El Supremo inadmite la querella de Vox contra Marlaska por la actuación de la Policía en las manifestaciones ultras en Ferraz

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite las querellas formuladas por el partido Vox y el Sindicato para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la actuación policial registrada frente a las concentraciones diarias realizadas en noviembre de 2023 en las proximidades de la sede central del PSOE en la calle Ferraz, de Madrid, y que se prolongaron el mes siguiente y en enero. Durante varias de las protestas diarias se produjeron diversos episodios de enfrentamientos de los manifestantes con las fuerzas del orden y cargas policiales.

La resolución del Supremo subraya que no puede imputarse responsabilidad penal de carácter objetivo a Marlaska por las actuaciones de la Policía sobre la única base de ser el máximo responsable del Ministerio del Interior del que depende el Cuerpo Nacional de Policía, “sin ofrecer [la querella] dato o circunstancia alguna que permita afirmar que conoció los pormenores de la concentración que se estaba produciendo y/o dio instrucciones sobre la manera en que debían actuar los agentes policiales”.

A este respecto el auto del Supremo —del que ha sido ponente la magistrada Carmen Lamela— afirma que “los querellantes no aportan indicio o principio de prueba alguno que pudiera servir de apoyo a la imputación que hacen a la persona aforada, don Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior, de que la actuación policial que denuncian obedeciera a una ‘orden con motivación política’ impartida por aquel”.

La Sala de lo Penal —en línea con la posición adoptada por la Fiscalía— acuerda la inadmisión de las querellas “sin necesidad de valorar en este momento si la actuación policial denunciada fue o no abusiva o desproporcionada, ni de realizar consideraciones sobre si en la querella y en los vídeos se puede, realmente, apreciar o no ese carácter injustificado o ilegítimo con que se tilda la intervención policial”.

Las querellas se dirigían también contra el delegado del Gobierno en Madrid y, en el caso del sindicato, incluían como denunciados a agentes de Policía. El auto estima que no es competente para resolver sobre el delegado y los funcionarios policiales por no tratarse de aforados ante el Supremo. La querella de Vox era por delito de prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos contra derechos individuales, y la del sindicato ampliaba la lista a delito de tortura y contra la integridad moral y delito leve de lesiones.