El futuro de la amnistía, una decisión que se juega en muchos terrenos

Hace poco más de un año, el Congreso aprobó la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Polémica desde su planteamiento inicial, salió adelante con 177 votos a favor y 172 en contra. La controversia ha continuado desde entonces, en las tribunas de prensa, pero también en el Tribunal Constitucional, adonde han llegado los recursos presentados por partidos como PP y Vox, gobiernos autonómicos (alguno gobernado por el PSOE) e incluso de tribunales como el Superior de Justicia de Cataluña o el Supremo. Esta semana, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) intentarán resolver ese litigio, que se abre con un borrador de sentencia conocido el 2 de junio y que defiende que “las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último” quedan fuera del control del tribunal de garantías. Se bloquearía así la reclamación de PP y Vox, que denunciaban “arbitrariedad” del Gobierno y sus socios parlamentarios.

La probable validación de la ley permitirá dejar otra pantalla atrás de la Cataluña del procés que desembocó en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Òmnium Cultural, una de las asociaciones catalanas que animaron el secesionismo, cifra en unas 1.600 personas las afectadas por sentencias y sanciones vinculadas con aquella coyuntura, de las que más de 700 aún están inmersas en causas penales y de las que apenas dos centenares habrían sido amnistiadas (a los que hay que sumar unos 164 policías nacionales y guardias civiles). La sentencia del Constitucional debería agilizar los casos de olvido penal, pero el cierre de la ley va más allá del dictamen de los magistrados. Hay al menos media docena de instancias en las que se juega también el futuro de la amnistía, con algunos posibles beneficiarios expectantes de las decisiones de más de una de ellas.

El Tribunal Supremo. Es uno de los focos de las cargas de ERC y Junts contra la aplicación de la amnistía, hasta el punto de que el partido de Carles Puigdemont lo ha acusado de actuar en rebeldía porque el tribunal se niega a considerar los casos de malversación como un delito considerable como amnistiable. La Sala Penal que presidió Manuel Marchena hasta finales de año se niega a perdonar al expresident Puigdemont y sus consejeros Lluís Puig y Toni Comín, los tres residentes en Bruselas, así como evita la amnistía total para Oriol Junqueras, lo que le impediría de momento presentarse a unas elecciones. Su oposición ha llevado recursos a otras instancias.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En sus salas de Luxemburgo se plantearán, el próximo 15 de julio, las cuestiones prejudiciales que atañen a 35 ex altos cargos de la Generalitat por el uso de recursos públicos y a los encausados en la llamada Operación Judas, sobre los que pesan cargos por terrorismo. La vista sobre la primera, instada por el Tribunal de Cuentas, se celebrará el 15 de julio por la mañana. Implica a dirigentes políticos, entre quienes se encuentran los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras. El organismo de fiscalización considera que el referéndum del 1-O y la promoción internacional del proceso soberanista afectó a los intereses financieros de la UE, lo que convertiría ese delito en no amnistiable. El procedimiento por responsabilidad contable contra los 35 políticos está visto para sentencia, por lo que únicamente falta la respuesta del TJUE para que el Tribunal de Cuentas resuelva una cuestión por la que se reclamarían 3,1 millones de euros a los implicados.

El mismo día por la tarde, el TJUE también tendrá que dirimir sobre las cuestiones prejudiciales elevadas por la Audiencia Nacional por el caso de 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de terrorismo, detenidos en el marco de la Operación Judas acusados de fabricar explosivos. Inicialmente, los magistrados encargados del juicio quieren que el tribunal europeo decida si su caso vulneraría la directiva comunitaria contra el terrorismo y, por tanto, no serían casos posibles de perdón.

El Tribunal Constitucional. El trabajo del Tribunal Constitucional no concluye con la decisión marco de la ley de amnistía prevista para esta semana. Los magistrados también tendrán que abordar las cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por jueces, como los recursos de amparo de personas a quienes se les ha negado la aplicación de la amnistía.

Los más populares en esos casos son el expresident Carles Puigdemont y quienes fueran consellers durante su mandato, Lluís Puig y Toni Comín. A los tres, que optan a la amnistía pese a no haber sido juzgados, el Supremo les niega la aplicación al considerar que el delito de malversación por el que están procesados es ajeno a la amnistía. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía consideran ese argumento un “artificio”, pero la base argumental del alto tribunal es que el uso de recursos públicos para la organización del referéndum independentista permitió a los procesados utilizar recursos propios, lo que permitió su enriquecimiento. La Audiencia de Barcelona ha amnistiado casos en los que existían casos de malversación.

El mismo caso plantearon el exvicepresidente Oriol Junqueras y los consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, a quienes el Supremo les niega dar la amnistía total, lo que les impide dejar atrás las penas de inhabilitación para ejercer cargo público hasta 2030 y 2031.

Audiencia de Barcelona. En el antiguo tribunal de justicia de Barcelona, todavía sin fecha señalada, está prevista la celebración del juicio contra cuatro miembros de la Policía Nacional que el 1 de octubre de 2017 participaron en una de las operaciones contra las multitudes que defendían los centros de votación del referéndum independentista. Durante esa actuación, uno de ellos disparó una bola de goma que impactó sobre Roger Español, que perdió el ojo derecho y que, desde entonces, sufre también “sintomatología ansiosa depresiva”. El tribunal decidió el año pasado que los hechos protagonizados por los cuatro policías no estaban amparados por la ley de amnistía. Argumenta que esta no asume “los actos dolosos contra las personas que hubieran producido […] la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro”. La Fiscalía pidió la semana pasada su absolución.

Departamento de Interior de la Generalitat. En la conselleria que dirige Núria Parlon se tiene que decidir el futuro de las multas administrativas impuestas y que está por ver si serán devueltas. Según los datos de Òmnium, hay contabilizadas más de 880 personas con algún tipo de sanción administrativa vinculada al procés, de las que, según su último cómputo del mes de mayo y teniendo en cuenta la falta de información, se habrían tramitado 32. De esas, solo 20 habrían sido amnistiadas, por un importe total de 12.000 euros. La baja cifra de gestiones se explica por el escaso conocimiento del canal puesto en marcha por el Gobierno catalán.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El caso que se analiza en la institución de Estrasburgo no se ciñe a la amnistía, sino sobre el conjunto del proceso judicial del procés que acabó con condenas de prisión para nueve dirigentes independentistas. El caso lo inició el expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que cargó con una pena de cárcel de nueve años. Su abogado en el juicio, Benet Salellas —ahora defensor también de Santos Cerdán en el caso de corrupción que salpica al PSOE—, demanda al Estado español al considerar que las sentencias vulneraron derechos fundamentales de Cuixart explicitados en la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Su argumento, como el de la demanda de Jordi Turull, actual secretario general de Junts y también condenado, se basa en los dos votos particulares de la sentencia del procés, formulados por Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer: cuestionaban la vía penal como la idónea frente a las reivindicaciones ciudadanas del procés.