La crónica | Sánchez defiende al fiscal general y escapa de las acusaciones del PP

Esta vez se lo dijo un socio, uno de los más fieles. “Necesitamos que concrete, señor Sánchez”, rogó al presidente la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que trataba de arrancarle compromisos para proteger la industria vasca. Pero este miércoles en el Congreso, en la última sesión de control al Gobierno antes del verano, el Pedro Sánchez que lleva semanas dando esquinazo a los periodistas tampoco estaba por la labor de concretar mucho. Ni ante el PNV ni, sobre todo, ante la consabida cascada de acusaciones del PP. El presidente se ciñó a mostrar su respaldo sin fisuras al fiscal general del Estado, objeto principal de la ofensiva opositora, y a sobrevolar todo lo demás.

La máquina insaciable de la actualidad y el afán del PP de proclamar “cada día un nuevo escándalo” van devorando acontecimientos a velocidad supersónica. La semana pasada, el Gobierno parecía tambalearse por el caso de Leire Díez y la narrativa consiguiente sobre “las cloacas del PSOE”. Fue ese episodio el que condujo al PP a convocar una manifestación en Madrid con el tremebundo lema de “Mafia o democracia”. Tres días después, Alberto Núñez Feijóo por fin tenía a Sánchez frente a frente en el Congreso. Ni mencionó a Leire Díez. Tampoco salió de su boca la palabra mafia, el gran hit de la semana anterior y que este miércoles dio síntomas de estar pasado de moda. Ahora el gran tema es el procesamiento del fiscal general. Y a él dedicó Feijóo sus energías.

El líder de la oposición empezó con un balance contable del silencio del presidente: “43 días sin responder a nada ni a nadie. Está escondido en el típico búnker de los autócratas”. Acusó al Gobierno de “llamar prevaricador al Tribunal Supremo”, una interpretación ciertamente amplia de las críticas veladas de algunos ministros al juez que ha procesado al fiscal. Tras apelar al clásico argumento de que “no puede perseguir el delito quien presuntamente lo ha cometido”, Feijóo exigió a Sánchez que destituya a Álvaro García Ortiz por “grave incumplimiento de sus funciones”. Esa es una de las posibilidades que contempla la ley para forzar el cese de un máximo responsable del ministerio público, siempre que tenga el aval del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso.

De principio, Sánchez dejó sentado su inequívoco apoyo al fiscal. Lo hizo con palabras casi idénticas a las empleadas el lunes por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños: “No se equivoque, entre un fiscal que persigue a los delincuentes y los delincuentes [en referencia a la pareja de Isabel Díaz Ayuso], el Gobierno siempre estará con los fiscales”. Dicho esto, Sánchez se atuvo al capítulo primero de su manual para esquivar las estocadas de la oposición: la letanía de cifras que ilustran los logros del Ejecutivo, que en esta ocasión alcanzó hasta los kilómetros de fibra óptica instalados.

Feijóo amplió el foco en la réplica con otros asuntos recientes como el registro en el domicilio del exministro José Luis Ábalos. Leire Díez y la mafia volvieron a quedar en el cajón. Sánchez “altera la convivencia” y “quiere destruir la justicia”, atacó Feijóo. Ergo: “Es un verdadero peligro para la democracia”. El líder de la oposición aludió a las nuevas informaciones sobre supuestos manejos de Santos Cerdán y conminó a Sánchez a responder si “avala” al secretario de organización de su partido. El interpelado, por supuesto, no respondió. Y pasó al capítulo segundo del manual: airear las miserias ajenas. El presidente atribuyó a Feijóo la “psicología del espejo”, el acusar a los demás de lo que comete uno mismo. Punto de partida para sacar a relucir la clásica lista que abarca desde la vieja amistad del líder del PP con Marcial Dorado a las corrupciones varias de su partido.

Los populares se afanaron por arrancar al resto del Gobierno algún ataque frontal a los jueces, otra vez con el argumento de que los están acusando de prevaricar. Los ministros levantaron un muro. Ni Bolaños, ni la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría -que la víspera había señalado desde la sala del Consejo de Ministros que “algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”-, pronunciaron una sola crítica. Tampoco tuvo éxito el PP en su intento de provocar algún reproche al PSOE por parte de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La diputada Noelia Núñez pinchó a la dirigente de Sumar diciéndole que “chapotea en las alcantarillas de Ferraz”. Las maneras de su intervención se delataron tan guionizadas y ensayadas que Díaz le contestó con sorna: “Tiene que practicar usted un poquito más”.

Si por un momento se pudo pensar que el vocabulario del PP ya había desterrado la palabra mafia, al poco llegó Miguel Tellado para recuperarla. Luego volvió a resonar en boca de otros diputados, incluida la portavoz de Vox, Pepa Millán, que reivindica el copyright de haber sido los primeros en equiparar al Gobierno con la hermandad criminal siciliana. La que se recreó más en el paralelismo fue la popular Ana Vázquez, quien llamó a gritos “pelele de las cloacas” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras este -casi siempre imperturbable- le recordaba las andanzas de la policía patriótica en tiempos del Gobierno de Rajoy.

En la ofensiva contra el sanchismo se ha borrado la diferencia entre sospechas y hechos comprobados. Basta que se publique que la UCO está investigando si Ábalos pudo cobrar comisiones por amañar contratos, para que llegue Cuca Gamarra y exija explicaciones a la vicepresidenta María Jesús Montero sobre “los contratos que amañó el señor Ábalos a cambio de comisiones”. Así, directamente, sin presuntos ni hipotéticos. Otro de los estiletes populares, Elías Bendodo, exhibió una información del digital El Debate en la que un innominado empresario asegura haber sobornado a un alto cargo del departamento de Montero. “Están ustedes en el concurso de a ver quién la dice más gorda”, lamentó la vicepresidenta. Pero no contestó. También ella siguió el manual: “bulos”, “máquina del fango” y la retahíla de viejas vergüenzas del PP.