El acuerdo Ayuso-rectores: una pequeña bombona de oxígeno para unas universidades moribundas

El pasado 3 de marzo hacíamos una primera valoración de urgencia del acuerdo entre los rectores de las universidades públicas madrileñas y el gobierno de Ayuso en el que ya intuíamos algunas de las cuestiones que ahora, tras la publicación del acuerdo, se confirman.

En primer lugar, llama la atención el hecho de que el acuerdo no es en sí mismo un modelo financiero, sino solamente “el marco técnico de referencia para la elaboración y posterior aprobación del modelo financiero a través de los instrumentos oportunos”. Es decir, unas simples “bases orientadoras de financiación plurianual de las universidades públicas madrileñas”. La conclusión es evidente: por ahora lo firmado (que ni siquiera ha sido aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid) carece de cualquier concreción administrativa y jurídica, y, por tanto, quienes conocemos la tendencia de Isabel Díaz Ayuso y sus consejeros a los grandes anuncios vacíos de contenido tendremos que estar muy atentos a cómo se materializa el acuerdo, tanto en cantidades reales como en los modos de transferencia de los recursos, así como en los instrumentos jurídicos de seguimiento y obligación.

En segundo lugar, se confirma que la cantidad pactada es realmente escasa, y parte de la base de que las universidades conseguirán 2.000 millones de euros por su cuenta y las familias pagarán en tasas unos 3.000 millones, aproximadamente. El grueso aportado por los presupuestos de la Comunidad de Madrid, 8.900 millones, no llegará en el mejor de los casos al 0,5% del PIB, ni a las cantidades aportadas por comunidades autónomas menos pudientes, como Andalucía. En el momento de mayor aportación del Gobierno, las universidades públicas madrileñas seguirán siendo las peor financiadas de España.

Ayuso tendría que invertir 1960 millones, mientras el acuerdo establece una financiación máxima, en su momento más alto, de 1650 millones"

Mi compañero Antonio Sánchez, en un brillante análisis realizado en la comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, muestra el enorme descenso en términos reales de la financiación universitaria madrileña en los últimos 20 años de gobiernos del PP, debido, entre otras cosas, a que los propios presupuestos de la Comunidad son cada vez menores con respecto al PIB, especialmente debido a las bonificaciones fiscales a los más ricos. Por ello, del 0,67% del PIB que se usaba para financiar las universidades en 2005 se pasa ahora al 0,4%. La consclusión de Antonio Sánchez es demoledora: para tener ahora el poder de inversión en universidad de 2005, el Gobierno Ayuso tendría que invertir 1960 millones, mientras el acuerdo establece una financiación máxima, en su momento más alto, de 1650 millones. Habremos perdido entonces 25 años para la mejora e impulso de la universidad pública madrileña.

Además, se trata de una financiación “en diferido”, que va a prolongar los déficits hasta 2028 o 2029 en el mejor de los casos, y lo peor de todo, para su eliminación van a ser necesarios serios recortes en personal y gasto corriente, especialmente en la Rey Juan Carlos y en la Complutense. Pero no solo, y por supuesto la imposibilidad de crecer en plazas y titulaciones más demandadas. Por ello, el acuerdo impone a las universidades toda una serie de duras obligaciones en planificación y rendición de cuentas que ojalá se aplicarán, por ejemplo, a los hospitales públicos del grupo Quirón, a la empresa pública Planifica Madrid o a otros chiringuitos cercanos al PP por todos conocidos, requisitos a mayores de los ya existentes que no se imponen a ningún otro organismo público.

Por último, resulta sarcástica la ambición de los objetivos que se les plantean a las universidades con esta escasa financiación: ser un referente europeo en tecnologías disruptivas, un referente de excelencia en estudios de Humanidades, el principal hub universitario internacional en lengua española, el principal polo de atracción de talento cualificado del sur de Europa, y otras cosas grandilocuentes de similar tenor que se plantean conseguir con 1500 millones de inversión media al año. En fin…

La presidenta solo trata de aliviar una situación insostenible que ella misma ha causado,

En resumidas cuentas, no nos parece que se pueda hablar de “hito histórico”, ni sentir “satisfacción” ante el acuerdo. Si alguien que te está estrangulando, forzado por la presión popular, afloja un poco la presa, eso no da satisfacción, si acaso ligero alivio. La mejor definición de su alcance la hizo el rector de la Complutense Joaquín Goyache ante el Consejo de Gobierno de su universidad: “Tenemos una bombona pequeña de oxígeno para seguir respirando”. Es posible que durante algunos años las universidades puedan seguir respirando, pero no van a salir de la UCI en la que las han metido los gobiernos del PP, ni podrán realizar la labor fundamental que la sociedad madrileña necesita.

Ayuso no hace más que cumplir con su obligación de no dejar morir a la universidad pública madrileña, y lo hace a regañadientes, tarde y mal. Solo trata de aliviar una situación insostenible que ella misma ha causado, llevando a las universidades públicas al borde del abismo. Intenta así sacar a su Gobierno y a ella misma del foco de las protestas y poner a los rectores como parapeto de defensa ante el movimiento estudiantil para que sean la nueva diana del descontento, que va a seguir. Veremos en los próximos meses si lo ha conseguido.