Ibiza reivindica que es el primer territorio en eliminar los pisos turísticos ilegales en Airbnb

La isla de Ibiza se ha convertido en el primer territorio nacional en erradicar todos los anuncios de oferta de alojamiento turístico ilegal de la plataforma AirBnB. Desde el pasado mes de julio hasta el día de hoy, el Consell de Ibiza ha conseguido que la plataforma elimine un total de 2.831 anuncios de alquiler vacacional sin licencia que representaban un total de 14.532 plazas de alojamiento. “Ibiza deja de ser una isla de piratas y los que vengan a hacer un negocio al margen de la ley sabrán que se les perseguirá, se les multará y se les clausurará”, ha dicho el presidente de la institución insular, Vicenç Marí, tras la reunión de la mesa de lucha contra el intrusismo de Ibiza en la que se ha hecho balance de los resultados de los últimos meses.

El pasado mes de febrero el Consell de Ibiza y la plataforma AirBnB, que aglutina el 90% de los anuncios de oferta vacacional de la isla, firmaron con distintas entidades empresariales insulares un memorándum para promover prácticas de alojamiento responsable en el que, además, la plataforma se comprometía a agilizar la retirada de los anuncios de oferta no reglada. “Toda la oferta de alojamiento turístico ilegal de Ibiza ha dejado de comercializarse” ha subrayado Marí, que ha resaltado que ha sido posible gracias a un trabajo “pionero” en la aplicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la lucha contra la oferta ilegal. La plataforma ha pasado de anunciar 4.324 alojamientos que representaban 25.458 plazas a alojar 2.051 ofertas de viviendas vacacionales para 13.252 plazas, una caída del 48% de plazas y del 52% de los anuncios.

La dirección general de Intrusismo del Consell de Ibiza cuenta con seis inspectores dedicados a luchar contra la oferta de alojamiento irregular, ayudados por sistemas de inteligencia turística que hacen el seguimiento de la oferta online que se mueve en las plataformas. El director insular, el exguardia civil Enrique Gómez Bastida, explica a EL PAÍS que se ha trabajado por fases: primero identificando anuncios en los que visualmente lo que se oferta no está reglado, como las furgonetas, después localizando aquellos anuncios que están vinculados a expedientes sancionadores y por último a los que no cuentan con un número de registro vacacional conforme a la administración. “Tenemos un sistema informatizado con el que reducimos el margen de error, geolocalizamos toda la oferta de la plataforma y la confrontamos con la geolocalización de toda la oferta legal” explica. De esta forma, esta temporada se han logrado evitar más de un millón de pernoctaciones en plazas ilegales.

Según los datos de inteligencia turística del Consell de Ibiza, el promedio de turistas por día en la isla ha bajado este verano en 2.059 personas de abril a agosto. Además, de los 6.915 turistas que en el año 2024 se alojaron en viviendas ilegales, 4.856 se han trasladado a establecimientos reglados y apenas 2.059 dejaron de viajar a la isla. “Los resultados se consiguen con colaboración, no con confrontación” ha señalado Marí. Este acuerdo también lo firmó el pasado mes de junio el Consell de Mallorca, cuyo presidente Llorenç Galmés ha anunciado que a partir del 15 de octubre también desaparecerán todos los anuncios de alojamiento irregular, que la institución insular cifra en más de 5.000.

Este año Ibiza ha recibido 4,5 millones de euros procedentes de fondos de la ecotasa para financiar un proyecto extensivo a las cuatro islas de 22 millones de euros contra el intrusismo, una iniciativa que permitirá incrementar el cuerpo de inspectores e invertir en herramientas tecnológicas. Formentera es la isla que, a día de hoy, tiene más complicada la lucha contra el intrusismo debido a que la última convocatoria para contratar un inspector quedó desierta y se ha tenido que volver a repetir. Las sanciones leves por comercializar alojamiento ilegal en Baleares van desde los 50.001 euros a los 500.000, con una reducción del 80% si el propietario pasa la vivienda al mercado de alquiler residencial.