Ayuso planea sancionar con hasta 100.000 euros los escraches y las manifestaciones no autorizadas en la universidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado en las universidades públicas de la región un nuevo campo de batalla político, a juzgar por el reciente borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) al que ha tenido acceso este periódico, y fechado el 29 de mayo. A la asfixia económica a la que somete a los seis campus madrileños, tal y como denuncian los rectores desde hace un año, se suma ahora un proyecto legislativo que entra de lleno en la autonomía universitaria. Lo más llamativo es el régimen sancionador, insólito por su severidad y por el potencial para restringir la independencia académica y para chocar con otras normas estatales. Incluye como infracciones “graves” los escraches o manifestarse sin autorización para impedir otra actividad. Este grado de faltas pueden ser castigadas con hasta 100.000 euros.

Entre las infracciones “muy graves”, vagamente enunciadas y que acarrearían multas de entre 100.000 y un millón de euros, hay conductas como “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”. Entre las faltas “leves”, hasta 15.000 euros por poner una pancarta no autorizada. Consultado por este diario, un portavoz de la Consejería de Educación rechazó este lunes confirmar si de trata de la última versión del borrador.

Este régimen sancionador de Ayuso, que pone las protestas en los campus en el punto de mira como Donald Trump en Estados Unidos, entra en colisión con la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, de la época del ministro Manuel Castells, que ya castiga las infracciones en los campus de los estudiantes, y con el Estatuto del Empleado Público (1986), que se aplica a los trabajadores de los campus estatales. Ni la ley catalana de universidades (2003), ni la vasca (2004), incluyen en sus artículos castigos disciplinarios.

Las infracciones más graves, penadas con entre 100.000 euros y un millón por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ―del que forman parte los consejeros y Ayuso―, incluyen que un centro de educación superior sin autorización empiece clases, publicidad engañosa sobre el permiso para impartir clase, falsificar documentación para poder acceder a un estudio superior, impedir “la acción legítima” de las fuerzas y cuerpos del Estado o permitir la celebración de un “referéndum ilegal”.

Libertad de expresión

En este apartado de faltas muy graves, se recogen varios artículos con una redacción muy imprecisa. Por ejemplo, se castiga hasta con un millón de euros “no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario” o “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”. Se abre la puerta, por tanto, no solo a castigar al infractor, sino también a la universidad por permitir la falta.

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y durante seis años letrado del Tribunal Constitucional, considera que este último artículo es “jurídicamente inaplicable, demasiado abierto, da lugar a arbitrariedad”. Urías cree que el Constitucional tumbaría el artículo porque atenta contra la seguridad jurídica y es demasiado genérico. Una persona tiene derecho a saber qué conducta específica acarrea una pena. “Es como si te dicen que te quitan el carné por conducir mal, sin concretar”, compara.

Urías cree que 100.000 euros (el castigo mínimo para las infracciones muy graves) es “una pena muy alta” que no se puede modular y que, además, solo un juez puede decidir si se respeta o no la Constitución o la libertad de expresión. “El margen de apreciación es muy grande. Lo que tiene es una interpretación política”.

Las faltas graves, que se castigarán con entre 15.000 y 100.000 euros, serán impuestas por el consejero del ramo: actualmente es Emilio Viciana. Incluyen impedir el trabajo de los medios de comunicación en el campus, “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus” ―que podría afectar a las acampadas, por ejemplo, en contra del genocidio de Gaza― o “permitir el hostigamiento de miembros de la universidad o personas que la visiten”, algo que podría encajar en el concepto de escrache.

La cúpula de la asociación estudiantil Libertad sin Ira, próxima al PP y a Vox, se jacta de haber inspirado el régimen de infracciones del borrador de la ley. Hace 14 semanas colgó un vídeo en Instagram grabado a la puerta de la Consejería de Educación y en compañía de Nicolás Casas, su director general. “Hoy hemos conseguido introducir el régimen sancionador en la nueva ley de universidades. Somos conscientes de nuestra labor y no podemos esperar a que nadie la haga por nosotros”, afirman.

Dos artículos de la LESUC podrían encajar con los intereses manifestados por Libertad sin Ira. Uno tiene que ver con que se multe a la universidad con hasta 100.000 euros por “permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí han sido debidamente autorizadas” y a quienes participen a ellas. En más de una ocasión, como con la visita del exdiputado de Vox Espinosa de los Monteros a la facultad de Políticas de la Complutense el pasado febrero, el decanato ha tenido que anular el acto por la presencia ante la puerta de centenares de personas dispuestas a reventar el acto.

Y en segundo lugar, hay una pena de hasta 100.000 euros, según la norma, a la “discriminación o exclusión de asociaciones legítimamente constituidas en la asignación de instalaciones, fondos, actividades y participación general en la vida universitaria”. Libertad sin Ira aseguró en marzo a este diario que no quería una sede en la facultad de Políticas de la UCM porque temía que fuese vandalizada. En cambio, el colectivo universitario S’ha Acabat!, surgido como respuesta a la ebullición del independentismo catalán, se ha quejado en redes de quedarse fuera de las ayudas públicas en universidades de Barcelona.

Hace un año el consejero Emilio Viciana, en un encuentro informal con la prensa para hablar de la ley que empezaban a redactar, ya adelantó el régimen disciplinario, pero sin concretar las sanciones. “Si hay protestas que impiden el acceso a los edificios, a las clases, nos preocupa. Hay que actuar”, puntualizó. “Es difícil el límite entre la libertad de expresión y el acoso a un personaje público. Buscaremos un equilibrio”, siguió. Viciana también envió una carta a los rectores, que habían anunciado la ruptura de relaciones con las universidades de Israel, en la que les reprochaba que protestasen por Gaza y no por la ley de amnistía.

También Ayuso ha incluido alguna pincelada en sus discursos en los claustros sobre la ideología en las aulas. El pasado noviembre dijo en un pleno: “Toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense de Madrid”. En una carta posterior, el rector, Joaquín Goyache, le afeó el comentario: “Las universidades, como centros de conocimiento y de pluralidad de ideas, no son ni deben ser reducidas a caricaturas ideológicas”. En un comunicado tremendamente crítico con su asfixia financiera, en noviembre los seis rectores se quejaron de la intromisión del Gobierno regional en su autonomía universitaria: “Nuestras universidades públicas son espacios privilegiados para el debate de ideas y modelos, lugares de convivencia, pluralidad, tolerancia y diálogo (...) No son, de ninguna manera, centros de adoctrinamiento”. Mientras que este enero, en la toma de posesión del nuevo rector de la Politécnica de Madrid, Ayuso defendió su ley para que las universidades sean lugares “de ciencia y no de ideología”.