Sin autoridad

Galbraith describía tres instrumentos para el ejercicio del poder: la amenaza, la recompensa y la persuasión. En una sociedad democrática, la capacidad de intimidación viene limitada por la ley, es decir, pasa por el Boletín Oficial del Estado,que es el arma más poderosa de la que dispone el Gobierno. La recompensa se mueve entre la figura noble del interés general y el espacio más o menos subterráneo del clientelismo, tan extendido en el Estado de las autonomías, forma posmoderna del caciquismo. La persuasión, basada en la palabra, es determinante en la configuración de la autoridad. Y un indicador de la actual crisis política española es que se echan de menos los dirigentes que se hayan ganado el respeto y el reconocimiento de la ciudadanía. Los principales líderes políticos son cuestionados incluso en sus propios partidos.

La semana pasada tuvimos reiterados ejemplos de ello. El presidente Rajoy ha vivido entre la presión del sector más próximo a las asociaciones de víctimas del terrorismo y el desafío de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que sabe que no es de la familia y trata de buscar perfil propio desesperadamente antes de que le echen de cualquier carrera electoral. Algunos barones del PP han obligado a ralentizar la aplicación de la ley Wert y, como telón de fondo, la FAES sigue emitiendo doctrina, con la intención de marcar las líneas rojas al presidente. Nadie diría que Rajoy goza de mayoría absoluta en el Parlamento.

Alfredo Pérez Rubalcaba está obligado a convivir con la recién llegada Susana Díaz, que, apoyada en la federación más importante del partido socialista y con la bandera de la renovación, se ha otorgado el derecho a la última palabra y condiciona las decisiones del partido. En este contexto, Rubalcaba ha tenido que afrontar la segunda votación parlamentaria por separado de la historia de las relaciones PSOE-PSC y el retorno de la fantasía de una marca propia en Cataluña de la mano de la vieja guardia.

En fin, el propio Artur Mas vive acosado por movimientos internos en CiU que debilitan su estrategia soberanista. Y aunque busca reforzar su autoridad sobre la base del impulso del movimiento social por la independencia, no deja de reconocer que es una fuerza fuera de su control.

Si añadimos que los tres dirigentes citados están en caída libre electoral, ¿es posible afrontar con garantías los problemas de Estado y las reformas exigibles en un régimen agotado? ¿Dónde está la persona con autoridad suficiente para promover, más allá de los intereses corporativos de cada cual, modificaciones de fondo en el statu quo y cambios reales en la redistribución del poder? La autoridad empieza en la anticipación. Y me temo que no hay nadie dispuesto a persuadir a la ciudadanía de que hay que avanzar sin miedo a superar las ideas recibidas y a contrariar ciertos intereses particulares. Los actores principales han optado por la vía de la confrontación, con la pretensión de sacar rendimiento partidista de ella. Especialmente el Gobierno de Rajoy, que ve la posibilidad de recuperarse electoralmente por la vía patriótica y asfixiar a los socialistas.