Más de 40 años de sotanas agitadas contra el PSOE

La secuencia de fechas se presentaba óptima para que el impetuoso papa polaco le enviara un mensaje al prometedor político andaluz. Si las elecciones de la primera mayoría absoluta de Felipe González habían sido el 28 de octubre de 1982, solo tres días después empezaba el primer viaje apostólico de Juan Pablo II a España. Así que la visita brindaba a Karol Wojtyla la oportunidad de dejarle un recado en Madrid al primer presidente del Gobierno español de izquierdas desde la Segunda República. Lo hizo. Y no fue una bienvenida, sino una advertencia.

—Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente —solemnizó en una multitudinaria misa.

Incluso antes de tomar posesión, González recibía del jefe supremo de la Iglesia un aviso de rotunda oposición a sus planes de despenalizar el aborto, mensaje respaldado por los obispos españoles, entre los que cundía la inquietud por la llegada del PSOE al poder tras la experiencia republicana, como cuenta Ángel Luis López Villaverde en El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013). Aquella homilía del 82 fue el anticipo de una larga historia de tensiones y choques entre la cúpula de la Iglesia y los gobiernos socialistas, una serie de más de cuatro décadas de sotanas agitadas que acaba de ampliarse con la petición por parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE) de un adelanto electoral por el caso Ábalos-Cerdán.

Aunque la reclamación de poner fin a un gobierno es inédita, sí existen numerosos antecedentes de confrontación entre los obispos y los ejecutivos socialistas. Los choques empezaron tras aquella visita papal con recado sobre la ley del aborto, finalmente aprobada en 1985 y ante la que la CEE exhortó a los sanitarios católicos a “no colaborar”. Grupos en la órbita de la Iglesia diocesana como Adevida impulsaron las principales protestas contra la ley, que llevó al arzobispo de Madrid, Vicente Enrique y Tarancón, que había ganado prestigio en capas progresistas por su aperturismo durante la Transición, a acusar al Gobierno de “abrir un portillo” para “atentar contra la vida”.

La batalla educativa

Aquella fue una época conflictiva también por la primera ley educativa del PSOE, la LODE (1985). Aunque en perspectiva arroja un saldo favorable a la Iglesia, al crear el marco para la actual red concertada, entonces fue recibida con hostilidad. Los obispos respaldaron las manifestaciones impulsadas entre otros por la Confederación Católica de Padres. A través de su responsable de Enseñanza, Elías Yanes, que después sería presidente de la CEE, el episcopado llegó a sugerir que el Gobierno buscaba limitar su acción pastoral estrechando su espacio en las aulas.

Los obispos se han opuesto a las principales leyes educativas socialistas. De la Logse (1990), la Conferencia Episcopal afirmó que ahondaría en la “ruptura entre la cultura y la fe”. Aprobada la LOE (2006), acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de incumplir los Acuerdos con el Vaticano y llamó a rebelarse contra la asignatura de Ciudadanía con “todos los medios legítimos”.

Pese a que el tiempo ha probado excesivos sus principales temores —la Iglesia mantiene una posición dominante en la concertada y la materia de Religión es ofrecida en toda la red pública—, el alto clero exacerbó su dureza contra la Lomloe (2020) por “anular la libertad” educativa, según declaró Luis Argüello, entonces secretario general y hoy presidente de la CEE, que respaldó las protestas organizadas por grupos católicos en la campaña Más Plurales.

La “Iglesia teocón”

Hubo obispos que fueron más allá, como el de Oviedo, Jesús Sanz, que tras anunciar el Gobierno de Pedro Sánchez su ley educativa lo acusó de buscar una “dictadura totalitaria”. Siempre ha habido voces así: beligerantes, tremendistas, sobresalientes por la derecha dentro de un episcopado ya de por sí conservador. Son lo que Amelia Sanchis, profesora de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Córdoba, llama “Iglesia teocón”, término popularizado en la primera legislatura de Zapatero, cuando apoyado por la COPE —en especial por el locutor Federico Jiménez Losantos—, este sector dominó el discurso eclesial y trasladó a las calles su activismo. La radio de los obispos ya había sido un puntal de la ofensiva contra González en su última etapa, entonces con Antonio Herrero como micrófono estrella. La tensión llegó a tal nivel que desde el Gobierno se llegó a recordar a la Iglesia que su ventajoso estatus fiscal era revisable.

No fue el único pico de tensión. Junio de 2005 dejó una imagen impactante. Con sus sotanas y alzacuellos, más de una decena de obispos, liderados por Antonio María Rouco Varela, se manifestaron contra la ley del matrimonio igualitario. Fueron años en que numerosos obispos perdieron la inhibición ante la manifestación callejera. Sobre todo Rouco. En 2007, el arzobispo de Madrid reunió a una multitud en un acto por la “familia cristiana” en el que el cardenal alertó de una “marcha atrás” en “derechos humanos” por la legislación española.

En 2009, la CEE llamó a la “movilización masiva” contra los planes de otra ley del aborto, aprobada al año siguiente. El arzobispo de Burgos, Francisco Gil, con la norma en vigor, instó incluso a la insumisión: “Impidamos la tiranía. Esta ley no obliga”. Ya con Pedro Sánchez, la CEE ha retomado el hilo de rechazo a leyes de signo izquierdista como la de 2020 de eutanasia —hace que “la gente vea normal lo que es un crimen”, estableció la CEE— y las de 2023 de derechos trans —tildada de “perversión” en una nota de la CEE— y otra vez del aborto.

