La tormenta por la política de defensa revuelve a la coalición pero Sumar garantiza su continuidad

Sin un solo día de tregua, la coalición vivió este miércoles una nueva jornada turbulenta. Sumar manifestó el martes en el Consejo de Ministros sus discrepancias con el plan de seguridad del Gobierno por elevar el gasto militar, unas diferencias asumidas y en gran medida pactadas entre socios, pero la decisión del Ministerio del Interior de desdecirse y continuar con la compra de 15 millones de balas de Israel se salió del guion previsible, con una adjudicación además que se hizo pública el Viernes Santo, en plena Semana Santa. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se había comprometido a anular el contrato el pasado 24 de octubre debido a la guerra de Gaza y su rectificación revolvió de nuevo al socio minoritario del Ejecutivo, provocando una crisis sin precedentes, aunque Sumar garantiza su permanencia en la coalición.

El grupo de la vicepresidenta Yolanda Díaz emitió un duro comunicado exigiendo la rectificación de Interior y un portavoz de Izquierda Unida llegó a abrir la puerta a su salida del Consejo de Ministros, una posibilidad que fue matizada después tanto desde su partido como desde el entorno de la vicepresidenta. “En ningún momento está encima de la mesa o en riesgo ni la participación de Sumar en el Gobierno ni la continuidad del Gobierno de coalición”, zanjó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por la tarde.

A primera hora, Díaz había tratado de normalizar las diferencias por el aumento del gasto militar confirmando que la coalición gozaba “de muy buena salud” y agotaría la legislatura. Fuentes del sector socialista del Gobierno entienden la incomodidad de sus socios por este asunto, pero se escudan en la comunicación de la Abogacía del Estado que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato con la empresa israelí. La anulación, explican, hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado. El socio minoritario niega las limitaciones jurídicas y sostiene que todo es cuestión de voluntad política. En cualquier caso, la Moncloa intentó ayer relativizar la profundidad de la crisis y espera al regreso de Fernando Grande-Marlaska, de viaje este miércoles en Irak, para abordar el asunto.

El malestar entre los partidos de Sumar se hizo evidente a lo largo de la mañana y sus portavoces fueron endureciendo el tono, con petición de dimisión incluida desde Compromís e IU del responsable del Interior si no aceptaba la exigencia del grupo de cancelar el contrato con Israel, valorado en 6,6 millones de euros. “Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y la comparecencia del ministro para explicar lo que ha sucedido”, enfatizó la vicepresidenta poco después de conocerse que el departamento de Marlaska había decidido seguir adelante con la compra.

“La suspensión del comercio de armas con Israel no es solo una medida justa en el contexto del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, sino también en consonancia con los tratados internacional sobre Comercio de armas”, señala la nota pública de los de Díaz, que subraya que “no caben matices en medio de una masacre cuyos responsables tienen una orden internacional de arresto por parte de la Corte Penal Internacional”. Desde la guerra abierta en octubre de 2023, Sumar ha hecho de este asunto una de sus banderas y batalló con el PSOE para incluir en el acuerdo de Gobierno el reconocimiento de Palestina como Estado, algo que finalmente aprobó el Consejo de Ministros en mayo del año pasado.

