Juristas y expertos advierten de los resquicios legales que dificultan la persecución del fraude de los hidrocarburos
La norma que endurece los requisitos a los operadores del sector sale de consulta pública. Los proveedores más pequeños temen que reduzca la competencia

La ley para frenar el fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos da un pasito más, aunque con lentitud. Este miércoles ha finalizado el plazo de consulta pública abierto por el Ministerio de Hacienda para presentar observaciones sobre el desarrollo de la norma, aprobada en diciembre. El cambio legislativo endurece los requisitos para que los operadores puedan intervenir en un mercado que se ha convertido en terreno fértil para las estafas fiscales, difíciles de perseguir por la complejidad de las redes que las articulan y por la misma naturaleza del delito.
Así lo han subrayado personalidades destacadas del mundo jurídico en una jornada dedicada al fraude sobre hidrocarburos, en la que han recordado que “no existe un delito específico” para perseguir los crímenes fiscales en este sector y que hay dificultades probatorias debido a la misma “estructura defraudatoria” de las tramas, cuya erradicación es prioritaria para la Agencia Tributaria. “Continuará la lucha contra el fraude organizado y, en particular, todo lo relacionado con las tramas de fraude del IVA, realizando un especial seguimiento y control a los obligados tributarios del sector de hidrocarburos”, señala en su plan de control tributario y aduanero.
Las artimañas de los defraudadores que operan en el mundo de los hidrocarburos, que han irrumpido con fuerza en la actualidad tanto económica como política, se materializan bajo distintas formas, desde solicitudes de aplazamientos en el pago del IVA a declaraciones y facturas falsas. La técnica más sangrante, sin embargo, gira en torno al IVA repercutido y no ingresado en las transacciones intracomunitarias, un método sencillo y complejo a la vez para evadir impuestos.
Los operadores compran carburante en otro país en una transacción exenta de IVA, puesto que las importaciones y exportaciones intracomunitarias tienen que ser neutras para evitar distorsiones. El combustible se almacena en los llamados depósitos fiscales, donde la operación sigue exenta del impuesto. Al salir de ahí, empiezan las triquiñuelas: los mayoristas revenden el producto incorporando el IVA, pero cuando llega la hora de abonarlo, al final del proceso de venta, ya han desaparecido o se han declarado insolventes. Muchas veces intervienen decenas de sociedades pantalla en el tránsito desde el depósito fiscal hasta el cliente final, que engordan el monto defraudado entre IVA no ingresado y deducciones indebidas.
Las fuentes jurídicas presentes en el encuentro han planteado que se solicite a la Comisión Europa la inversión del sujeto pasivo en el IVA —un impuesto comunitario—, una excepción prevista para algunos sectores con alto riesgo de fraude como los productos electrónicos de alto valor o los residuos y la chatarra. Ese cambio implicaría que la obligación de declarar y repercutir el IVA pase de quien vende a quien compra, para que el impuesto nunca llegue al proveedor, un esquema que ya emplean países como Polonia.
El cambio impulsado por el Gobierno para erradicar los beneficios ilícitos en el sector va en otra dirección, y se inspira en el modelo en vigor en Italia. Este endurece los requisitos para ser operadores mayoristas en el sector: las sociedades que son solventes, están al corriente con sus pagos y tienen un nivel mínimo de actividad pueden solicitar un certificado para que Hacienda les considere “operadores de confianza” a efectos del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), un listado oficial de empresas autorizadas creado en 2023 para limitar el fraude en el sector.
En ese caso, el IVA se abonará cuando el carburante salga del depósito fiscal y llegue al final de la cadena. Los proveedores que no cuenten con el sello de confianza deben pagar el IVA de forma anticipada, cuando el combustible siga en el depósito fiscal o, en alternativa, presentar un aval de instituciones bancarias y financieras acreditadas en la UE que cubra el 110% de la cuota impuesto correspondiente a las operaciones de los dos meses anteriores.
Los mayoristas más pequeños lamentan que esta vuelta de tuerca les afecta directamente y restringe la competencia en el sector. “Toda esta batalla nos va a conducir a que la legislación nos saca del mercado”, ha lamentado el consejero delegado de una empresa mayorista en el campo de los hidrocarburos.
No hay un recuento oficial sobre cuánto dinero se escapa cada año a causa de estos fraudes. Algunos cálculos sectoriales cifran el agujero en más de 1.000 millones por ejercicio, una cifra que la Agencia Tributaria no confirma, puesto que solo analiza operación por operación y muchas veces las cuotas defraudadas se distribuyen a lo largo de varios ejercicios —en febrero, por ejemplo, se destapó una trama de 184 millones defraudados entre 2021, 2022 y 2023—. El organismo, sin embargo, reconoce que en 2024 puede haber habido un repunte, puesto que el año pasado ya se restringió la compraventa de productos petrolíferos.
Un efecto de esta modificación se ha plasmado en la última lista de grandes morosos con Hacienda, publicada la semana pasada y que hace referencia a las deudas acumuladas a cierre de 2024. Varias empresas vinculadas al sector de los hidrocarburos, con deudas millonarias, se encuentran en los primeros puestos del fichero, habitualmente copados por gigantes del ladrillo que se vinieron abajo al pinchar la burbuja inmobiliaria. Algunas de ellas son Metaway Combustibles, que adeuda al fisco 195,7 millones de euros, Vertix Petroleum (194,7 millones) o Marillion SLU (156,8 millones).
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