El Gobierno ve imposible una condena al fiscal y lo respaldará hasta el final con el aval de sus socios

Llegó el momento de la batalla definitiva entre el Gobierno y el Tribunal Supremo alrededor del fusible más sensible, el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Desde que el Ejecutivo puso en marcha la ley de amnistía, e incluso antes, con los indultos y los cambios del delito de sedición y malversación, el Gobierno y el Supremo han chocado muchas veces. La sala de lo Penal, dirigida por Manuel Marchena, al que algunos miembros del Gobierno consideran casi una especie de jefe de la oposición en la sombra, ha dado golpes muy duros al Ejecutivo. Pero ahora llega la hora de la verdad: la decisión de juzgar y en su caso condenar al fiscal general del Estado, algo que en el Ejecutivo ven “completamente imposible” porque, tal como queda claro según su visión en el auto del juez Hurtado, “no hay ninguna prueba” de que García fuera el autor de la filtración del correo en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía dos delitos y ofrecía un acuerdo.

El Gobierno ha decidido cerrar filas con el fiscal incluso el día de en que ha quedado a un paso del banquillo, pero además no está solo: la mayoría de los socios del Ejecutivo salieron también a apoyarles y algunos criticaron con dureza al juez que ha decidido procesarlo. Al contrario que en otras ocasiones, el Ejecutivo puede contar esta vez con el apoyo de toda la mayoría que lo respalda, incluido Podemos, últimamente muy crítico, porque todos coinciden con distintas palabras en rechazar el auto del juez. Antonio Maíllo, de IU, lo vio como un ataque al Gobierno de coalición, mientras Ione Belarra, de Podemos, insistía en que es la prueba de que en la justicia sigue mandando la derecha. El Gobierno tiene varias reformas judiciales en marcha y espera contar con el apoyo de todos sus socios. El PP y Vox, por el contrario, pidieron la dimisión del fiscal.

El presidente, Pedro Sánchez, y su equipo de máxima confianza, con Félix Bolaños, ministro de Justicia, al frente de esta cuestión, están dispuestos a mantener el apoyo a García hasta el final, según coinciden diversas fuentes del Ejecutivo. Pero confían en no tener que llegar al extremo de apoyar a un fiscal general condenado porque creen que en este caso el que se ha excedido es Hurtado, con un auto que provoca en privado palabras muy gruesas por parte de miembros del Gobierno. Los miembros del Ejecutivo que están más encima de este asunto creen totalmente imposible que haya una condena e incluso confían en que pueda triunfar la apelación que hará García Ortiz porque tendrán que decidir sobre ella tres magistrados con prestigio. “Algunos jueces no son conscientes del deterioro de la imagen de la justicia que provocan autos como el de hoy [por el lunes]. Está creciendo la desconfianza en la justicia. Lo vemos en los sondeos. Pero confiamos en el que cuando esto llegue a la sala segunda del Supremo haya otros que sí crean necesario preservar esa imagen de la justicia”, señala un miembro del Gobierno. “Todos estos excesos se acabarán poniendo en su contra, si es que no está sucediendo ya”, analiza otro.

Desde que la derecha se hizo con el control del CGPJ, hace más de 10 años, e incluso antes, la Sala de lo Penal se ha ido llenando de jueces conservadores hasta estar muy descompensada a favor de este sector. Pero, aun así, varios miembros del Gobierno consultados confían en que estos jueces, ya reunidos en forma de sala y con necesidad de buscar consensos, “no tendrán el descaro” de condenar sin pruebas, según la visión del Ejecutivo, nada menos que a un fiscal general del Estado.

“¿Pero alguien ha leído el auto? ¡Pero si son todo suposiciones! No ha creído a ninguno de los testigos que lo exculpaban, sobre todo los periodistas. ¿Pero dónde está el in dubio pro reo?“, se indigna un miembro del Gobierno. “No puede condenarlo. Seríamos Burundi. A pesar de todo, nosotros tenemos fe en el Supremo, creemos que alguien tiene que parar esta locura de Hurtado. No hay por dónde coger el auto”, señala otro. “Pero ¿cómo puede decir el juez en la primera línea del auto ‘a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno’ y luego no demostrar de dónde saca esa conclusión y no aportar ninguna prueba de que se diera esa instrucción que nunca existió?“, se enfada.

Esto en la parte privada. Porque en público las opiniones, aunque más matizadas, también fueron contundentes. Incluso el ministro de Justicia, el que más cautela debe tener con sus palabras sobre los jueces, fue muy claro en su defensa de García Ortiz, al que el Gobierno ve sometido a un proceso muy injusto. Bolaños aseguró que García es “un servidor público ejemplar”. “Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos, es habitual que arremetan contra los fiscales. Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales, que persiguen el delito. Eso, sin ninguna duda. Y, por tanto, nuestra confianza plena en el fiscal general del Estado y también en la Fiscalía en su conjunto”, aseveró Bolaños.

El ministro explicó que conoció la noticia cuando asistía, como el fiscal general, a un acto en la sede del Consejo General del Poder Judicial, algo que tampoco ven casual algunos miembros del Gobierno, cada vez más molestos con los movimientos de algunos jueces que tienen muy identificados, y no tanto de la justicia en general. Bolaños confió en los procedimientos que aún quedan contra el auto. “Cabe recurso de reforma, cabe recurso de apelación y, por tanto, vamos a estar al sistema de garantías, al sistema de recursos que tiene nuestro país. Sin duda, al final, la verdad prevalecerá”.

Bolaños niega con rotundidad cualquier instrucción del Gobierno al fiscal general sobre este caso. “Se dice que hubo eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno [sobre la filtración] de la Fiscalía General del Estado. Quiero negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria porque esto no sucedió nunca”.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado explican que Álvaro García Ortiz se encontraba en el despacho de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, con las autoridades que iban llegando a un acto sobre igualdad, cuando se conoció la decisión judicial que le deja al borde del banquillo. Dichas fuentes señalan que en el Tribunal Supremo “obviamente sabían” que García Ortiz iba a asistir a la sede del CGPJ y consideran que no es casual que se conociera justo en ese momento con el fin de hacer “el mayor daño posible”. Más directo fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que es jurista. “La oposición real tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal”, tuiteó enlazando a la noticia del auto. Esto es, según Puente, la verdadera oposición está en la justicia.

El procesamiento ha llegado justo cuando el Ejecutivo empezaba a coger un poco de aire tras la sucesión de crisis que ha enlazado desde el apagón del 28 de abril. El ambiente en el Gobierno era un poco más tranquilo porque, como apuntaba Puente, consideran que la manifestación del PP en Madrid, convocada bajo la disyuntiva de “Mafia o democracia”, a juicio de ministros y otros miembros de la sala de máquinas de La Moncloa y de Ferraz había tenido un seguimiento por debajo de las expectativas generadas por el PP que, nada más conocer la decisión del juez Hurtado, pidió la dimisión de García Ortiz. Fuentes oficiales de la Fiscalía aseguraron tras conocer el auto de incoación de procedimiento abreviado, que el fiscal general del Estado se reafirma en su compromiso de “continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma” y defendieron su inocencia.