Hacienda obligará a las distribuidoras a pagar el IVA por adelantado para evitar el fraude de los carburantes

El Gobierno ha dado los primeros pasos para crear un marco que consiga atajar el multimillonario fraude del IVA en el sector de los carburantes, un problema que lleva años lastrando la recaudación pública y desvirtuando la competencia del mercado en España. En diciembre, el Ejecutivo y sus socios aprobaron en el Congreso una iniciativa para corregir aspectos técnicos que permitan combatir este tipo de tramas. Ahora, el Ministerio de Hacienda ha elevado a consulta e información pública el desarrollo legal del plan, al que se podrán presentar observaciones hasta el 3 de julio. El eje central de las medidas se basa en dos mecanismos: el pago anticipado del IVA a la Agencia Tributaria mediante un nuevo modelo de declaración o la exigencia de avales por el 110% del impuesto correspondiente para las empresas que no puedan adelantar el dinero.

El objetivo de estas disposiciones es blindar el momento más delicado del proceso que rodea a la comercialización de la gasolina o el diésel: la salida del carburante desde los depósitos fiscales, donde se almacena sin tener que pagar impuestos. Con todo, Hacienda contempla una vía de escape para ciertas distribuidoras: podrán librarse de estas exigencias quienes tengan reconocida la condición de “operador confiable” o sean operadores económicos autorizados, figuras que eximirán tanto de anticipar el impuesto como de depositar una garantía.

El fraude en este sector se basa en la utilización de empresas ficticias, que habitualmente cuentan con sociedades interpuestas, para comprar combustible a precios sin IVA dentro del mercado intracomunitario. Ese combustible se vende después con IVA dentro de España, pero las empresas desaparecen o se declaran en insolvencia antes de que Hacienda pueda reclamar el ingreso del impuesto, que tradicionalmente suele hacerse una vez que el proceso de venta ha terminado. Es decir, los defraudadores consiguen desaparecer con el importe asociado a la cuantía total del IVA.

En este mecanismo participan redes de sociedades de corta vida, gestionadas por testaferros, que aprovechan los vacíos legales del régimen fiscal de los hidrocarburos, especialmente en el tránsito del producto desde los depósitos fiscales hasta el cliente final, como por ejemplo una gasolinera.

Estas prácticas defraudan cientos de millones de euros al año y han sido documentadas por la Agencia Tributaria en incontables ocasiones. Cálculos sectoriales sitúan el impacto en torno a los 1.200 millones por ejercicio. Uno de los ejemplos más sonados en los últimos meses fue el que llevó a prisión el pasado octubre al presunto comisionista del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, por un importe de 182 millones. El fraude no solo evita el ingreso del IVA a Hacienda, sino también otras obligaciones como la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o la obligación de incorporar biocarburantes en la mezcla. Es decir, además del agujero para el erario público, este tipo de estafa genera una competencia desleal feroz, ya que permite vender carburantes a precios anormalmente bajos, expulsando a otros operadores legales del mercado.

Para contrarrestar esto, Hacienda ha propuesto esta semana la creación del modelo 319, que obliga a las distribuidoras a realizar un pago a cuenta ―es decir, por adelantado― del IVA antes de extraer los productos del depósito fiscal. Este procedimiento aplica a las entregas de carburantes que salen del régimen de depósito distinto del aduanero y se destinen a operaciones sujetas y no exentas de IVA.

El pago deberá realizarse en el momento de presentar el modelo, es decir, antes de que los productos abandonen la instalación. La medida afecta tanto al último depositante como al titular del almacén, siempre que sea también propietario del producto, y se dirige específicamente a carburantes destinados a motores.

Los planes de Hacienda, no obstante, contemplan también una alternativa al pago anticipado: un aval ante la Agencia Tributaria que debe estar respaldado por entidades de crédito o instituciones financieras debidamente acreditadas en la Unión Europea. No será una garantía del importe a ingresar, sino que deberá cubrir el 110% del IVA correspondiente a las operaciones de los dos meses anteriores. Si no hay actividad previa, se fija un mínimo de tres millones de euros.

Quiénes son los operadores de fiar

La figura del “operador confiable” que contempla Hacienda se rige como la única excepción del nuevo esquema de control. Solo quienes obtengan esta condición, que requiere cumplir con una serie de requisitos y estar inscritos en un registro especial, estarán exentos tanto del pago anticipado como de la presentación de avales.

El procedimiento para obtener esta calificación está regulado en uno de los tres proyectos publicados. Se requiere, entre otras cosas, estar inscrito como extractor de depósitos fiscales en el registro establecido para ello y demostrar un volumen mínimo de operaciones. En concreto, tener un volumen de extracciones durante el año natural anterior de, al menos, 1.000 millones de litros de gasolinas, gasóleos y biocarburantes destinados a ser usados como carburantes.

El reconocimiento de la condición de operador confiable no es automático: debe solicitarse expresamente a la administración tributaria competente, y está sujeta a comprobaciones. Además, puede revocarse en caso de incumplimiento de los requisitos.