Sánchez defiende la subida de sueldo del 11% hasta 2028 para los empleados públicos por “dignidad salarial”

El Gobierno logró in extremis en la noche de este miércoles acordar con los sindicatos UGT y CSIF un pacto para subir los salarios de 3,5 millones de empleados públicos. El acuerdo contempla un aumento del 11% acumulado hasta 2028, más allá de la duración teórica de la legislatura. Los negociadores del Ministerio de Función Pública no alcanzaron el pacto con facilidad a pesar de haber ido con la mejora salarial por delante. De hecho, el respaldo del tercer sindicato que ha formado parte de las negociaciones, Comisiones Obreras, sigue en el aire después del acto formal de la firma, que se ha llevado a cabo este jueves en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo ha intervenido en el acto para asegurar que el incremento retributivo acordado está destinado a dar “dignidad salarial” a los trabajadores de las Administraciones públicas.

En el acto también ha estado presente el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha agradecido principalmente su participación a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es quien ha dado el visto bueno presupuestario para acordar la subida de sueldos. Según cálculos sindicales, los empleados públicos ganarán unos tres puntos de poder adquisitivo entre este ejercicio y los tres próximos, con lo que compensarán parte de la pérdida de los últimos años provocada por la crisis inflacionaria.

Los siguientes agradecimientos de López han sido para los máximos representantes de los sindicatos firmantes del acuerdo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente del CSIF, Miguel Borra. Acto seguido, ha asegurado que aunque CC OO no estaba en el acto, “ya mostrará su adhesión”. De hecho, el propio Sánchez ha agradecido también después “las aportaciones” de ese sindicato, cuyos representantes no estaban en la firma. Y ha insistido en que “el valor de esta firma es que se hace desde el diálogo social, lo que legitima la acción sindical capaz de mirar al largo plazo”. El Consejo Confederal de CC OO decidirá este martes si se adhiere o no al acuerdo.

Araque, que fue la primera responsable sindical en comunicar que UGT sí respaldaría la oferta salarial y de empleo del Gobierno (CSIF se sumó este miércoles), ha calificado lo pactado como un “muy buen acuerdo”. Así, ha resumido que con la firma “los trabajadores van a recuperar poder adquisitivo, van a crecer y prepararse para el cambio en las Administraciones”. En ese sentido, ha destacado que se implantará un plan generalizado en competencias digitales e inteligencia artificial para los empleados públicos. Y ha agregado que los compromisos en materia de empleo “tienen en cuenta a todos, los que están dentro porque van a tener una mejor carrera profesional, potenciando la promoción interna; y a los que van a entrar, que se encontrarán con procesos de selección [oposiciones] mucho más ágiles y rápidos”.

Por su parte, Borra también ha agradecido “el esfuerzo” hecho por López, para después propiciarle un tirón de orejas al reprochar al ministro que “se tendría que haber sentado antes a negociar”. CSIF lleva varios meses protagonizando protestas en toda España, primero por la crisis de la mutualidad de funcionarios Muface, y después por la negativa del equipo ministerial a negociar un acuerdo salarial y de empleo que sustituyera al anterior (2022-2024), que precisamente no firmó este sindicato (sí lo hicieron entonces UGT y CC OO). Ante el bloqueo de las negociaciones, los dos sindicatos mayoritarios se unieron a las protestas de la central de funcionarios y llegaron a amenazar con una huelga general en la función pública en diciembre si no se alcanzaba un acuerdo como el que han firmado este jueves. Dicho esto, Borra, ha reiterado que lo pactado “no es un cheque en blanco” y que este sindicato “se reserva las acciones necesarias” para garantizar que se cumple lo comprometido por parte del Gobierno.

Así subirán los sueldos

Con la hoja de ruta acordada, la subida para 2025 será del 2,5% y se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero pasado, con lo que los atrasos se cobrarán a partir de las nóminas de diciembre. De hecho, una de las prisas argumentadas por los negociadores del Gobierno era la necesidad de cerrar el acuerdo salarial cuanto antes para poder incluir el pago de atrasos en las nóminas de diciembre (algo que no se logrará en todos los casos, ya que algunos sectores ya han cerrado la elaboración de sus nóminas para el próximo mes).

En enero de 2026, las retribuciones de estos trabajadores subirán otro 1,5%, por lo que sumando ambos incrementos, a principios del próximo año la elevación salarial acumulada será del 4% fijo. No obstante, el acuerdo recoge que el incremento del próximo año incluirá un 0,5% variable que se abonará si el IPC de 2026 supera el 1,5%. En ese caso, y este es el artificio que propició el acuerdo, este medio punto se abonará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, previsiblemente dentro del primer trimestre de 2027. Ese medio punto variable, en caso de aplicarse, se detraerá de la subida de 2027, que quedará fijada para ese año en el 4,5% (un 5% si no se adelanta ese medio punto al ejercicio anterior). Y en 2028 se subirá el 2% que resta para acumular entre los cuatro ejercicios un incremento del 11%.

El acuerdo incluye también numerosos compromisos del Ejecutivo en materia de empleo público. El principal afecta a la eliminación progresiva de la denominada tasa de reposición, que limita las ofertas de empleo público, en la mayoría de los servicios, a las bajas que se producen por jubilación o incluso menos. Su desaparición facilitará una mayor oferta de empleo para las distintas administraciones. Entre el resto de compromisos del acuerdo destacan la adopción de medidas para acortar los procesos de selección de las oposiciones a un año, así como incentivar las carreras profesionales con pruebas específicas para promoción interna.