La crisis la elevó este miércoles al máximo Izquierda Unida, la formación más sensible en este tema, y que ya se había mostrado muy enfadada con la inversión de casi 10.500 millones de euros en defensa anunciada un día antes y con la que España cumplirá este año el compromiso que Mariano Rajoy adquirió en 2014 con la OTAN de destinar el 2% del PIB a esta materia. Sumar alberga en su grupo a partidos de tradición política muy distinta e IU, que nació en 1986 al calor de las movilizaciones contra la ratificación de la entrada de España en la Alianza Atlántica y ha mantenido históricamente una posición de defensa del Estado palestino, ha sido la más beligerante también este miércoles. “No vamos a tolerar que ninguna partida [del Ejecutivo] vaya a financiar un Estado genocida”, advirtió su coordinador federal, Antonio Maíllo. “No basta con pedir explicaciones. Ese camino no lo vamos a recorrer. El PSOE ha abierto la mayor crisis desde que tenemos Gobierno en 2023″, añadió en un tono especialmente duro. Un paso más allá fue en este caso su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, quien preguntado por una posible salida del Gabinete respondió: “Estamos ante una seria contradicción. Por una parte, queremos que España siga siendo el único Gobierno de coalición progresista. Es el mejor escudo de protección de nuestro país. Si al final hay que tomar una decisión de no seguir participando en el Gobierno, vamos a intentar que en España no haya un Ejecutivo de derechas”, afirmó en rueda de prensa. Un alto cargo de IU descartó horas más tarde en privado a EL PAÍS que la organización “esté en eso”, e hizo hincapié en lograr que la decisión se revierta. Pero aunque el propio Maíllo, a última hora de la tarde en la SER, repitió que su partido quiere “mantener el Gobierno de España” en un intento por rebajar la crisis, evitó rechazar explícitamente el abandono, añadió que “[todos] los escenarios están sobre la mesa”, y aseguró que le “llamaba la atención que el foco se pusiera en salir o no“ del Ejecutivo. Un argumento que reiteró Santiago más tarde en el Canal 24 horas, mucho menos contundente ya que por la mañana.

La política de defensa y particularmente los aumentos del gasto militar han dividido tradicionalmente a los socios del Gobierno desde 2020, primero a PSOE y Unidas Podemos y ahora a los socialistas y Sumar. La coalición que coordina Yolanda Díaz ya había asumido en cierta medida la hoja de ruta de Sánchez desde que la Comisión Europea pidió incrementar las inversiones militares por el giro en Europa tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Se trata de lo que han bautizado en la coalición como “discrepancia pactada”, y por ello Sumar presentó “observaciones formales” en el Consejo de Ministros, haciendo constar su rechazo. Sin embargo, la noticia sobre el cambio de parecer de Interior sobre los contratos de armas a Israel resultó una sorpresa para el grupo minoritario, que se enteró por los medios. La ministra Sira Rego, de origen palestino y del partido de Maíllo, envió a mediodía de ayer una carta al propio Marlaska pidiendo la rectificación y una auditoría que “arroje luz” sobre cualquier otro tipo de convenio con Israel en este ámbito. “Comprar armamento testado en combate contra la población civil palestina choca frontalmente con la posición que ha venido manteniendo España a nivel internacional, así como con el sentir mayoritario de la población”, añade en la misiva.

En La Moncloa y en Ferraz no le dan ninguna verosimilitud a una ruptura repentina de la coalición. Lo que sí hay es preocupación por la imagen de división e inestabilidad que el Ejecutivo transmite. “Son fuegos de artificio, no va a ningún lado. Todo esto responde al momento de redefinición de ese mundo y a la competencia entre Sumar y Podemos”, piensa un ministro. La fractura en todo ese espacio que se presentó unido en las elecciones generales de 2023 bajo las siglas de Sumar es el gran quebradero de cabeza de los socialistas. La coalición de Díaz debe lidiar con la presión de Podemos, que desde el grupo Mixto del Congreso los acusa de formar parte de un Gobierno que califica como Ejecutivo “de la guerra” o “colaboracionista de un genocidio”, en palabras el miércoles de su secretaria general, Ione Belarra. Un peso pesado del Gobierno rebaja la crisis y muestra cierta comprensión “con un desmarque con el que buscan justificarse ante sus militantes” y subraya que la polémica se reduce a “una cuestión muy concreta de un contrato muy concreto”.

El PSOE quiere pasar pantalla cuanto antes mientras trata de desdramatizar la última crisis en el Ejecutivo, como quedó patente en las intervenciones públicas de sus ministros. “Somos un Gobierno de coalición y lógicamente hay cuestiones en las que manifestamos posiciones comunes en sintonía y Sumar ha trasladado que hay algún desacuerdo en alguna de las cuestiones, pero en prácticamente el 99% de este plan están de acuerdo los partidos que conformamos el Gobierno de España”, destacó Pilar Alegría.