378.000 empleadas de hogar ya pueden exigir una evaluación de riesgos laborales: así se usa prevención10

En España hay 378.000 empleadas de hogar afiliadas a la Seguridad Social. Estas trabajadoras sufren muchísima precariedad: cobran un promedio de 1.014 euros mensuales brutos al mes (menos de la mitad que la media de 2023, 2.273) y su jornada pactada es la más larga por sectores, con 39,9 horas a la semana (hora y media más que el promedio). El Ministerio de Trabajo ya intentó aliviar estas condiciones tan precarias en 2022 otorgándoles un derecho históricamente rechazado, el de las prestaciones por desempleo. Ahora agrega otro más, que también aplica al resto de ocupados y que aún no les aplicaba: la evaluación de los riesgos laborales en su lugar de trabajo, los domicilios. Desde este viernes es exigible a los empleadores que hayan evaluado esos riesgos y que hayan informado a sus trabajadoras de hogar de los mismos y de las medidas preventivas adoptadas, bajo la amenaza de sanciones de Inspección si se incumple este deber de las familias.

Para facilitar este trámite, Trabajo lanzó hace seis meses la herramienta gratuita prevencion10.es. Esta web permite a los empleadores evaluar los riesgos de su domicilio para cumplir con esta nueva obligación, pero en los dos últimos días ha sufrido problemas. Desde el miércoles a mediodía falló ante los intentos de los usuarios de evaluar los riesgos. Se encauzó por la mañana del jueves, con problemas aún puntuales, que el ministerio relacionó inicialmente con un exceso de peticiones. Horas después, a media tarde del jueves, el ministerio informó de que los fallos se debían a un “ataque malicioso”, una serie de bots “automatizados” que habrían sobrecargado “artificialmente” la plataforma.

Según los datos provistos por Trabajo, en las últimas 24 horas se han bloqueado un total de 16.091 IPs (del inglés, Internet Protocol) sospechosas, que han mandado 49,4 millones de transacciones. Es decir, casi 50 millones de intentos de acceso a la plataforma para cumplimentar el cuestionario. Fuentes del ministerio sostienen que ha llegado a haber más de un millón de solicitudes desde alguna de las IPs bloqueadas.

Cuando la herramienta funciona, opera con una dinámica sencilla. Consiste en una declaración responsable en la que el empleador contesta un cuestionario con una serie de preguntas. En este artículo puede consultar cómo completar el proceso paso a paso: al inicio se especifica la dirección y la identidad del empleador, después las tareas de la persona asalariada y en el cuestionario se dan respuestas de “sí” o “no” para precisar las características del hogar. Al terminar se genera un PDF que el empleador no tiene que entregar a ninguna autoridad, basta con dar una copia a la empleada de hogar y tener otra preparada por si Inspección la reclama.

La no realización de la autoevaluación o no informar a las empleadas de hogar de las medidas preventivas adoptadas puede llegar a ser catalogado como una infracción grave por Inspección. El castigo más alto con esta consideración es de 49.180 euros en su grado máximo. El departamento de Díaz subraya que ese tipo de sanciones solo se darán si hay agravantes. Sin ellos, lo más común, el incumplimiento se consideraría leve y la sanción sería de un máximo de 2.450 euros. Inspección no podrá acceder a los domicilios para garantizar el cumplimiento de las medidas, pero sí podrá requerir documentación e investigar en base a denuncias.

Plazos incumplidos por Trabajo

El decreto que regula este nuevo derecho establece otras medidas que el Ministerio de Trabajo no ha cumplimentado en plazo. En marzo, hace ya ocho meses, terminaba el límite que el departamento de Yolanda Díaz se había dado para desarrollar una plataforma formativa en prevención de riesgos para las empleadas de hogar. También incumple el plazo que se había dado para la elaboración de un protocolo de actuación contra las situaciones de acoso y violencia que sufran estas profesionales y para completar una guía técnica para la prevención de riesgos. Ambos documentos debían estar disponibles en septiembre y no hay rastro de ellos.

El ministerio reconoce el retraso en la plataforma formativa, señala que la resolución del SEPE que la regulará está lista y que el servicio estará operativo a principios del año. Respecto al protocolo y la guía técnica, también confirma que aún no están disponibles, pero destaca que su publicación es inminente y subraya la complejidad técnica y de consenso de los mismos.

