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El destierro de José en Ibiza: de ser el primero en la oposición a renunciar a la plaza por no encontrar vivienda

La locura inmobiliaria en Santa Eulària des Riu, el municipio con el metro cuadrado más caro de España, expulsa al ganador de un puesto de funcionario municipal

Opositor

A José Juan (nombre y apellido, 42 años) Ibiza lo expulsó dos veces. La primera, poco antes de la pandemia, cuando tuvo que hacer las maletas con su pareja y su hija rumbo a Mallorca, harto de las renovaciones de contratos de alquiler y de subidas de precio abusivas en su tierra de nacimiento. La segunda, el pasado mes de diciembre, cuando tuvo que renunciar a una plaza de funcionario como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu tras cuatro meses de búsqueda infructuosa de una vivienda. José quedó el primero en una oposición a auxiliar administrativo a la que se presentaron 60 candidatos, pero un puesto de trabajo de por vida por unos 1.400 euros al mes no es garantía de nada para trabajar en el municipio que cada año lidera las listas de poblaciones de más de 25.000 habitantes con el precio de la vivienda más elevado.

Esta localidad ibicenca pulverizó este verano todos los récords en las estadísticas con un importe que entre los meses de abril y junio superó los 6.000 euros el metro cuadrado en transacciones de compraventa, una cifra a la que nunca ninguna otra población había llegado, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicados el pasado mes de septiembre. De hecho, el top tres de poblaciones con los precios más elevados fue monopolizado por municipios del archipiélago balear: el segundo fue Ibiza, con 5.328 euros por metro cuadrado, y el tercero Calvià, en Mallorca, que alcanzó los 5.107 euros. Comprar una vivienda en Santa Eulària des Riu, que cada año lidera los listados de municipios con los inmuebles más caros, puede llegar a costar casi 10 veces más que adquirir una vivienda en las localidades que se encuentran a la cola de los precios, como Puertollano en Ciudad Real.

La historia de José con la vivienda es la de muchos ibicencos y residentes que han sido desterrados de sus hogares por la locura inmobiliaria. En 2019 decidió trasladarse a Mallorca, isla a la que sus padres se habían mudado dos años antes, harto de tener que estar cambiando constantemente de casa y de enfrentarse a subidas del precio del alquiler. “La idea era que en Mallorca teníamos cierta red de seguridad y nos mudamos para vivir con mis padres unos años e intentar ahorrar algo para ver si podíamos comprar en un futuro” explica. Él dejó su plaza de funcionario interino en el Consell de Ibiza y su mujer pidió el traslado como profesora a otro centro educativo. Ambos volvieron a empezar de nuevo.

Sin embargo, tras dejar atrás el lugar en el que había crecido y en el que tenía a todas sus amistades, a José le comenzó a rondar la idea de regresar a Ibiza y en 2024 tomó la decisión de volver a vivir en la isla porque echaba de menos el lugar del que se tuvo que ir sin quererlo. En abril de 2025 se publicaron las oposiciones para auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Santa Eulària y decidió prepararse para el puesto mientras trabajaba como administrativo interino en el Ayuntamiento mallorquín de Llucmajor. “Quedé el primero de 60 personas que se presentaron, es la primera plaza en propiedad que he conseguido” explica con orgullo.

Una felicidad que se tornó en decepción cuando comenzó a buscar un lugar en el que vivir, teniendo siempre en la cabeza que las posibilidades de conseguir una vivienda “son una locura”. Empezó sondeando a los grupos de amigos y conocidos, pero no, nadie tenía nada disponible. Siguió con los grupos de Telegram para trabajadores desplazados, también en los de funcionarios y profesores a los que algunos caseros alquilan exclusivamente porque saben que podrán disponer de los pisos en verano para rentabilizarlos en el mercado del alquiler turístico. Nada. “Encontré habitaciones en pisos compartidos por 800 euros y a eso le tienes que sumar todos los gastos, el sueldo no da para tanto”.

En una búsqueda rápida en los principales portales inmobiliarios, como Idealista, la primera vivienda que se alquila para todo el año en la localidad ibicenca es un bajo de 30 metros cuadrados que cuesta 1.100 euros al mes, a los que hay que sumar otros 320 euros mensuales de gastos de luz, agua y wifi. El siguiente es un piso de 50 metros cuadrados que se oferta por 1.350 euros al mes, entre decenas de anuncios de apartamentos que se arriendan en la modalidad de temporada y que no permiten a alguien que se quiera establecer de forma definitiva vivir todo el año. Los precios de las habitaciones en los grupos de Telegram tampoco invitan al optimismo y no bajan de los 500 euros, con el hándicap de que muchas de ellas no se alquilan ni siquiera durante todo el año.

Aun así, José no perdió la esperanza y compró el billete de barco con plaza para su coche cuando le convocaron para tomar posesión del puesto a principios del mes de diciembre. “Estuve mirando, y mirando, y fue todo demencial”, lamenta. Con el único plan alternativo de vivir en su coche y después de todo el esfuerzo de los meses anteriores, José tuvo que llamar al Consistorio apenas 48 horas antes de tomar posesión de su plaza para comunicar que debía renunciar a ella. Como él, al menos otras seis personas han renunciado a tomar posesión de sus puestos y aunque José no sabe los motivos, sospecha que hay más opositores que han tenido que rechazar su plaza de funcionario ante la imposibilidad de encontrar unas condiciones dignas para vivir.

A corto plazo, José no tiene pensado volver a Ibiza y ha comenzado a prepararse para consolidar su plaza de interino en Mallorca. “Ha sido muy frustrante, era mi primera plaza en propiedad. Quedas el primero en tu tierra, a la que quieres volver y no puedes y tienes que renunciar a todo eso porque la isla está presa de una fiebre de codicia absoluta y te toca pagar las consecuencias, da igual lo ibicenco que seas, da igual lo nativo que seas, eso no se tiene en cuenta”. Y es que para José, el verdadero problema no es político, sino social, de aquellos que “han heredado cuatro piedras que hace 80 años no valían nada” y que han sucumbido a la “avaricia” mientras echan la culpa a la clase política. “A los ibicencos, todo esto les va a salir caro”, vaticina.

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