Ni comida rápida ni ‘take-away’: guerra al centro-ciudad globalizado

Hace años, cuando los que vivían en las grandes ciudades visitaban o volvían a municipios más pequeños, experimentaban a veces un pequeño shock cultural: uno quería take-away (comida para llevar) y, o bien no existía una aplicación para ello, o, en el mejor de los casos, la oferta era escasa. Esto ha cambiado y ya no es raro encontrar, incluso en pueblos no muy grandes, poke, pizza, sushi, kebab. Pero ahora algunos municipios han dicho basta.

El Ayuntamiento de Palafrugell (Girona) suspendió en noviembre la licencia de actividad para nuevos locales de comida rápida en el eje comercial del centro. La suspensión aplica también a locales de estética, de tatuajes y piercings, tiendas de carcasas y reparación de móviles, y la venta de productos relacionados con el cannabis. “Estos negocios proliferan, abren y cierran con mucha facilidad y aportan poco a la vida social, cultural y de convivencia del municipio”, señala su alcaldesa, Laura Millán. La idea del Ayuntamiento es que, en su lugar, abran “nuevos negocios relacionados con las artes, la artesanía y la creación” que va a impulsar con subvenciones a fondo perdido. El municipio ya prepara un plan especial urbanístico con las características legales suficientes para, como dice la alcaldesa: “Dibujar el centro del pueblo que queremos”. Junto a Palafrugell, Lloret de Mar y Tossa de Mar han aplicado medidas similares, y en un pueblo de 3.600 habitantes de Dordoña (Francia) parte de la población lanzó el año pasado una petición para impedir la apertura de un nuevo McDonald’s. Y en Palermo este año se ha aprobado un bloqueo de 18 meses a nuevos locales take-away en el centro histórico.

Son ejemplos de resistencia a un paisaje comercial que termina pareciéndose cada vez más en todos los barrios turísticos. En muchos casos, las cadenas son capaces de asumir los alquileres costosos que los negocios familiares ya no pueden pagar y que acaban vendiéndose a estos conglomerados. “Hay municipios que ante esto intentan proteger la diversidad comercial como un patrimonio intangible y que apoyan a esa economía local”, explica el sociólogo Daniel Barrera, profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad de Sevilla. Un ejemplo histórico es el de Plymouth, donde en los años sesenta se creó la asociación Plymouth Barbican Trust tras una política del Ayuntamiento de eliminación de viviendas precarias. Esta asociación compró entonces los edificios que consideraban que tenían un valor patrimonial y desde entonces solo rentan las viviendas a residentes y negocios locales. En esta historia hay también ejemplos malintencionados. En 2016, el Ayuntamiento de Verona, en Italia, prohibió la producción y venta de comida étnica para llevar con el objetivo de proteger su “tipicidad cultural”.

En el artículo académico Foodificación en Madrid. Transformaciones urbanísticas, turísticas y patrimoniales, Barrera expone cómo las calles alrededor de ciertos mercados se están especializando en neotabernas, locales que parecen que llevan cien años pero que se crearon anteayer: “Se busca sustituir al turista de bajo coste por otro que deja más dinero a costa de que todo se convierta en un teatro. Pero ni los madrileños están todo el día tomando vermut, ni los malagueños, espeto”.

Al final, tanto la proliferación de cadenas de comida rápida como la comida pretendidamente tradicional responden a una misma lógica: el uso de la ciudad como mercancía. La clave, señala Barrera, está en fijarse en qué subyace detrás de un nuevo establecimiento o una nueva ordenanza, qué se quiere imponer o limitar y quién quiere hacerlo.