Los riesgos laborales de tres de cada diez empleadas de hogar siguen pendientes de evaluar pese a la obligatoriedad

Las 378.000 trabajadoras de hogar de España tienen derecho a que sus riesgos laborales sean evaluados, pero hay unas 110.000 con las que sus empleadores aún no han cumplido. Es decir, en el 71% de los casos los hogares sí han satisfecho esta exigencia normativa, obligatoria desde el 14 de noviembre, pero hay un 29% restante que sigue en la misma situación que antes de que el Ministerio de Trabajo desplegase esta nueva política. El departamento de Yolanda Díaz indica que está evaluando estos resultados y que tomará medidas “para que todas las empleadas estén protegidas y la norma se cumpla en todos los hogares”

Trabajo habilitó en mayo una herramienta en línea gratuita con la que los hogares pueden cumplimentar la evaluación de riesgos laborales de estas trabajadoras. EL PAÍS pidió al ministerio los datos de evaluaciones emitidas con esta web, prevencion10.es. El departamento de Díaz no proporcionó inmediatamente los datos, pero sí lo ha hecho tras cursar este periódico una solicitud mediante el portal de la transparencia.

Según los datos provistos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (parte del ministerio y organismo del que depende prevencion10.es), hasta el 30 de noviembre se han emitido 268.639 evaluaciones de riesgos. Los datos de la Seguridad Social indican que en noviembre hubo 378.729 personas afiladas que se dedicaban esta actividad (342.369 en el sistema especial del empleo en el hogar y 36.360 en el régimen general), así que el desfase es de 110.090 evaluaciones sin hacer. Muchas otras trabajan en situación irregular y no están afiliadas a la Seguridad Social.

El cruce de datos exige algunas matizaciones. A priori, se podría argumentar que el dato de la Seguridad Social no mide personas como tal, sino afiliaciones. Así, una empleada de hogar con tres contratos cuenta como tres afiliaciones, un fenómeno que además es más habitual en este sector tan precario que en otros más estables. Sin embargo, la obligatoriedad de la evaluación exige un análisis de riesgos para cada empleada en cada hogar que trabaje. Es decir, una trabajadora de hogar pluriempleada en tres hogares debe tener tres evaluaciones distintas, que diagnostiquen los riesgos específicos de cada vivienda. Por ello, debería haber tantas evaluaciones como afiliaciones.

Otro posible argumento contra este cruce datos es que algunos empleadores podrían haber optado por evaluar los riesgos mediante servicios de prevención ajenos (empresas especializadas), en vez de utilizar la herramienta prevencion10.es. Sin embargo, los especialistas consultados por este periódico descartan esta posibilidad, al considerar muy improbable que sea representativo el volumen de personas que hayan optado por esta opción con coste económico cuando la herramienta que puso Trabajo es gratis.

El sector más feminizado

Con esta nueva política, el departamento de Yolanda Díaz busca proteger mejor al colectivo profesional más feminizado de la economía (el 93% son mujeres), con más presencia de extranjeros y de doble nacionalidad (66%, frente a la media en EPA del 20%), con la peor retribución (1.138 euros brutos al mes, menos de la mitad que la media) y la jornada pactada más larga (39,9 horas a la semana, hora y media más que el promedio).

Trabajo destaca que “un 70% de los empleadores y empleadoras ya han cumplimentado la evaluación” y que ello les permite “estar razonablemente satisfechos de la implantación de la herramienta en este momento inicial, al ser un nuevo derecho de las personas trabajadoras en el hogar”. El volumen de evaluaciones conduce a Trabajo a considerar que hay “una gran implicación” de las familias. “No obstante”, continúa el ministerio, “estamos evaluando estos resultados e iremos tomando las medidas oportunas para que todas las empleadas estén protegidas y la norma se cumpla en todos los hogares”.

Entre las medidas para que los riesgos laborales no evaluados sí sean analizados, tanto los sindicatos como la patronal insisten en la necesidad de una mejor comunicación por parte del ministerio. Ana Garrido, presidenta de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD), cree que los datos muestran que “muchísimas personas han hecho las evaluaciones”, pero que a otra parte sustancial “no les ha debido llegar la información” sobre la obligatoriedad.

“No ha habido suficiente comunicación por parte del ministerio para las familias. En otras áreas se hace, como en las campañas de la declaración de la renta. El Gobierno se debería esforzar más en este sentido”, agrega la jefa patronal. Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, cree que hay “muchas personas mayores” que quizá no se han enterado de la obligatoriedad, por lo que reclama un refuerzo informativo del Gobierno.

