El ministerio de Universidades advierte de que el plan sancionador de Ayuso puede “invadir competencias del Estado”

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades considera “preocupante” y en posible colisión con las leyes nacionales el régimen sancionador que planea imponer el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los campus y que se recoge en el borrador de su ley autonómica de educación superior (LESUC) hecho público este miércoles por EL PAÍS. “El ministerio no conoce oficialmente la propuesta de la Comunidad de Madrid, pero el borrador que se ha conocido hoy [este miércoles], a través de la prensa y al que ha hecho alusión directa el consejero [Emilio] Viciana, contiene elementos preocupantes, que podrían invadir competencias del Estado”, explican fuentes del departamento. “Cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid haga público el texto, los servicios jurídicos del ministerio lo analizarán minuciosamente para defender la autonomía universitaria protegida por la Constitución Española”. En 2022 se aprobó la Ley de Convivencia Universitaria que incluye un régimen sancionador para los estudiantes, y el Estatuto del Empleado Público (1986) hace lo propio con los trabajadores.

“El Gobierno de España, como ha defendido la ministra Diana Morant, va a proteger a la Universidad pública española, velando por que se respete la libertad de expresión y de manifestación en sus campus, así como exigiendo una correcta financiación por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en esta materia. Es llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las universidades que por cómo financiarlas mejor”, prosiguen estas fuentes. En julio de 2024, cuando los rectores de las universidades públicas madrileñas alzaron la voz contra un primer boceto de ley madrileña, la ministra ya anunció que probablemente recurrirían la norma.

Los rectores de la red pública madrileña (CRUMA) no han recibido formalmente ese documento, por lo que consideran que no pueden hacer valoraciones hasta que no sea una propuesta oficial. “En los próximos días está prevista una reunión con el consejero Emilio Viciana en la que esperamos recibir por primera vez el documento completo de la LESUC. Solo tras recibirlo y analizarlo con detalle, nos plantearíamos la necesidad de hacer valoraciones sobre su contenido”, afirma la conferencia.

A las 7.18, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha querido desmentir la noticia de EL PAÍS en X: “Esta noticia es falsa”. No ha empleado ningún argumento. Sin embargo, la acusación de falsedad se desvanecía tres horas después, cuando el consejero de Educación, Emilio Viciana, reconocía indirectamente la exclusiva de este diario en un vídeo. Admite que el régimen sancionador figura en el borrador, pero asegura que la información “manipula hasta la saciedad el contenido” del mismo, sin señalar los extremos que tacha de manipulados, y que este “no contraviene” la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, al proteger los derechos fundamentales (libertad de expresión y reunión) en los campus. Incluso da más detalles de su propuesta, recogida en el borrador fechado el pasado 29 de mayo y adelantado por EL PAÍS.

Viciana asegura que el régimen sancionador incluido en el borrador está “anunciado y debatido desde 2024”. Alude a los planes que él mismo comentó en un encuentro con periodistas del que se hizo eco este diario, pero lo que no había trascendido es el catálogo de infracciones ni la tipología y cuantía económica de las sanciones. Por ejemplo, hasta 15.000 euros por poner una pancarta sin permiso.

El borrador del 29 de mayo estaba ya en manos de diferentes actores del mundo universitario, como confirma el matemático Jesús Escribano, responsable de Universidades en Comisiones Obreras y profesor de la Complutense: “Desde hace días conocemos este borrador más completo de la ley universitaria y ha ido circulando. E incluso ha estado colgado como información pública en la página de la Comunidad, aunque ahora mismo no está”.

Este diario adelantó el pasado 6 de marzo la parte medular de LESUC, pero la versión que se filtró no estaba completa, no incluía la parte más polémica, la del régimen disciplinario. Se ha hecho ahora pública, cuando los estudiantes ya han terminado los exámenes y los campus están a medio gas. Aunque, tras leer la noticia, las asociaciones de estudiantes y profesores de universidades públicas de Madrid agrupadas bajo la plataforma X la Pública han anunciado “movilizaciones inminentes si ese borrador va adelante”. En un comunicado argumentan: “Vamos a defender la universidad como un espacio autónomo donde la libertad de ciencia y la de conciencia no puedan ser recortadas. Ambas van unidas. Ninguna ley puede atacarlas. En lugar de querer silenciar y controlar la universidad, exigimos al gobierno CAM [Comunidad Autónoma de Madrid] que dote de presupuestos dignos y no estrangule la universidad, convirtiéndola en un negocio privado sin calidad”.

Desde CGT Universidades también han llamado a “movilizar” todos los recursos ·políticos, jurídicos, sociales y sindicales para enfrentar una batalla en la que nos jugamos el futuro educativo de cientos de miles de estudiantes, el futuro laboral de miles de trabajadoras, el derecho de protesta y el derecho a la universidad pública".

Antonio Sánchez, diputado de Más Madrid y profesor de Filosofía en la Complutense, se suma a las críticas: “Ayuso quiere ponerse la toga y el mazo para presidir el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde ahí amordazar y controlar a las universidades públicas madrileñas. Es el aterrizaje del trumpismo en Madrid”. La LESUC dicta que las faltas “muy graves” ―con sanciones de 100.000 a un millón de euros, con las que se pena la publicidad engañosa, la falsificación de documentación o el impedimento a “la acción legítima” de las fuerzas y cuerpos del Estado― se impongan en este Consejo de Gobierno en el que están Ayuso y sus consejeros; y que las “faltas graves” ―escraches, manifestaciones no autorizadas que interrumpan la actividad, penadas con hasta 100.000 euros― queden en manos del consejero de turno, ahora Viciana.

El PSOE de Madrid, ahora comandado por Óscar López, ha reaccionado a través de X: “La batalla contra la universidad y el conocimiento, el último ademán trumpista de la señora Ayuso. Ya existe una Ley de convivencia, hay una normativa universitaria al respecto. Cualquier incorporación al régimen sancionador debe garantizar los derechos de asociación, huelga y libertad de expresión”.