Marlaska defiende a la UCO y dice que es la justicia la que tiene que investigar cualquier movimiento extraño

El Gobierno no se va a mover para investigar todas las informaciones polémicas de las últimas semanas que tienen relación con la Unidad Central Operativa (UCO), la sección de investigación de la Guardia Civil. Ni la posibilidad de que las filtraciones de los whatsapps del presidente hayan salido de la UCO, que los tenía en custodia, ni las publicaciones en varios medios sobre un informe aún no finalizado que podría afectar a dirigentes socialistas, ni el hecho de que un empresario, unos abogados y una militante del PSOE, Leire Díez, que según este partido no actúa en su nombre ni trabaja en la organización, maniobraran para intentar lograr información negativa del teniente coronel Antonio Balas, al mando de la UCO.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, máximo responsable de la Guardia Civil y, por tanto, de la UCO, ha echado balones fuera ante varias preguntas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y ha insistido en que él no puede investigar ninguna de estas cuestiones porque debe ser la justicia quien lo haga. Grande-Marlaska ha defendido en todo momento la labor de la UCO: “Tengo la máxima consideración de la UCO, conozco su profesionalidad. Actúan bajo las directrices de las autoridades judiciales y del fiscal, aunque cuando gobernaba la derecha no ocurría eso de forma real”, ha dicho, en referencia a la llamada policía patriótica de la época del PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono contra el Gobierno por este caso que ha descrito como “gravísimo en democracia”, informa Elsa García de Blas. “Una persona trabajando al más puro estilo mafioso”, ha subrayado en referencia a la militante del PSOE Leire Díez. “Esto es mafia. Mafia pura. Practicada en la sede de un partido político”, ha enfatizado. El PP analiza con sus servicios jurídicos si lleva adelante acciones legales referidas a este caso.

Hace dos semanas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo que si los jueces no investigaban la filtración de los mensajes de Sánchez, el Gobierno presentaría una querella. Finalmente, no lo ha hecho, entre otras cosas porque el propio José Luis Ábalos admitió la autoría al menos de una parte de esa filtración, con lo que no habría delito. Marlaska ha apuntado de nuevo a que el Gobierno no se va a mover y espera que sean los jueces quienes lo hagan. Tampoco va a investigar otras filtraciones sobre supuestos informes de la UCO ni esta última grabación que se ha publicado con la militante socialista maniobrando contra la UCO. El ministro deja todo en manos de la justicia y aprovecha para criticar a los medios que están publicando datos sobre alguno de esos supuestos informes. “Me preocupa que se hagan referencias a unidades de investigación, es tanto como imputarles el no cumplimiento de sus deberes de neutralidad y de mantener el secreto. Hago un llamamiento a que esos comentarios que pueden parecer inocuos ponen en tela de juicio una actividad tan importante”, ha dicho el ministro.

En el fondo, parecía también un mensaje a la UCO, por si estuviera filtrando esas informaciones, pero no lo ha dicho directamente, sino apuntando a la prensa. Grande-Marlaska también ha dicho que el Ejecutivo nunca apuntó a la UCO como filtradora de los mensajes de Sánchez. “No conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno que haya hecho alusión a la UCO como autora de filtración”, ha asegurado. Esto no es del todo cierto, porque la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aun sin mencionar expresamente a la UCO, sí dijo que había que mirar hacia quien era responsable de la custodia de esos mensajes, que “no deberían haber aparecido nunca porque no son parte de esa investigación” y, por tanto, estaba hablando claramente de este departamento de la Guardia Civil.

El Ejecutivo, según fuentes del Gobierno, se encuentra atrapado porque se publican cosas que le afectan directamente a él o al PSOE, pero no puede moverse ni mucho menos investigar de dónde salen o qué sucedió en realidad porque eso supondría una intervención del Ejecutivo en una investigación judicial que además le perjudica, con lo cual sería un escándalo aún mayor. El Gobierno se limita así de momento a esperar a ver qué se publica e insistir en que está “muy tranquilo” porque nadie ha cometido ninguna irregularidad y, por tanto, solo hay “ruido” mediático, pero sin ninguna cuestión de fondo que pueda ser llevada ante un juzgado.