Además, el Ministerio de Sanidad tiene el compromiso de “promover” la realización gratuita de reconocimientos médicos de estas profesionales e incluir esta posibilidad en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esta promesa no está calendarizada y tampoco está cumplida. Desde el ministerio que dirige Mónica García sostienen que se está trabajando en ello en la Ponencia de Salud laboral.

Tanto UGT como CC OO celebran la puesta en marcha del nuevo derecho de las empleadas de hogar, pero a la vez critican los retrasos en los que ha incurrido Trabajo. “Creemos que hay que ser más serio y cumplir mejor los plazos. Sé que los profesionales del INSST están trabajando en el protocolo y la guía, pero cuando nos comprometemos a algo hay que cumplir o nos encontramos ante expectativas frustradas”, opina el secretario confederal de salud laboral de CC OO, Mariano Sanz. Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, pide a Inspección que no tenga un enfoque “punitivo”. Es decir, que contextualice los posibles incumplimientos de los primeros días antes de embarcarse en posibles sanciones.

Mujeres extranjeras

Este nuevo derecho beneficiará a las empleadas de hogar que cotizan a la Seguridad Social, pero no a los millares de ellas en situación irregular (aunque Inspección podrá reclamar la evaluación para ellas también). Esta actividad es una de las que notifica un mayor desfase entre la estadística de empleo administrativa (la afiliación a la Seguridad Social) y la que se elabora en forma de encuesta (la EPA del INE). La primera registra cotizantes y la segunda el total de ocupadas, incluyendo a los que trabajan fuera de la economía formal. El último dato de cada estadística arroja un total de 378.000 afiliadas (en octubre) y de 539.000 ocupadas (en el tercer trimestre). Esto no quiere decir que todo el desfase corresponda a empleadas irregulares, pero sí ayuda a acercarse a la dimensión de este fenómeno.

En los últimos años se registra una caída de ambas estadísticas, especialmente llamativa en la Encuesta de Población Activa. Según los datos del tercer trimestre de este estudio, es la rama de actividad que más retrocede tanto en términos absolutos (-53.000) como relativos (-8,9%) en el último año. La contracción resulta aún más llamativa al contextualizar respecto al resto del mercado laboral: en el mismo periodo España ha ganado 564.000 ocupados, un avance del 2,6%.

Este sector de condiciones tan precarias es el que registra una la mayor proporción de trabajadores extranjeros y de doble nacionalidad (66%, frente a la media en EPA del 20%) y también la mayor participación de mujeres (el 93%).

¿Por qué cae el número de trabajadoras?

Las especialistas difieren al identificar las causas de este fenómeno, que ha tomado velocidad en los últimos meses. La Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD), la principal patronal del sector, cree que la explicación con más peso es la mejora de condiciones laborales, entre las que subraya el vertiginoso aumento del salario mínimo interprofesional en un sector sin convenios específicos (el SMI ha crecido un 61% desde 2018, hasta 1.184 euros brutos al mes), el derecho a la prestación por desempleo desde 2022 (que implica un nuevo gasto en cotizaciones para el empleador) o la nueva normativa de prevención de riesgos laborales, exigible desde este viernes. Cree que todo ello empuja a algunas familias a prescindir de sus empleadas de hogar o a defraudar a la Seguridad Social, empleándolas en B.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, reclamó recientemente que Inspección actúe ante ese posible incremento del empleo irregular: “Creo que las campañas de sensibilización para advertir a los empleadores de la cobertura que deben dar a las trabajadoras son determinantes y hace tiempo que no se hacen. Hace falta un mayor trabajo inspector, ya que el boca-oreja entre empleadores funciona”.

En un reportaje reciente de este periódico sobre el fenómeno, el Ministerio de Trabajo consideró que una parte de la contracción en el régimen de empleadas de hogar se debe a que algunas de esas empleadas ahora trabajan en empresas que prestan estos servicios. “Se está produciendo, por tanto, un trasvase de afiliación al régimen general”, sostenía el ministerio de Yolanda Díaz.

Otros analistas creen que en esta caída se esconde una mejora del tejido productivo español. “Tiene que ver con la mejora en la calidad del empleo. En el momento en que las personas tienen posibilidades de trabajar en sectores con mejores condiciones, lo hacen”, opinó el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.