“Necesitamos más campañas informativas”, insiste el secretario confederal de Salud Laboral de CC OO, Mariano Sanz, pero a la vez pide que la Inspección se ponga en guardia. “Creo que lo mejor sería mandar una comunicación a quienes no hayan cumplido aún con la obligación, que se les dé un cierto plazo para que evalúen, antes de plantear medidas de carácter punitivo. Pero si después siguen sin cumplir, sí se deberían plantear”, añade este especialista.

La no realización de la autoevaluación o no informar a las empleadas de hogar de las medidas preventivas adoptadas puede llegar a ser catalogado como una infracción grave. El castigo más alto que recoge la legislación con esta consideración es de 49.180 euros en su grado máximo. El departamento de Díaz subraya que ese tipo de sanciones solo se darán si hay agravantes. Sin ellos, lo más común, el incumplimiento se consideraría leve y la sanción sería de un máximo de 2.450 euros. La Inspección no puede acceder a los hogares, como pedían muchas empleadas, dada la inviolabilidad del domicilio reconocida en la Constitución. Así, la vía más probable para que se descubra un incumplimiento de la evaluación es que las propias trabajadoras denuncien.

Aunque la herramienta prevencion10.es está disponible desde mayo, el 83% de las evaluaciones fueron emitidas en el mes de noviembre, cuando entraba en vigor la obligatoriedad. La web se cayó en los días previos al 14 de noviembre, problema que el ministerio atribuyó a un ataque informático. La herramienta sigue operativa, hábil tanto para los 110.000 hogares que aún no han cumplimentado esta obligación como para los que contraten ahora a empleadas de hogar.

Incumplimientos del ministerio

Ruiz ve el 29% de empleadas de hogar que aún no están protegidas “dentro de la normalidad”, pero ello no le impide subrayar la importancia de que la brecha se cierre cuanto antes. “Es un diferencial muy importante”, critica Sanz, ante la pregunta directa sobre las 110.000 evaluaciones sin hacer hasta el 30 de noviembre. Ambos creen que en esta cifra influyen varios incumplimientos del propio ministerio.

En marzo, hace ya nueve meses, terminaba el límite que el ministerio se había dado para desarrollar una plataforma formativa en prevención de riesgos para las empleadas de hogar, pero aún no está disponible. También incumple el plazo que se había dado para la elaboración de un protocolo de actuación contra las situaciones de acoso y violencia que sufran estas profesionales y para completar una guía técnica para la prevención de riesgos. Ambos documentos debían estar disponibles en septiembre y no hay rastro de ellos. “Son elementos muy importantes para que esta norma esté completa y funcione correctamente”, agrega el sindicalista de CC OO.

El ministerio reconoce el retraso en la plataforma formativa, señala que la resolución del SEPE que la regula está lista y que el servicio ya está en fase de pruebas, así que estará operativo a principios del año. Respecto al protocolo y la guía técnica, también confirma que aún no están disponibles, pero destaca que su publicación es inminente y subraya la complejidad técnica y de consenso de los mismos.

No ha caído la afiliación

Uno de los temores que expresaba la patronal ante este nuevo derecho de las empleadas de hogar es que podía profundizar en la pérdida de empleo en el sector que se registra en los últimos años. Desde 2019 la afiliación global a la Seguridad Social ha crecido un 12,6%, mientras que la de empleadas de hogar se ha desplomado un 13,9%. En un mercado laboral en expansión, esta actividad retrocede.

El Ministerio de Trabajo cree que una parte de la contracción en el régimen de empleadas de hogar se debe a que algunas ahora trabajan en empresas que prestan estos servicios (lo que las desplaza a otros sectores a nivel estadístico), mientras que distintas asociaciones profesionales observan un repunte de la economía sumergida. En ese análisis coincide la principal patronal del sector: cree que la explicación con más peso es la mejora de condiciones laborales, entre las que subraya el vertiginoso aumento del salario mínimo interprofesional en un sector sin convenios específicos (el SMI ha crecido un 61% desde 2018, hasta 1.184 euros brutos al mes) o el derecho a la prestación por desempleo desde 2022 (que implica un nuevo gasto en cotizaciones para el empleador).

En esa misma lista incluye el nuevo derecho a la evaluación de riesgos laborales. Pero, según los últimos datos disponibles, este nuevo deber de los empleadores no ha tenido un impacto significativo en el volumen de puestos de trabajo. También obtenidos tras una petición a la Seguridad Social mediante el portal de la transparencia, las cifras de afiliación diaria muestran que ni la semana en que entró en vigor la obligatoriedad (el 14 de noviembre) ni en las inmediatamente anteriores o posteriores se dio una contracción significativa de la afiliación de empleadas de hogar. El comportamiento de la afiliación no difiere respecto al año pasado. “Es una muy buena noticia que no se haya destruido empleo, pero la tendencia no es buena. Creo que debería haber más incentivos para que las familias contraten”, finaliza Garrido.