Bruselas exige a las empresas que eviten los vuelos por motivos laborales y pide a los Estados que bajen el precio del tren

Más teletrabajo, menos vuelos y más transporte público. La Comisión Europea perfila su batería de medidas para paliar los efectos en la factura energética y en el suministro de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha extendido por Oriente Próximo. Ante la subida de precios, pero también ante los problemas de abastecimiento, Bruselas pone gran parte del foco de sus iniciativas urgentes en el transporte y exige a las empresas que eviten los viajes aéreos por motivos laborales, siempre que sea posible; y que se minimicen los trayectos aéreos para los empleados del sector público, según un borrador del plan de Acción Energética, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La nueva estrategia, que presentará la próxima semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pide a los Estados que pongan en marcha subvenciones en el precio de los billetes de tren y lancen medidas para incentivar a los trabajadores a desplazarse al trabajo en transporte público. Bruselas, que ha trazado un plan enfocado en varios sectores ―la industria y las empresas, el transporte y los hogares— busca promover alternativas al viaje en coche y apoyar los vehículos eléctricos e inteligentes.

“La movilidad eléctrica y la expansión del transporte público ofrecen un alivio inmediato, ya que cada kilómetro recorrido en un coche eléctrico cuesta significativamente menos que en un coche de gasolina a los precios actuales del petróleo”, señala el borrador del plan de acción que apuntalan ahora los técnicos del Ejecutivo comunitario y que todavía puede modificarse. El conflicto desatado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que ha derivado en el cierre del estrecho de Ormuz —por donde transitaba el 20% del petróleo y gas para comercio mundial—, ha costado más de 22.000 millones de euros adicionales a los europeos en importaciones fósiles, según datos de la Comisión Europea.

Y ante la incertidumbre por unas negociaciones entre Teherán y Washington que aún no se sabe si progresarán, Bruselas cree que hay que actuar ya. Los líderes de los 27 Estados miembros encargaron a Von der Leyen hace tres semanas que plantease un plan de respuesta para evitar la crisis. Y eso es lo que la Comisión Europea propone ahora. “Hemos intentado extraer las lecciones de la crisis anterior. Qué es lo que ha sido más eficaz. No podemos permitirnos ir demasiado lejos y descubrir más tarde que no podemos ir más allá”, defendió este miércoles en Bruselas la vicepresidenta europea Teresa Ribera. “La Agencia Internacional de la energía ofrece datos reveladores de destrucción de capacidad de producción de gas, petróleo, combustible de aviación, químicos. La recomendación de moderación es util”, añadió.

De hecho, los aeropuertos europeos ya han alertado de que habrá escasez de combustible en un par de semanas si no se reabre el estrecho de Ormuz, ya que el 40% del fuel que consumen las aerolíneas en Europa procede de Oriente Próximo.

Bicis compartidas

Bruselas —que también ha incluido como una de sus medidas que las empresas pongan en marcha al menos un día a la semana de trabajo obligatorio, en la medida de lo posible, como adelantó EL PAÍS— habla de promover el apoyo público a los sistemas de bicicletas compartidas y otras soluciones de micromovilidad, de desarrollar y ampliar zonas libres de coches y organizar días sin coches en las ciudades. También reclama que se creen carriles exclusivos, estacionamiento y peajes reducidos para vehículos de alta ocupación.

En el documento que enviará a los Estados miembros, la Comisión recuerda que hay recursos económicos disponibles a nivel europeo para ayudar a paliar los efectos de la guerra de Irán, entre ellos, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (184.000 millones de euros) y los fondos de la Política de Cohesión (38.000 millones de euros ). Bruselas estima que se necesitan unos 660.000 millones de euros de inversión anual hasta 2030. Y señala que los inversores institucionales gestionan más de 12 billones de euros en Europa, un enorme ahorro que permanece en gran medida sin explotar para proyectos de transición energética.

