Hacienda destapa una macrotrama de 38 sociedades que defraudó 300 millones en el IVA de hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional y que contaba con una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024, según ha informado el organismo en un comunicado este viernes. La Operación Pamplinas Stars, como ha sido bautizada, ha contado con la participación de 160 funcionarios del organismo dependiente de Hacienda y ha logrado incautar 42 inmuebles, 82 vehículos, dos embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un gran volumen de efectivo, dos obras de arte y 64 relojes, bolsos y artículo de lujo, así como 180 kilos de oro, plata y otros metales de alto valor económico. Se trata, según la Agencia Tributaria, de “una de las dos mayores tramas de hidrocarburos desarticuladas hasta la fecha”.

Además, han sido detenidas cinco personas a raíz de 18 registros, que se han realizado en 12 localidades de siete provincias distintas. A los arrestados se les considera responsables de organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación arrancó a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comenzó a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023. En esa fecha, detalla la nota difundida a los medios, aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades que están dadas de alta en el Registro de extractores de hidrocarburos (Redef) tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información. Siguiendo las normas anteriores, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.

Así, el operador mayorista al que se comenzó a investigar en 2024, basaba su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de este gravamen soportado muy superiores a las reales. En la investigación de la Agencia Tributaria, se puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.

De este modo, el esquema permitía al operador ingresar en Hacienda una cantidad de IVA muy inferior a la que realmente cobraba a sus clientes, o incluso solicitar devoluciones indebidas, generando un perjuicio millonario a las arcas públicas. El beneficio ilícito se obtenía al repercutir el IVA en las ventas finales sin ingresarlo posteriormente en la Agencia Tributaria.

Con estos datos, la Agencia Tributaria dio de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024. Sin embargo, la actividad defraudatoria continuó realizándose con una segunda operadora, que comenzó a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024. En apenas un mes, también se le dio de baja en el registro, pero antes habría defraudado, según los investigadores, unos 123 millones de euros.

Finalmente, a mediados de diciembre de 2024 arrancó la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta, la Agencia Tributaria también la dio de baja en el Redef.

Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continuaron las investigaciones. Estas han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una vasta y compleja estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas (es decir, lo cobraban al cliente final, pero luego no ingresaban a Hacienda), y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad. Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, al objeto de dar continuidad a la defraudación.

Estas empresas instrumentales actuaban como intermediarias ficticias, dificultando la trazabilidad real de las operaciones y permitiendo fragmentar las obligaciones fiscales, de manera que el IVA repercutido al cliente final quedaba diluido entre sociedades sin capacidad real para responder ante la Hacienda pública.

El organismo dependiente de Hacienda señala que esta mecánica permitía un rápido aumento de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional, de forma que el impacto del fraude se concentraba en un escaso margen de tiempo.