Inspectores, datos y “multones”, así cerca Ibiza a taxis pirata y ‘airbnbs’ ilegales

El pirata espera fumando en La Ponderosa, un bar junto a la incorporación del aeropuerto de Ibiza. En su WhatsApp ha saltado el mensaje: “XXXX en aerop”. Las x son la matrícula del coche en el que han llegado al aeródromo tres inspectores de Transportes del Consell. El más veterano de ellos hace guardia como un llanero solitario a 38 grados en la rotonda de entrada, bajo la escueta sombra de una palmera. Armado con un silbato y un chaleco amarillo, detiene vehículos sospechosos de llevar turistas sin licencia, sobre todo furgones de alta gama y cristales tintados, idénticos, salvo porque su matrícula no es azul, a los vehículos con conductor con licencia VTC.

Los drivers protestan al ser parados, y más por alguien sin pistola. Tampoco hay mucho que parar: la sola presencia del chaleco amarillo evita que los piratas bajen. Mientras, en Llegadas, una cola de taxis blancos va recogiendo la fila de viajeros que aterrizan en uno de los 150 vuelos del día (otros tantos despegan). En agosto del año pasado pasaron por aquí casi un millón y medio de pasajeros.

“Hay clientes para todos”, se queja en La Ponderosa Marius, que lleva 19 años ofreciendo sus servicios en el lobby del aeropuerto con otra treintena de conductores ilegales. “Pero este año el presidente se ha obsesionado con hacernos la vida imposible”. Desde el Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), contesta: “Efectivamente, es una obsesión de este equipo de gobierno garantizar el cumplimiento de la ley. No podemos permitir que haya aprovechados que vean en Ibiza solo una caja registradora y hagan su negocio al margen de la ley, las normas y la convivencia”.

Las patrullas de funcionarios que desde este verano recorren durante 14 horas, siete días a la semana, el aeropuerto, forman parte del plan de choque del Consell para frenar el intrusismo en transportes y alojamientos turísticos. Un paquete de medidas que incluye la contratación de 25 personas (inspectores, instructores de expedientes, administrativos); la implantacion de aplicaciones tecnológicas para cruzar datos y entender la magnitud del problema; nuevos reglamentos, como la obligatoriedad de reservar un camping para las caravanas; y multas engordadas, desde 15.000 euros por hacer un transporte pirata, hasta 500.000 para algunos alojamientos sin licencia...

En Ibiza existe una dirección insular de Intrusismo desde 2019, pero este año le han inyectado 22 millones de euros (a dividir en cuatro años) provenientes de la ecotasa (el impuesto, de un par de euros por noche, que se cobra en todos los alojamientos turísticos). También cuenta con un nuevo director fichado en noviembre: Enrique Gómez Bastida, que fue jefe de la Guardia Civil en la isla, a cuya estrategia operativa muchos atribuyen el giro del departamento para poner firmes a quienes se saltan la ley.

“Yo tengo la visión que tengo, la traigo de serie, y además estoy trabajando con cosas que me suenan”, dice quitándose importancia el teniente coronel. Conoce bien el aeropuerto (de su etapa como jefe de la Benemérita), el sector (trabajó en la Secretaría de Estado de Turismo en Madrid) y las plataformas comercializadoras (por su experiencia en la lucha contra el fraude online). Aún así, esgrime que los éxitos del plan de choque vienen del empeño político del Consell y, sobre todo, del “consenso” de todos los actores económicos —patronales, pymes, autónomos, plataformas—, que operan en un mercado “muy consolidado”. “Ibiza es un monocultivo”, dice, “no se dan bandazos, todo el sector va a una en sus principios generales”. Sea por lo que fuere, y a falta de que se presenten los datos de la temporada, Bastida expone algunos éxitos: caen los piratas del aeropuerto, se han recaudado 400.000 euros en sanciones a alojamientos ilegales (hay 190 expedientes abiertos) y se ha llegado a acuerdos pioneros con plataformas como Airbnb para que sea obligatorio incluir el número de licencia en todo anuncio nuevo y para que se retiren otros sin necesidad de un procedimiento administrativo. En siete meses ha pasado de haber 4.450 a 2.570 alojamientos ofertados (en lo que supone una reducción del 60% de las plazas). “La policía no quiere detener ladrones, prefiere que no haya robos”, dice Bastida con media sonrisa. “La prioridad de esta primera fase era evitar la comercialización con desactivaciones masivas... Hoy nos cargamos otros 300 anuncios”, se congratula.