Para apuntalar la transición hacia las energías renovables y también hacia una reducción cada vez mayor de los combustibles fósiles, que han demostrado su vulnerabilidad en esta crisis, Bruselas reclama que se lancen medidas públicas para apoyar la compra de vehículos eléctricos y más eficientes, y que se acelere el despliegue de infraestructuras de recarga de acceso público, que aún es una asignatura pendiente en muchos Estados miembros. Además, señala que hay que incrementar la incorporación de vehículos eléctricos en las flotas de transporte público.

El ejecutivo comunitario recoge en el borrador del plan varios ejemplos de buenas prácticas de Estados miembros, que se pueden exportar a otros. Como la iniciativa de España de reducir los precios de los billetes de transporte público en al menos un 30%, que llega hasta el 100% en algunas regiones. O la medida que ha puesto en marcha Francia: subvenciones a gran escala para bombas de calor, energía geotérmica y solar; también, un “fondo de calefacción” de 500 millones de euros para que la industria abandone los combustibles fósiles.

Impuestos

La Comisión Europea quiere reducir el consumo de combustibles fósiles. No solo por una cuestión ambiental, sino sobre todo por una cuestión estratégica y de seguridad. Así, plantea bajar impuestos a la electricidad para bajar el consumo de fuentes no renovables. En la estrategia, de hecho, Bruselas habla de la modificación de la Directiva sobre la fiscalidad de los productos energéticos y la electricidad para garantizar que la luz se grave con un tipo impositivo inferior al de los combustibles fósiles.

“En 2024, los cargos de red representaron el 27% de la factura eléctrica para los hogares y el 21% para las empresas”, dice el borrador del plan. “Los impuestos y tasas sobre la electricidad supusieron otro 24% del precio para los hogares y el 16% para las empresas. La introducción de normas armonizadas para reducir estos factores de coste tendrá un impacto significativo en la asequibilidad y la competitividad”, señala el documento, que acompaña a una comunicación específica sobre la flexiblización de las ayudas de Estado por la guerra de Irán.

Bruselas también abre la puerta a dar más flexibilidad para que los Estados miembros apliquen una tributación eléctrica de tipo cero a las industrias con alto consumo energético.

El Gobierno de España está muy alineado con los planteamientos que ahora pone sobre la mesa el Ejecutivo comunitario. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, avanzar en la electrificación para reducir la dependencia de los combustibles fósiles se ha convertido en un mantra que persigue reforzar la soberanía energética. De forma más concreta, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha expresado la necesidad de avanzar en la implantación de las energías limpias y la electrificación de la economía como fuente de autonomía estratégica. Incluso llegó a plantear una reforma para pasar costes de la factura eléctrica a los carburantes, aunque finalmente no salió adelante por falta de apoyo parlamentario.

En el paquete de medidas aprobado en marzo como respuesta a la actual crisis energética se proponen medidas de aceleración de las renovables y ayudas concretas a la industria para reducir el coste de su suministro eléctrico, entre otras. Este mismo año, el departamento competente en materia energética ha planteado el marco regulatorio para implantar renovables en el mar. Y esta misma semana, este periódico avanzaba cuatro consultas públicas que, de nuevo, buscan introducir más infraestructuras de energías limpias, entre las que destacan propuestas para el biometano, que aspira a reducir un 10% el consumo de gas procedente del exterior.

En el plan de respuesta a la crisis, con un coste de más de 5.000 millones de euros hasta junio, el Gobierno también puso en marcha la rebaja generalizada del IVA al 10% en la electricidad, el gas natural y otros combustibles, así como la reducción del impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y la suspensión temporal del impuesto a la producción eléctrica. En el caso de los carburantes, el Ejecutivo también impulsó una bajada del IVA al 10% y una reducción del impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea, lo que ha permitido abaratar parcialmente la gasolina y el diésel. Además, se ha establecido una ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, destinada a sectores como el transporte o la agricultura, con el fin de mitigar el incremento de costes operativos. Algunas de estas medidas están pensadas para actuar en el corto plazo y chocan directamente con la filosofía de la descarbonización, pero otras encajan con el horizonte planteado por el Gobierno para reducir la dependencia hacia los combustibles fósiles.