los regantes usar agua del pantano y numerosos municipios han sufrido cortes nocturnos y restricciones debido a la escasez.

“Sequía persistente”

Durante la operación se han detectado “muchas barbaridades”. Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, se han impuesto hasta 187 infracciones administrativas en materias de agua, como extracciones sin autorización o cantidades superiores a las permitidas, la carencia de contadores para conocer los consumos o destinar agua a usos ilícitos. También la apertura de pozos, sondeos o balsas y depósitos sin licencia urbanístico o la transformación de suelo de cultivo de secano en regadío de manera ilegal. “Estas conductas se han visto agravadas por la situación hídrica existente durante meses en la provincia, que estaba declarada como ‘sequía persistente’, estableciéndose incluso restricciones de agua en algunas zonas”, insisten desde el Instituto Armado.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, además de la participación del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y de los Guardas Fluviales y agentes medioambientales de la administración andaluza.