El juez cita como testigos a los exjefes de gabinete de Maroto y Ribera en el ‘caso hidrocarburos’

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado a declarar como testigos en el caso hidrocarburos a dos antiguos altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de Marc Pons Pons, quien fuera jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, y de Juan Ignacio Díaz Bidart, que ocupaba el mismo cargo en el departamento de Industria cuando lo dirigía Reyes Maroto, en la actualidad concejala en el Ayuntamiento de Madrid, según se detalla en una providencia del magistrado a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El juez también quiere tomar declaración a Manuel Hernández García (en su resolución, Pedraz cambia el orden de los apellidos), quien ocupa en el Ministerio de Transición Ecológica el puesto de director general de Política Energética y Minas desde 2020.

La citación se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras incorporarse a la causa recientemente un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de fraude del IVA en hidrocarburos que presuntamente encabezaban el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas. Este documento apuntaba que esta red llegó a “destinar” un millón de euros a “comprar la voluntad” de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y otros cargos públicos. En el informe se detallaba que la supuesta mediación del exdirigente socialista y del que fuera su asesor, Koldo García ―ambos en prisión provisional por otra causa de corrupción― facilitó que los miembros de la trama mantuvieran con altos cargos del Gobierno diversas reuniones para intentar facilitar la tramitación del expediente administrativo de concesión del título de operador de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL, epicentro del supuesto fraude.

Pons, Díaz Bidart y Hernández García ―los dos primeros deben acudir a la Audiencia Nacional el próximo 28 de enero y el tercero, al día siguiente― no serán las únicas personas que deban comparecer ante el magistrado por el contenido del documento policial. También el 28 de enero deberá comparecer Rivas, aunque en este caso como imputado. Al día siguiente será el turno de Aldama, también como investigado; y del empresario Manuel Sallés, este como testigo, quien figura imputado en otra causa abierta también por un supuesto fraude hidrocarburos. El 30 de enero ha sido citada Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid; su hija Leonor González Pano (ambas como imputadas) y Álvaro Gallego García, quien aparece supuestamente relacionado con la retirada de 108.500 euros en efectivo en diciembre de 2020 de la cuenta de una de las empresas de la trama y que comparecerá como testigo.

El informe de la UCO, al que se remite Anticorrupción en su escrito, señalaba que Claudio Rivas, “máximo dirigente de la organización criminal” pidió a Aldama que intermediara “con el propósito de obtener la influencia” de Ábalos para que este “incidiera en los órganos ministeriales correspondientes con el fin de agilizar la concesión de la autorización [para poder operar en el mercado de hidrocarburos] y soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, a cambio de una contraprestación económica”.

El informe policial aseguraba que esa influencia fue canalizada a través de Koldo García,, quien mantuvo contactos directos con distintos responsables ministeriales con el consentimiento del exministro. Entre ellos con Díaz Bidart y Pons, los ahora citados como testigos. La UCO añadía que Aldama intermedió, por su parte, con García Hernández, al que la Guardia Civil lo señaló tras recuperar mensajes borrados de uno de los móviles intervenidos a Aldama. Esos mensajes aparecían intercambiados con una persona identificada como “Manuel García Maroto”. “Se considera que podría corresponderse con un error, considerando plausible que la identidad del contacto se correspondiera con el director general de Política Energética y Minas”, apuntaban los agentes en su informe. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que García Hernández nunca ha hablado ni mantenido contacto alguno con Aldama.

Según detalla Anticorrupción en su escrito, las gestiones de García “ante distintas instancias ministeriales se materializaron” en varias reuniones. Tres de ellas con Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de Maroto. La primera “de forma informal” tuvo lugar el 21 de diciembre de 2020. Las dos siguiente se celebraron en la sede del Ministerio de Industria los días 28 de diciembre de ese mismo año y el 13 de enero de 2021. Con Pons, jefe de gabinete Ribera, las reuniones tuvieron supuestamente lugar los días 8 de abril y 8 de julio de 2021. Por su parte, la Guardia Civil atribuye un contacto de Aldama con el director general de Política Energética y Minas el 12 de marzo de 2021. Desde Transición Ecológica se insiste en negar tajantemente cualquier contacto o reunión con presuntos miembros de la trama.