La última detención por yihadismo en España confirma la instrumentalización islamista de la guerra en Gaza

La detención, el pasado 26 de mayo en Castellbisbal (Barcelona, 13.000 habitantes), de un joven de 22 años ha servido a la Guardia Civil para confirmar la instrumentalización que está haciendo el yihadismo de la guerra en la franja de Gaza para radicalizar aún más a sus seguidores. El detenido, de nacionalidad española y origen magrebí, presuntamente seguía desde hace tiempo un proceso de autoadoctrinamiento y autocapacitación para cometer atentados, pero su extremismo se había incrementado precisamente por la propaganda que sobre este conflicto bélico difundía, entre otros grupos, el Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés). “El detenido había interiorizado llamamientos a favor de la lucha violenta”, destaca una nota del instituto armado difundida este martes para informar del arresto.

En ese proceso de radicalización, el joven viajó, a comienzos de 2024, a un país de la Unión Europea para realizar prácticas con un fusil de asalto en una galería de tiro ante la imposibilidad de hacerlo en España, donde la legislación es más estricta. El análisis de los equipos electrónicos que se le intervinieron durante el arresto han confirmado también su interés por las armas de guerra y la información necesaria para poder utilizarlas, aunque en su domicilio, que compartía con su familia, no se le intervino ningún arma, según detallan fuentes cercanas a la investigación. El arrestado ha ingresado en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Fuentes de la lucha antiterrorista destacan que, desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023, se ha constatado la utilización cada vez mayor de este conflicto como elemento “catalizador” por parte de los grupos yihadistas, que lo utilizan para reforzar el mensaje de que los musulmanes se enfrentan supuestamente a una amenaza que justifica el uso de la violencia como respuesta legítima. Esta tendencia se ha reflejado, por ejemplo, en un aumento considerable en las redes sociales de individuos que apoyan sin tapujo la comisión de atentados.

Todo ello se ha traducido también en una tendencia al alza en el número de operaciones antiyihadistas desde en octubre de 2023, cuando el Ministerio del Interior tuvo que acelerar muchas de las investigaciones que tenía abiertas sobre sospechosos de actividades islamistas radicales ante el temor de que el conflicto los empujase a atentar. De hecho, desde que estalló la guerra y el 31 de diciembre de aquel año, menos de tres meses, las fuerzas de seguridad arrestaron a 54 presuntos yihadistas, cuando en los nueve meses inmediatamente anteriores solo habían sido detenidas 24 personas por estos delitos, según las estadísticas oficiales. El año acabó con 78 arrestos frente a los 46 de todo el 2022.

Desde entonces, el número de operaciones antiterroristas se ha mantenido en cifras muy altas. Así, en 2024 hubo 81 detenciones (el tercer año con más arrestos, solo superado por 2004, el de los atentados del 11-M, y 2005) y en los cinco primeros meses de este año ya van 66 arrestos. En total, desde el estallido de la guerra en Gaza, las fuerzas de seguridad han arrestado en España a 201 presuntos terroristas islamistas.

También se vincula con el conflicto en Gaza la detención en abril en Murcia de A. L. K., un estudiante de filosofía de 22 años acusado de ser el presunto autor del ataque antisemita sufrido el 4 de marzo en el restaurante-pizzería Rimmon Kosher de Madrid, en el que se intentó incendiar el local con clientes en su interior. La Policía considera este suceso como el primer acto violento de naturaleza filoterrorista cometido en España contra la comunidad judía desde el inicio de la guerra ya que el detenido actuó supuestamente como represalia por la invasión israelí de la franja.

Tras el estallido de la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamás, España reforzó ―al igual que el resto de países de la UE― las medidas de prevención, protección y respuesta antiterrorista dentro del actual nivel 4 de alerta antiterrorista, “riesgo alto” ―en vigor desde junio de 2015―, sobre los cinco existentes. Entre ellas estaba un incremento de la seguridad en diferentes legaciones diplomáticas en España, como las de Israel, Turquía, Palestina, Líbano y Jordania, así como en otros “intereses estratégicos, culturales y económicos” de estos países.

También se reforzaron las medidas preventivas antiterroristas en las embajadas de los 26 países de la UE, con especial atención a las de Francia, Suecia y Dinamarca. Otras representaciones diplomáticas que vieron cómo se incrementaban su seguridad fueron las de EE UU y el Reino Unido, así como sus “intereses educativos, económicos o de cualquier tipo”.