Detectives y piscinas

Para que las plataformas colaboren, Intrusismo decidió ponérselo fácil identificando los fraudes. En un otro despacho del Consell, Javier Torres, director insular de Nuevas Tecnologías, muestra el proceso en dos grandes monitores curvos como de gamer. En uno hay un sistema de información geográfica de código abierto, básicamente un mapa editable, donde se han marcado los alojamientos turísticos legales (1.693 en suelo rústico, 762 en urbano) que tiene registrados el Consell, y en otra capa, todos los alojamientos ofertados por Airbnb (que no dan su ubicación exacta).

Un funcionario ha comprobado, punto a punto, si cada anuncio se corresponde (o no) con una licencia, marcándolos en verde o rojo. “Al principio encontrábamos uno ilegal cada 15 minutos”, dice Torres, cuyo equipo actualiza el mapa con los anuncios más recientes que van apareciendo como estrellas amarillas. Son una constelación.

Es un trabajo detectivesco. Para localizar los alojamientos más escurridizos hay que fijarse en los detalles de las fotos del anuncio y buscar correspondencias en las imágenes del satélite: el dibujo de un ancla en el mosaico de una piscina, el lado del que queda el mar desde una ventana, un emparrado característico.

En ocasiones la investigación sale de la oficina y se buscan puerta a puerta los alojamientos sospechosos; la cosa puede acabar en sanción, normalmente de entre 40.000 y 80.000 euros. En la lista de infractores hay de todo: furgonetas malamente camperizadas, habitaciones en casas, alquileres de corta estancia en pisos de edificios plurifamiliares (prohibidos en Ibiza) con la ubicua decoración de los airbnbs urbanos y también lujosísimas villas.

Bastida explica que el intrusismo trae complicaciones de gestión del agua, los residuos o la movilidad, a un territorio especialmente frágil, pero advierte que ni siquiera erradicarlo totalmente solucionaría la crisis de vivienda de la isla. “Los mantras de la turistificación ­­simplifican el debate”, opina. “Las cámpers o las habitaciones, —que eran el 30% de los airbnbs cuando empezamos—, no quitan vivienda digna; de la misma forma que evitar el alquiler ilegal de una villa de lujo no facilita el acceso a la misma para quien no se la puede pagar”.

Sí cree que todo lo que no está reglado “llama a cierto perfil de cliente y comportamiento” a los que no se arriesga quien sí tiene licencia (“en Ibiza es oro, perderla puede reducir el valor de una propiedad hasta un 20%”). En este sentido, el Consell ha encargado una app para que la policía local ubique en el mapa de Intrusismo los alojamientos a los que acude por denuncias de ruido o molestias. “Si las quejas se repiten, puede ser una pista más para encontrar un alojamiento ilegal”, dice Torres mostrando la aplicación en un móvil de pantalla plegable.

Queo en Telegram

Esta noche, la policía de San Antoni de Portmany, municipio fiestero por excelencia, acompaña a los agentes de Transportes para hacer un control de vehículos en la zona de los beachclubs. En apenas 15 minutos desde que colocan los conos, un grupo de Telegram con 60.000 integrantes (la isla tiene 160.000 habitantes) da el queo. Antes, los inspectores han podido parar a un señor ruso de unos 60 años que lleva detrás a una pareja de veinteañeros ingleses. Dicen ser amigos del sobrino de su mujer, aunque en cuanto pueden dejan tirado al hombre que verá incrédulo como la grúa se lleva su Audi. Si quiere recuperarlo, tendrá que pagar 15.000 euros de sanción (el año pasado habrían sido 3.000).

Históricamente, el taxi era el rey de la isla, que convivía con una flota fija de VTC de lujo y otra de piratas del aeropuerto, pero la taxonomía se ha complicado, sobre todo con la entrada de Uber en 2023. Los VTC han pasado de 50 a 450 (taxis hay un millar, la mitad estacionales) y, fuera de la ley, también hay clases. Pablo (nombre ficticio) distingue entre “drivers amistosos” —conductores con una cartera de clientes que ofrecen privacidad, por ejemplo para drogarse, en las ubicuas Mercedes Vito— y “piratas chungos que acosan a la gente en el aeropuerto”. Estos últimos pueden alquilar furgones de lujo o conducir tartanas de 500 euros que abandonan en el depósito cuando se las retiran. Pablo fue driver amistoso hasta que compró el año pasado una licencia por 135.000 euros (llegan a los 240.000) y meses de papeleo. Está encantado con la mano dura que ha impuesto el Consell en el aeropuerto, donde, gracias a un resquicio encontrado por Aena a raíz del problema de las personas sin hogar en Barajas el pasado junio, se puede controlar el acceso de todo aquel sin tarjeta de embarque.

