Consumo investiga a los portales inmobiliarios por ofrecer alquileres por encima de la ley en zonas tensionadas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación contra los grandes portales inmobiliarios por ofrecer pisos de alquiler en zonas tensionadas por encima de los precios establecidos por ley, en el caso de los grandes tenedores, o que no incluyan en el anuncio cuál era el precio del último contrato, para los particulares. Según ha podido saber EL PAÍS, el departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha iniciado la indagación después de que detectara algunas actuaciones que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta de vivienda en zonas declaradas oficialmente como tensionadas. Según el ministerio, estas prácticas podrían ser infracciones de la normativa de consumo al ser “desleales por engañosas”.

Hasta ahora la ley de vivienda obligaba a proporcionar dicha información antes de la firma del contrato, pero la nueva norma también obliga a que esta aparezca en los anuncios. Una información que se estaría ocultando en ciertos casos. Por su parte, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en el Congreso el pasado 11 de diciembre, y publicada en el BOE el 27 de ese mes, obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios online de viviendas en zonas tensionadas de forma “clara y accesible” la información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada.

Consumo reconoce que los diferentes portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias fueron informados por carta por el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, el pasado 29 de diciembre, sobre los cambios legislativos que afectan a los anuncios online y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario. En esa misiva también les advertía de que su incumplimiento podría ser considerado “una práctica desleal por engañosa”.

Además de las imposiciones anteriores en los anuncios, la Ley por el derecho a la vivienda, aprobada en mayo de 2023, establece ciertos cortafuegos para tratar de enfriar el incremento de los precios en las zonas tensionadas que se declaren como tales. El primero de ellos acota los porcentajes de subida que pueden aplicar los caseros en el momento de la renovación de acuerdo con el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este índice sustituye al IPC, que tradicionalmente había sido la referencia, pero que desde hace dos años ha dejado de servir como termómetro.

Más intervenciones

Otra de las intervenciones que permite la ley en aquellas zonas declaradas como tensionadas es la de fijar un rango de precios a los que puede ponerse en alquiler una vivienda. Esta horquilla la ofrece el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, conocido, por sus siglas, como SERPAVI. A diferencia del anterior, no se trata de un único índice, sino de un sistema de cálculo estadístico que genera un rango de valores de alquiler para cada vivienda en función de múltiples variables.

El Ministerio de Consumo mantiene una monitorización activa del mercado de la vivienda, y no es la primera vez que sanciona a empresas del sector que, a su juicio, vulneran la ley. A esta última investigación, focalizada ahora en los portales inmobiliarios, se suman otras actuaciones recientes, como la multa de 64 millones de euros que le interpuso en diciembre del año pasado a la empresa Airbnb por anunciar pisos turísticos sin licencia; o la sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro, también anunciada en el mismo mes, por vulnerar los derechos de los consumidores. En este caso, la compañía presentó y está pendiente que se dé una resolución definitiva, previsiblemente a lo largo del primer trimestre de este año.

El anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un real decreto que incluirá una bonificación del 100% del IRPF en las rentas obtenidas con sus alquileres de aquellos caseros que decidan no subir los precios también ha provocado una airada respuesta del departamento de Bustinduy, que la ha calificado de “ineficaz” y ha alertado de que contribuye a agrandar la brecha salarial entre propietarios e inquilinos.