Antes de las elecciones

“Con excepciones como Tarancón en la Transición, entre los obispos españoles es tradicional situarse a la derecha del Vaticano, varios pasos a la derecha durante la etapa de Francisco, y defender posiciones marcadamente conservadoras“, señala la jurista Amelia Sanchis. El contexto preelectoral aumenta la relevancia de estas posiciones. Sonada fue la nota electoral antes de las generales de 2008, cuando la CEE pidió oponerse en las urnas las políticas de Zapatero sobre educación y familia y también al diálogo con ETA. Era una forma elíptica —no se mencionaban siglas— pero inequívoca de pedir el voto contra el PSOE, lo que llevó a una respuesta furiosa tanto del partido como del Gobierno.

Más sutil, hace solo dos años, en 2023, el entonces presidente de la CEE, Juan José Omella, con la solemne ocasión de una asamblea plenaria, recordó a los católicos que era año electoral y los llamó a movilizarse contra el aborto y en defensa de la concertada, si bien también reclamó acogida para los inmigrantes.

Los choques de la CEE no han sido solo con el PSOE. Los obispos también se mostraron críticos —“desconcertados”, fue el término— con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014 cuando retiró la ley para endurecer el aborto. Pero estos enfrentamientos han sido raros y de menor intensidad. El PP, con escasas excepciones, no ha contrariado al alto clero con su legislación, luego es lógico que la tensión haya sido menor. En cambio, el Gobierno ha denunciado ahora la existencia de un doble rasero. En su carta a Argüello de la semana pasada, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afea a la CEE que pida elecciones por corrupción en el PSOE cuando no hizo nada parecido ante casos del PP. Recuerda a 2008, cuando Zapatero se quejó ante el nuncio del Vaticano de que la CEE no se opusiera al diálogo con ETA con el Gobierno de José María Aznar.

Los porqués de la CEE

El mensaje sobre la corrupción no constituye ni de lejos la primera ocasión en que voces episcopales se alzan con intención política sobre temas ajenos al catálogo habitual de sus preocupaciones: familia, vida, sexo, enseñanza. Además de su andanada de 2008 contra el diálogo con ETA, en 2023 se oyó todo un coro de obispos significándose contra la amnistía del procés, entre ellos el de Valladolid, Argüello, que afirmó que la medida de gracia “amenaza la convivencia a la que dice servir”. En términos duros se refirieron a la norma otros obispos, como los de Oviedo, Jesús Sanz (“los que delinquieron destruyendo un Estado de derecho determinan el futuro de un pueblo”), y Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla (se toma “por tonta a una nación”).

La CEE como tal no se pronunció sobre la amnistía, aunque sí ahora con toda oficialidad pidiendo elecciones ante el caso de corrupción en el PSOE, un movimiento en el que la profesora Amelia Sanchis detecta tanto una exteriorización de la “natural inclinación conservadora” del episcopado ante la debilidad del PSOE como una voluntad de “tantear el terreno” para comprobar su margen de maniobra con León XIV. Sanchis no cree que la razón de esta maniobra sea el temor a perder “privilegios” con Sánchez. “A los obispos les ha podido incomodar la actitud exigente del Gobierno ante los abusos, y que haya abierto ciertos debates, como el de la fiscalidad. Pero es obvio que ni ahora ni antes el estatus de la Iglesia se ha visto mermado con el PSOE", añade. La CEE no respondió a las preguntas de EL PAÍS remitidas para su contestación por escrito o a través de un portavoz.

En realidad, la Iglesia ha cosechado del PSOE algunos de sus mayores beneficios, algo que le suelen reprochar los grupos laicistas. En 1988, González fijó el sistema de asignación anual vía IRPF, con el 0,5239% de cada equis, que no impone un recargo a quien marca la cruz, sino que establece que el dinero se detrae del total recaudado, como querían los obispos. En 2006, con Zapatero, cada equis pasó al 0,7%. Ha sido un éxito total para las cuentas de la Iglesia. En 10 años, la institución ha recibido casi 3.000 millones de euros. La contrapartida al 0,7% era la “renuncia” de la Iglesia a la exención del IVA, en realidad una exigencia europea.

Con Sánchez, no se ha llegado a materializar la eliminación de la exención del IBI para edificios con uso lucrativo, como preveía el Gobierno, ni a aprobar la reforma legal para revertir las inmatriculaciones “indebidas”, aunque estaba en el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos. “No hay ningún elemento objetivo para decir que el PSOE gobierna con posiciones anticlericales”, enfatiza Cristóbal López, coordinador del grupo del PSOE Cristianos Socialistas, que recuerda que su partido, pese haber amagado con ello, nunca ha tocado los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. “Sacan los tambores de guerra cuando gobierna el PSOE por una cuestión ideológica, simplemente están más cómodos con el PP”, afirma López, que acusa que Argüello de “desunir y confrontar”. Elegido el año pasado, Argüello ya es citado con frecuencia entre los presidentes del ala dura de la CEE, la misma de Rouco (1999-2005, 2008-2014).

El historiador Carlos Rodríguez López-Brea, autor de Los pasos perdidos del catolicismo español. Los católicos y la política española del siglo XX (Tirant, 2022), señala que la Iglesia ha logrado ya un estatus educativo y fiscal tan sólidamente anclado que no teme perderlo, tampoco con el PSOE en el Gobierno. Su mayor hostilidad hacia los socialistas tiene razones más profundas, afirma. “La percepción de los obispos es de pérdida de influencia moral en la sociedad, a la que ven empujada en una dirección incorrecta, algo de lo que hacen sobre todo responsable a la izquierda”, concluye.