Sin embargo, más allá del lobby del aeropuerto, cualquiera que busque online o pregunte a un portero de discoteca, camarero o recepcionista de hotel se puede meter en decenas de grupos de WhatsApp, con números de todas las nacionalidades, donde se contratan viajes entre particulares al margen de la normativa. También se siguen captando clientes al vuelo en las aglomeraciones de los ferris, las salidas de las discotecas o las playas donde la gente se reúne a ver atardecer.

El director insular de Transportes, Roberto Algaba, no hace distingos entre los “piratas piratas” y esos otros ilegales “que van de amigos de un amigo” , porque “hacen el mismo daño”.

“El intrusismo es como una tela de araña”, dice Algaba, que estudia Criminología y se explica tirando del término “cifra negra”. “Sus efectos son tranversales y dificiles de cuantificar”. El taxi ilegal afecta a la imagen de Ibiza como destino seguro, dice, promueve el ofrecimiento de drogas o prostitución, y fomenta los robos (porque los conductores avisan cuando un piso queda vacío, explica). Algaba se refiere a ellos como una “mafia”.

“De mafia nada”, dice Marius ofendido. Asegura que trabaja 18 horas para hacer unos 400 euros al día (250 van a alquilar el furgón de lujo que conduce). “Yo me busco la vida porque las licencias de VTC están en manos de unos especuladores que las venden a precio de oro”. Dice que aceptaría pagar una cuota mensual “razonable” y zanja: “Por debajo de nosotros no hay nadie, el Consell está cortando los pies del problema, cuando debería apuntar a la cabeza”.

Drones contra cámpers

Es más o menos el argumento que esgrime un camarero italiano que vive en una caravana escondida en Cala Comte. “La mía no la vais a encontrar”, les dice a las agentes de Transportes que, junto a la policía de San José, acaban de multar a un señor sevillano por aparcar su cámper en suelo rústico sin tener reserva en uno de los cuatro campings de la isla. “Anda que no habrá peces más gordos que pescar...”, dice el italiano chascando la lengua. Mientras, el que han pillado intenta justificar que ha venido a ver atardecer, que pernocta en la finca de un amigo, que no le han informado ni en el ferri ni a la entrada de la cala (la señal está concienzudamente grafiteada)... Cada vez más enfadado. “¡Qué me están contando de un multón de 20.000 euros por aparcar en la playa!”. Aun así, se lo lleva puesto.

“Una caravana parece inocua, pero llama a otras, y no se pueden normalizar los asentamientos, teníamos situaciones insostenibles”, dice Algaba. Decenas aparcadas en calas y playas, basuras, problemas de convivencia, aguas negras y grises vertidas por espacios naturales...”. Un poco más allá de Cala Comte, en la Torre d’en Rovira, la policía vuela un dron en busca de caravanas entre la maleza. Pasa un vecino. “Mirad por allí que hay alguna”, se chiva, quejándose de la suciedad, el peligro de incendios, los perros sueltos, las fiestas... “Ibiza no es camping”.

El presidente del Consell explica que “la lucha contra el intrusismo no es para que la demanda legal crezca ni para “defender a ningún a pez gordo”. La planificación turística y urbanística “está para creérsela”, dice Marí. “No podemos gastar más agua de la que tenemos, ni consumir más recursos. El intrusismo rompe el equilibrio de esa planificación. En Ibiza no estamos empeñados en crecer, sino en equilibrar”.

De vuelta al aeropuerto, los inspectores acaban su turno y Marius wasappea “Aerop libre”. Los piratas van apareciendo por Llegadas, y las redes sociales de los taxistas legales se van llenando con sus fotos. “Los conocemos a todos”, dice Lolo Ruiz, taxista que pertenece a la asociación Elite Corsaris que lleva una década peleando contra los piratas. “Este año, por fin se ha notado un cambio brusco, pero aunque se les ve menos por el aeropuerto, andan cerca. El Consell tiene que seguir dando caña”.