Sánchez y Díaz se vuelcan para lograr el hito de la reducción de jornada pero Junts lo pone difícil

La reforma laboral, que se ha convertido en uno de los grandes hitos del Gobierno —este martes celebraba el récord de 21,6 millones de afiliados a la Seguridad Social y el paro más bajo desde 2008— llegó al Congreso sin apoyos claros y salió de rebote, por un error del PP. La reducción de la jornada laboral máxima, de 40 a 37,5 horas semanales, que no se toca desde 1983, y que beneficiaría según Trabajo a 12 millones de trabajadores —el resto ya la tienen en sus convenios— también llegará al Congreso sin apoyos garantizados, pero el Gobierno confía en que la presión social —la norma tiene un gran apoyo en todos los sectores, incluidos los conservadores, según las encuestas— y la negociación dará el mismo resultado.

El Ejecutivo admite que las cosas no están fáciles, pero Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se conjuraron en el Consejo de Ministros, según varios de los presentes, para hacer de esta norma el gran hito de la legislatura y volcarse con una gran campaña de presión social y política para lograr que la norma pase el primer gran trámite, la votación de devolución, y luego pueda negociarse y aprobarse en el Congreso. En el Consejo de Ministros no solo hablaron de este asunto los dos líderes de la coalición —a Sánchez varios ministros lo escucharon casi tan entusiasta como Díaz, a la que deseó suerte en la negociación— sino también María Jesús Montero y Carlos Cuerpo. Todos transmitieron la misma idea: es un proyecto del Gobierno, no de Sumar, y todo el Ejecutivo va a trabajar para que salga. Se daban así formalmente por superadas las tensiones internas que se vivieron cuando se trató este asunto en primera vuelta en el Consejo de Ministros.

Entonces, después de declaraciones públicas muy tensas, y bajo la presidencia de Montero —no estaba Sánchez ese día— Cuerpo y Díaz se enzarzaron en una polémica interna sobre la reforma y las dudas que Economía tenía sobre sus efectos sobre las pymes. Esa tensión pasó, y Sánchez claramente ha dado una instrucción política que trasladó el lunes en Barcelona en el Círculo de Economía: hay que sacar adelante esta reforma y convencer con una negociación tanto a Junts como al empresariado que está detrás de la formación de Carles Puigdemont presionando para que descarrile.

Los números de momento son complicados. El PP, pese a que tiene un gran apoyo entre sus votantes, ha anunciado el voto en contra porque la reforma no cuenta con el apoyo de la patronal. Yolanda Díaz volcó este martes toda la presión sobre ellos, pero en el Gobierno saben que los populares están en el no a todo —incluso van a rechazar el decreto antiaranceles, que habían negociado con el Gobierno— y no pueden contar con ellos.

Y Junts está siendo muy duro en público: Miriam Nogueras, la portavoz, habla de un “no rotundo a una ley que solo se ha negociado con los lobbies sindicales españoles” y anuncia una enmienda a la totalidad, aunque en privado hay muchas negociaciones para intentar reconducirlo. El equipo de Yolanda Díaz está en contacto casi permanente con Junts, y ella misma ha hablado con Carles Puigdemont. Pero él no da el sí, aunque tampoco se cierra a la negociación.

De hecho, PSOE y Junts han tenido hace poco su reunión mensual en Suiza, según fuentes de la negociación, y Puigdemont le transmitió a Santos Cerdán, el interlocutor habitual socialista —en ocasiones viaja también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero— que ven muy difícil apoyarla. Para Junts es importante, como se intuía de las palabras de Nogueras sobre el “lobby sindical español” el rechazo de Foment, la patronal catalana, y sobre todo de Pimec, que representa a pymes y es más cercana a los independentistas.

De momento, Junts está en el no, pero Díaz y su equipo están hablando con ellos a diario —también con Pimec— y creen que hay mucho espacio para negociar porque el Gobierno tiene en cartera un fondo muy importante de ayuda a las pymes para adaptarse a esta reforma, que llegó a estar encima de la mesa de negociación pero se retiró cuando la patronal decidió no entrar al acuerdo y dejar solo a los sindicatos y al Gobierno. Eso se puede recuperar y Díaz dejó caer que habría más posibilidades, porque “la única línea roja es lograr la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales” en cinco días, esto es: media hora menos al día de la actual de 40. “El resto, todo el margen de negociación es absolutamente posible. El margen es absoluto”, dijo Díaz.

El PSOE y Sumar tienen posiciones antagónicas en el asunto decisivo del aumento del gasto en defensa, pero cada vez están más cerca en cuestiones como esta de la reducción de la jornada laboral, que Sánchez ha tomado como un hito propio, y en otras como la vivienda, donde después de mucha tensión interna, ahora los discursos de los dos grupos se parecen cada vez más y la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, hizo este martes una reivindicación apasionada del control de precios del alquiler —algo que el PSOE rechazaba hace unos años y llevó mucha discusión en la coalición— y se lanzaba al ataque directo contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, por no aplicarlo en su comunidad. “Hay medio millón de propietarios y un millón de inquilinos con alquileres excesivos que podrían beneficiarse de la ley de vivienda si Ayuso quisiera aplicarla. Los inquilinos podrían tener una bajada del alquiler, como la que estamos viendo en Cataluña, del 6%, y los propietarios podrían disfrutar de una bonificación de hasta el 90% del impuesto por esa bajada”, reivindicó Rodríguez.

El Gobierno intenta así volver al marco de sus reformas progresistas, el que mejor le funcionó en la anterior legislatura, porque tuvieron mucho apoyo social y resultados económicos muy claros —reducción del paro, aumento del salario mínimo, de las pensiones— pero los números en esta legislatura son más complicados y si el PP sigue en el no, todos los caminos conducen a Junts, ya que el PNV sí parece más dispuesto a apoyar la reducción de la jornada porque en Euskadi ya de hecho funciona en prácticamente todos los convenios.

Díaz mostró una convicción total en la presión social y política para sacar adelante la reforma. “Este debate es igual que el de la reforma laboral. El PP quería golpear al Gobierno, pero golpeaba a los españoles. ¿Qué hubiera pasado si cae la reforma laboral? No tendríamos 21,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, y vamos a llegar a 22. Rajoy soñaba con 20 millones y no llegó. El Gobierno ha hecho su trabajo, que es mejorar la vida de la gente. La reforma llega a la casa de la democracia, el Parlamento. Ahora le toca a los grupos políticos. Esta es la medida que más esperan los españoles voten a quien voten. Es de justicia. En hostelería los márgenes han aumentado un 105%. En comercio desde 2019 un 24%. En agricultura, un 36% desde 2019. La jornada sigue igual desde 1983, y no trabajamos igual que en 1983. Además, los empleados públicos y muchos convenios ya tienen 37,5 horas o menos, lo que hacemos es convertirlo en regla general. ¿Feijóo va a hacer lo mismo que con la reforma laboral?“, se preguntó después de decir que con Junts ”hay espacio para negociar”. Díaz remató: “Nadie dice abiertamente ‘me opongo a la reducción de la jornada’. Esta norma está ganada en la calle”. Ahora habrá que ver qué pasa en el Congreso, aproximadamente en un mes.