Claves | Las medidas que abordan el Gobierno y las comunidades en la Conferencia de Presidentes

La XXVIII Conferencia de Presidentes, que este viernes se celebra en Barcelona, abordará cuestiones tan diversas como la política de vivienda —la principal preocupación de los españoles, según el CIS—, la financiación de las comunidades y la inmigración en un orden del día repleto de puntos por tratar. El Gobierno pondrá sobre la mesa como medida estrella triplicar la financiación estatal de la vivienda pública y evitar que pueda liberarse; las comunidades del PP, una panoplia de peticiones que van desde energía a las cuentas de la educación primaria.

En concreto, el Gobierno propondrá:

Financiación pública para vivienda. El Gobierno plantea a las comunidades que se triplique la inversión pública de vivienda, para pasar de los 2.300 millones del Plan Estatal 2022-2025 a 7.000 para el periodo 2026-2030. El Ejecutivo se compromete a aportar 4.000 de esa cantidad, siempre y cuando las regiones aporten al menos 2.700.

Blindaje de la vivienda protegida. El Gobierno propone a los presidentes autonómicos que se comprometan a que todas “las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía”.

Base de datos pública. Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pondrá sobre la mesa crear una base de datos pública para conocer los precios reales de compra-venta y alquiler en cada ciudad, como forma de competir con los portales inmobiliarios privados. “Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa”, defiende el Gobierno.

Las comunidades del PP, que han logrado que el Gobierno acepte incluir varias de sus propuestas en el orden del día, proponen las siguientes.

Financiación autonómica. Los populares exigen la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas, y “la presentación inmediata de un proyecto de reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. También solicitan un decreto para poner a disposición de los territorios las entregas a cuenta o que se mantenga el mecanismo “extra-FLA” del programa del Fondo de Liquidez Autonómica.

Vivienda. El PP propone derogar la ley de vivienda del Gobierno “a la vista de los efectos negativos que ha generado”. También la “puesta a disposición de suelo público para la construcción de vivienda asequible en colaboración público privada”. Piden “informes sectoriales en plazo o silencio positivo”. Exigen la rebaja del IVA al 4% para la compra y la rehabilitación. Y solicitan que se ponga fin al decreto antidesahucios e “impulsar reformas legislativas para luchar de verdad y de manera decidida contra la ocupación”.

Energía. Los barones meten el dedo en la llaga del apagón, y piden una política energética basada “en evidencias tecnológicas y no en planteamientos ideológicos”. Además, quieren promover “el bombeo reversible en primera instancia por ser tecnología 100% española y hacer un uso eficiente del agua y baterías en aquellas zonas más tensionadas y urgentes”. Inciden en el reforzamiento de las interconexiones con otros países y buscan apostar por las energías renovables, combinadas con la nuclear.

Inmigración. Pese al endurecimiento del discurso de Feijóo en materia de inmigración durante las últimas semanas, los barones del PP no van tan lejos como el líder del Partido Popular, que pide las expulsiones de los inmigrantes que no sigan los “valores” españoles. Las comunidades solicitan, sin embargo, el “refuerzo de medios técnicos y humanos en fronteras”; “mecanismos de coordinación para la acogida temporal de inmigrantes, respetando el “principio de solidaridad interregional” y “mayor financiación europea para gestionar flujos migratorios extraordinarios”.

Infraestructuras. Los populares se limitan en este punto a cargar de manera extendida contra el Gobierno por los recientes problemas en las redes ferroviarias y piden acto seguido un “plan estratégico nacional en materia de transporte”.

Sanidad y dependencia. Los presidentes autonómicos solicitan un mayor número de profesionales sanitarios, también más plazas docentes o “agilizar” la homologación de títulos. Hay otras exigencias como la financiación del 50% por parte de la Administración General del Estado de la dependencia que ya está establecida bajo ese porcentaje. Pero consideran que este umbral no se está cumpliendo.

Poder Judicial. Quieren que se convoque la Conferencia sectorial de Justicia con el “orden del día” reclamado; que se retire el proyecto de ley del Gobierno por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Educación. Piden al Gobierno central, que no tiene las competencias en materia de Educación, que financie el 50% del coste efectivo del primer ciclo de la educación infantil, de cero a tres años.