Fedeca ve “fraude de ley” en que el pacto salarial de los funcionarios llegue a 2028 porque excede la legislatura

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ve un “fraude de ley” en el acuerdo salarial del Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF, que contempla una subida del 11% de 2025 a 2028. Así lo ha definido este lunes la presidenta de esta asociación de altos funcionarios del Estado, Ana Ercoreca, dado que el pacto va más allá del límite de la legislatura. “El compromiso es de 2025 a 2028, lo que supone un fraude de ley porque estamos hablando de más allá de la legislatura”, ha considerado la también presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

“A lo que el Gobierno se tiene que comprometer es a la legislatura que tenemos ahora mismo, hasta 2027. Hablar de un futuro en 2028 cuando no sabemos qué panorama habrá es un fraude de ley, a nuestro parecer. Debería estar amparado por el Congreso”, ha agregado Ercoreca. El último acuerdo salarial de los funcionarios, suscrito en 2022, llegaba hasta 2024. Aquel pacto también superó el límite que se proyectaba para la legislatura, que en principio vencía a finales de 2023.

Más allá de esta discrepancia sobre la duración del acuerdo, Fedeca valora “positivamente” los incrementos, pero a la vez tiene una oposición de fondo: critica que no tenga en cuenta la inflación real, sino una proyección de la evolución de los precios.

El mismo contempla una subida acumulada del 11% (hasta el 11,4% tomando en cuenta el efecto en los pluses, según los cálculos sindicales). La subida para 2025 será del 2,5%, que se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero. En enero de 2026, las retribuciones subirán otro 1,5%, por lo que sumando ambos aumentos, a principios del próximo año la elevación salarial será del 4% fijo. Se añade un 0,5% variable vinculado a que el IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5% ese año. En ese caso, este medio punto se pagará previsiblemente dentro del primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y se detraerá de la subida de 2027, que quedará fijada para ese año en el 4,5% (un 5% si no se adelanta ese medio punto al ejercicio anterior). En 2028, se subirá el 2% restante.

Ercoreca cree que esta subida “quedará en nada” si no tiene en cuenta el IPC real. Es decir, su asociación cree que los posibles incrementos vinculados a la evolución de los precios no servirán para compensar subidas inesperadas del IPC. “Las subidas anuales que se van haciendo no tienen en cuenta el IPC real”, ha criticado Ercoreca. Así, Fedeca propone una revalorización similar a la de las pensiones, que tome en cuenta la inflación acumulada de cada año, en vez de una proyección como la que contempla el acuerdo de los funcionarios y el Gobierno.

“Si no va acompasada con el incremento del IPC no será una subida real. Supondrá una pérdida de poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta la volatilidad de los precios de la energía y el alto precio de la vivienda, que afecta todo a las personas jóvenes”, ha comentado Ercoreca, antes de subrayar las dificultades de los funcionarios que se mudan a ciudades como Madrid o Barcelona (con precios de la vivienda superiores al promedio) al iniciar sus carreras. “Valoramos positivamente que haya una senda de incrementos, pero queremos que estén ligados al IPC real”, ha resumido Ercoreca.

La presidenta de Fedeca también ha celebrado que “se reduzcan los tiempos de espera en las ofertas de empleo pública”, una tardanza que cuando se enquista, opina Ercoreca, genera “ineficiencias” en la Administración pública.