La injusticia fiscal contra África

Los impuestos se han convertido en el instrumento clave para afrontar el desafío climático, la crisis de deuda o la financiación de los servicios públicos. La falta de ingresos fiscales se ha hecho cada vez más patente en los países en desarrollo, que sufren el expolio de las grandes corporaciones que no tributan por los beneficios obtenidos en los mismos. La situación es especialmente crítica en África que ante la escasa recaudación tributaria ha tenido que recurrir al endeudamiento. Entre 1990 y la actualidad la deuda pública africana ha pasado de 120 a 1.800 miles de millones de dólares, (102 a 1.536 miles de millones de euros). El coste de financiación de esta deuda absorbe más de la mitad de los ingresos públicos a costa de la salud, la educación y la lucha contra el cambio climático, según explica Marwane Ben Yahmed en Jeune Afrique.

El acuerdo fiscal de la OCDE de 2021, que han firmado 135 países, que perseguía reducir la discriminación contra los países en desarrollo registra un balance muy pobre. El pacto consistía en un doble compromiso. El Pilar 1 que trata de asegurar que las grandes multinacionales paguen más impuestos en los países en que realizan sus ventas está muy retrasado y ningún país lo ha aplicado completamente. El Pilar 2, que estableció un mínimo del 15% a los beneficios de las multinacionales, ha tenido una amplia aplicación en varios países, pero en 2025 ha tropezado con el rechazo de Estados Unidos, que ha logrado un acuerdo en el marco del G7 para que las corporaciones estadounidenses queden exentas de estas obligaciones fiscales.

La ruptura de Estados Unidos al acuerdo de la OCDE, sin embargo, está encontrando una creciente oposición por parte de China y algunos países europeos como Polonia y República Checa, que contestan el trato privilegiado que exige la Administración Trump.

El informe “Estado de la Justicia Fiscal 2025” elaborado por la Red de Justicia Fiscal muestra que durante los últimos seis años las corporaciones multinacionales con sede en EE UU costaron a países de todo el mundo 495.000 millones de dólares (422.000 millones de euros) en pérdidas de impuestos corporativos, lo que representa aproximadamente el 29% del total mundial de 1,7 billones de dólares (1,45 billones de euros) perdidos por el abuso fiscal corporativo global.

Ante las deficiencias del acuerdo de la OCDE, cobra relevancia el convenio fiscal que promueven los países en desarrollo en el marco de la ONU. “Por primera vez, todos los gobiernos se sentaron en la misma mesa de negociaciones para comenzar a dar forma a las normas tributarias globales a través de una convención de la ONU, un hito que tardó un siglo en gestarse”, según la Red de Justicia Fiscal. Las negociaciones fiscales en la ONU en 2026 serán una oportunidad para que la Unión Europea replantee sus relaciones con los países en desarrollo, apueste por la cooperación y recupere su autonomía frente a la arriesgada deriva aislacionista de Estados Unidos.