La Inspección dará unos días de margen antes de sancionar a los empleadores que no hayan evaluado los riesgos laborales de sus trabajadoras de hogar

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no sancionará inmediatamente a los empleadores de trabajadoras de hogar que aún no hayan hecho la evaluación de riesgos laborales de sus domicilios, pese a que es obligatorio desde este viernes. Así lo confirman fuentes del departamento de Yolanda Díaz, del que depende el organismo inspector, dado el volumen de personas que han dejado este trámite para los últimos días previos a la entrada en vigor de la obligatoriedad, justo cuando la web gratuita habilitada para tal fin ha dado errores por un ataque informático, según el ministerio. Hace seis meses que la herramienta está disponible, pero Trabajo indica que habrá flexibilidad ante esos primeros incumplimientos y pide tranquilidad a los que no hayan conseguido completar el proceso.

Desde el Ministerio de Trabajo precisan que este viernes no terminaba ningún plazo, sino que entra en vigor la obligatoriedad de haber evaluado los riesgos del domicilio porque se cumplen seis meses desde que se lanzó prevencion10.es. Y el decreto que regula este nuevo derecho de las trabajadoras de hogar establecía que seis meses después de la habilitación de la herramienta sería exigible que el empleador hubiera completado el trámite.

El problema es que la web falla desde el miércoles. A media tarde del jueves, el ministerio informó de que los fallos se debían a un “ataque malicioso”, una serie de bots “automatizados” que habrían sobrecargado “artificialmente” la plataforma.

Según los datos provistos por Trabajo, en las 24 horas previas al jueves por la tarde se bloquearon un total de 16.091 IPs (del inglés, Internet Protocol) sospechosas, que han mandado 49,4 millones de transacciones. Es decir, casi 50 millones de intentos de acceso a la plataforma para cumplimentar el cuestionario. Fuentes del ministerio sostienen que ha llegado a haber más de un millón de solicitudes desde alguna de las IPs bloqueadas. Este viernes sigue funcionando a cuentagotas, con problemas para muchos usuarios.

El ministerio no cuantifica los días que dura este periodo de flexibilidad, pero insiste en que Inspección no tiene un afán recaudatorio, sino que persigue garantizar derechos laborales. Es decir, que el fin de esta normativa, argumenta el ministerio, no es multar a los empleadores que están intentando completar el proceso y no lo consiguen, sino consolidar más derechos para las empleadas de hogar. En 2022, Trabajo ya dio un paso parecido cuando reconoció el acceso de estas trabajadoras a las prestaciones por desempleo.

No completar la autoevaluación o no comunicar a las empleadas de hogar las medidas preventivas adoptadas puede ser interpretado por Inspección como una infracción grave. El castigo más alto por este tipo de faltas es de 49.180 euros, siempre que haya agravantes. Sin ellos, lo más común, el incumplimiento se consideraría leve y la sanción sería de un máximo de 2.450 euros. Cabe destacar que Inspección no puede acceder a los domicilios para garantizar el cumplimiento de las medidas, dada la inviolabilidad de los domicilios que reconoce la Constitución. Sin embargo, sí podrá requerir documentación e investigar en base a denuncias.

La Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD), la principal patronal del sector, valora de forma positiva el nuevo derecho a la evaluación de riesgos, pero cree que escasean las medidas de apoyo para las familias.

“Se observa con escepticismo la continuada carga de obligaciones sobre el hogar familiar, que está asumiendo todo este avance en plenos derechos de las empleadas del hogar sin las medidas adecuadas de apoyo a la contratación”, sostenía esta patronal en un comunicado reciente. La ocupación en este sector ha descendido un 8% en el último año, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en un contexto de creación global de empleo.

Plazos incumplidos por Trabajo

El decreto que regula este nuevo derecho establece otras medidas que el Ministerio de Trabajo no ha cumplimentado en plazo. En marzo, hace ya ocho meses, terminaba el límite que el departamento de Yolanda Díaz se había dado para desarrollar una plataforma formativa en prevención de riesgos para las empleadas de hogar. También incumple el plazo que se había dado para la elaboración de un protocolo de actuación contra las situaciones de acoso y violencia que sufran estas profesionales y para completar una guía técnica para la prevención de riesgos. Ambos documentos debían estar disponibles en septiembre y no hay rastro de ellos.

El ministerio reconoce el retraso en la plataforma formativa, señala que la resolución del SEPE que la regulará está lista y que el servicio estará operativo a principios del año. Respecto al protocolo y la guía técnica, también confirma que aún no están disponibles, pero destaca que su publicación es inminente y subraya la complejidad técnica y de consenso de los mismos.

Además, el Ministerio de Sanidad tiene el compromiso de “promover” la realización gratuita de reconocimientos médicos de estas profesionales e incluir esta posibilidad en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esta promesa no está calendarizada. Desde el ministerio que dirige Mónica García sostienen que se está trabajando en ello en la Ponencia de Salud laboral.