Los sindicatos convocarán huelga de funcionarios en diciembre si Óscar López no sube sus salarios

Los 3,5 millones de empleados públicos han sido convocados este martes por las tres mayores centrales sindicales del sector (CC OO, UGT y CSIF) a movilizarse el próximo día 30 de octubre en todas las provincias de España para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación para acordar una nueva subida salarial para este colectivo, que tiene las nóminas congeladas desde primeros de año. Sin embargo, si el Ministerio de Función Pública no se sienta a negociar y pone una propuesta de subida salarial encima de la mesa, esta será solo la primera protesta de una campaña de movilizaciones “creciente” que desembocará en una huelga en diciembre de todo el sector público.

“El Gobierno es la mayor empresa de todas, con 3,5 millones de empleados públicos, y nos tiene bloqueados a los sindicatos sin saber por qué. Siempre hemos estado en las mesas de negociación, pero ahora ¿nos quieren en las calles? Pues nos van a tener", ha advertido este martes la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, en una rueda de prensa junto sus homólogos, Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, y Miguel Borra, presidente del CSIF.

Los tres máximos responsables sindicales del sector público han centrado todas sus críticas en el ministro de Función Pública, Óscar López, al que culpan del bloqueo negociador y acusan de “ningunear” a los empleados públicos. “El ministro bloquea y desprecia la negociación en una actitud poco democrática”, ha dicho Borra. Palazzo le ha reprochado que tenga al colectivo “en una situación de abandono”.

Con ello se refieren a la ausencia de negociaciones para subir los sueldos públicos este año, después de que el propio López haya vinculado esta negociación a la existencia de Presupuestos Generales del Estado, una situación que, pese a los anuncios del Ejecutivo, se vislumbra cada día que pasa más improbable. Sin embargo, los responsables sindicales han insistido este martes en que no hace falta que se aprueben las cuentas públicas para subir las nóminas de los empleados de las administraciones.

“El Gobierno puede subir los salarios aunque no haya Presupuesto, como ya lo han hecho en muchas otras ocasiones. Pero nos están utilizando como rehenes para negociar en el Parlamento”, se ha quejado Borra. El líder del sindicato de funcionarios CSIF ha cifrado la pérdida de poder adquisitivo del colectivo solo en lo que va de año en más del 3%. “El mismo Gobierno que nos ensalza todos los días en sus apariciones públicas, también nos maltrata y nos debe 1.800 millones de euros solo en estos 10 primeros meses”, ha denunciado Borra.

Por todo ello, bajo el lema Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos, las movilizaciones anunciadas este martes comenzarán el próximo 30 de octubre con concentraciones frente a las subdelegaciones de Gobierno de toda España y al Ministerio de Función Pública en Madrid. Continuarán con una gran concentración en noviembre en Madrid y, “en el caso de que Función Pública persista en esta actitud, las tres organizaciones sindicales convocarán una jornada de huelga a nivel nacional el próximo mes de diciembre”, han señalado.

“Que el Gobierno sepa que tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo con los sindicatos o, de lo contrario, tendrá sobre la mesa la primera huelga de los empleados públicos de la era de Pedro Sánchez”, ha insistido el presidente del CSIF.

No es habitual que estos tres sindicatos aúnen sus fuerzas para llevar a cabo sus protestas y reivindicaciones. De hecho, el último Acuerdo Marco para una administración del siglo XXI, que recogió la última subida salarial del 9,5% acumulada entre los años 2022, 2023 y 2024, solo fue firmado por CC OO y UGT. Sin embargo, ahora, la parálisis negociadora ha hecho que sean las tres centrales las que presionen de manera conjunta al Ejecutivo. En este sentido, aunque los tres sindicatos coinciden en la mayoría de sus reclamaciones, que incluyen además de la subida salarial, mejoras en la oferta de empleo, entre otras cuestiones, aún no cuentan con una plataforma negociadora conjunta.

Así, por ejemplo, CSIF ha vuelto a exigir un cambio legal que revalorice automáticamente los salarios de los empleados públicos en función de lo que suba el IPC, al igual que ocurre con las pensiones. Mientras que CC OO y UGT, aunque están de acuerdo con la necesidad de dicha actualización, prefieren sentarse a negociar cuál sería la fórmula más adecuada y qué indicadores se deben tener en cuenta para realizar las próximas subidas de sueldos.

Más allá de las exigencias salariales, los tres responsables sindicales han apelado también a que el Gobierno aumente la oferta de empleo público en mayor medida que la actual. “Pedimos empleo público suficiente. Se tiene que suprimir la tasa de reposición de efectivos. De otra manera, no cesará la temporalidad”, ha indicado Araque. Además, la responsable de los servicios públicos de UGT ha añadido otra reivindicación en este ámbito: un cambio en los procesos de selección del colectivo. “El acceso a la administración, de nuevo ingreso y la promoción interna es anacrónica y un lastre. Pedimos procesos ágiles en ese nuevo acuerdo, porque entrar hoy en el sector público es como mover a un elefante enfermo. Tampoco se sabe cómo va a afectar la digitalización, ni qué perfiles van a hacer falta”, ha insistido Araque.

Los tres sindicalistas han hecho hincapié en que sus exigencias tienen como objetivo la mejora de la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. “No son reivindicaciones de gente que vive de lujo, sino de la gente que es garante de la igualdad en el país”, ha recalcado Palazzo. Y, en este sentido, ha demandado plantilla suficiente para “garantizar la presencialidad” en la atención a la ciudadanía, “porque la digitalización no es una excusa para restringir los servicios públicos”, ha concluido el responsable del colectivo en CC OO.