El Gobierno aprueba un aval para garantizar el cobro de la renta a los propietarios que ofrezcan alquiler asequible

El Gobierno ha aprobado este martes por real decreto un aval que otorga una serie de ventajas a aquellos propietarios que alquilen sus viviendas a menores de 35 años o personas vulnerables. Esa protección se hará realidad siempre y cuando limiten el precio que cobran por la renta, para que esta sea considerada asequible según los estándares marcados por los índices de referencia que cada cierto tiempo publica el Instituto Nacional de Estadística.

Los arrendadores que acepten ese requisito, depositen la fianza, y suscriban el aval usando el modelo adecuado, se asegurarán a cambio que la Administración cubrirá cualquier posible impago del alquiler por parte de los arrendatarios, también en los suministros. Y se hará cargo de los daños que estos causen a la vivienda.

La medida, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado enero, y está inspirada en el modelo francés. Según el Ejecutivo, el objetivo es “facilitar el acceso a la vivienda de determinados colectivos, como los jóvenes y las personas vulnerables”.

Para ello, concede una protección especial a los propietarios, para vencer sus reticencias a alquilar a estos colectivos, que suelen contar con menores niveles de solvencia. Y que ante la elevada demanda, generalmente prefieren a la hora de alquilar sus viviendas a los perfiles con más poder adquisitivo, para disminuir así el riesgo de impago. “Estamos dando un paso más para seguir facilitando el acceso a la vivienda en nuestro país”, ha dicho este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

La cobertura estará gestionada por las comunidades autónomas, que podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran, por lo que la medida todavía está por concretarse. Según ha señalado Vivienda, “en próximas fechas se habilitará una línea presupuestaria” para financiarla; y las comunidades deberán remitir semestralmente información al ministerio sobre las coberturas aplicadas.

Ya existen comunidades autónomas con programas de este tipo en marcha. La administración vasca gestiona actualmente casi 7.400 pisos mediante un sistema de garantías públicas que protegen a arrendatarios e inquilinos. El plan de vivienda vacía Alokabide, en vigor desde 2002, protege a los dueños y les asegura que van a cobrar todos los meses la renta y recuperarán su casa cuando termina el contrato en las mismas condiciones que la entregaron, y a los inquilinos les garantiza un precio por debajo del de mercado.

Hay otros ejemplos. En la Comunidad de Madrid, el Plan Alquila existe desde 2008, Navarra promueve alquiler social y vivienda asequible a través de la marca EtxeON, y en Asturias acaba de nacer Alquilámoste, un programa público por el que los propietarios pueden acogerse a bonificaciones fiscales y los inquilinos pagar un precio de alquiler de al menos un 10% menos respecto al canon que el Principado abonará a la propiedad, con una mensualidad que en todo caso no podrá suponer más del 30% de los ingresos del inquilino o la unidad familiar.

55.000 millones en deuda para 2026

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Tesoro Público emitirá 55.000 millones en deuda neta en 2026, la misma cantidad que en el ejercicio pasado. La mayoría (50.000 millones), serán a largo plazo, y el resto, 5.000 millones, en letras del Tesoro, de menor duración.

Además, ha confirmado, como adelantó EL PAÍS, la aprobación de una adenda al Plan de Recuperación con el objetivo de apurar los casi 25.000 millones de euros en subvenciones europeas pendientes de cobro. Cuerpo, ha explicado que de los 83.200 millones de euros asignados a España en forma de préstamo, solo se van a pedir en total 22.800 millones, dado que España ya logra financiarse en los mercados a un interés tan atractivo como el de la Comisión Europea.

Cuerpo insistió en que el dinero seguirá estando disponible, pero en lugar de hacerlo bajo una red de seguridad europea, lo hará bajo una nacional, lo que reduce la carga administrativa y aporta más flexibilidad, al no estar sujeta la entrega de ese dinero a fechas límite como las que se imponen desde Bruselas. “Lo que estamos haciendo es aprovechar al máximo el 100% de las transferencias, para no dejar ni un euro [sin usar] en materia de transferencias, y a la vez minimizar el impacto de la deuda”, dijo Cuerpo sobre la decisión de no usar parte de los préstamos.

En total, España percibirá del plan 103.000 millones (80.000 millones en transferencias a fondo perdido y casi 23.000 millones en préstamos), de los cuales ya han sido desembolsados 71.000 millones (55.000 en transferencias y 16.000 en préstamos). En 2031, diez años después del comienzo del Plan de Recuperación, esa inyección supondrá, según cálculos del Gobierno, un impacto positivo para el PIB de alrededor de 3,4 puntos, de los cuales ya se han materializado 2,6 puntos.

“Ahora estaríamos en ese pico del impacto, pero se sostendrá, es estructural en nuestro nivel de PIB”, destacó Cuerpo. El ministro recordó que España es el segundo país que ha cumplido más hitos, con más de 260, solo superada por Italia. La adenda incluye 13.000 millones extra para el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La renuncia a buena parte de los préstamos no implica que España ya no deba superar más hitos. Uno de los que siguen pendientes es la subida fiscal al diésel. La Comisión Europea dio un plazo adicional de seis meses a España para que cumpliera con la medida, que debería estar aprobada antes de finales del mes de enero.