El Gobierno prepara unos Presupuestos expansivos con alzas en sueldos públicos, pensiones y defensa

El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 con el objetivo de diseñar un proyecto de carácter expansivo, con un aumento del gasto superior al ciclo económico. Tras semanas de contactos internos y la publicación de la orden ministerial que da inicio formal al proceso, Hacienda trabaja ya con los distintos ministerios en la definición de las prioridades de gasto e ingresos. También han comenzado los contactos con algunos grupos políticos. El Ejecutivo tiene la vista puesta en llevar al Consejo de Ministros, a lo largo de septiembre, el techo de gasto y la senda fiscal que después servirán de marco para construir las nuevas cuentas. “Soy discreta a la hora de mantener esas negociaciones para que puedan llegar a buen puerto y yo espero poder presentarlos lo antes posible”, explicó el viernes la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Hacienda ya ha reclamado a los subsecretarios de los ministerios que envíen sus fichas con las propuestas de gasto antes de este lunes. Esta próxima semana, los responsables del equipo de Montero los negociarán bilateralmente con cada departamento.

Fuentes gubernamentales avanzan que las condiciones económicas actuales ―con un crecimiento sólido y una recaudación tributaria al alza― permiten al Ejecutivo pensar en unas cuentas expansivas, que incorporarán incrementos en el salario de los funcionarios, en las pensiones, en partidas sociales y en la inversión en defensa, entre otras políticas. También serán los últimos Presupuestos que canalicen los últimos pagos de los fondos europeos.

En el Ministerio de Hacienda, del que depende el proyecto final, se muestran prudentes y todavía tienen que hacer números antes de comunicar el techo que alcanzará el límite de gasto no financiero. Pero recuerdan que, en efecto, la economía crece a un ritmo superior al de la media de la eurozona: subió un 0,7% en el segundo trimestre y las previsiones apuntan a un avance del 2,5% en el acumulado del año. También recuerdan que los ingresos tributarios siguen al alza ―entre enero y junio, repuntaron un 10% frente al primer semestre de 2024― gracias al tirón del consumo y al buen momento que atraviesa el mercado laboral, con aumento de empleo y salarios.

Todos esos mimbres abren la puerta a que se cumpla el objetivo de incrementar el gasto público y seguir con la estela de los últimos ejercicios. Hace un año, para los Presupuestos de 2025 ―que finalmente no se presentaron―, el techo de gasto propuesto ascendía a 199.171 millones de euros, ligeramente superior al que se diseñó para el plan de 2024, que tampoco llegó nunca a ver la luz. La falta de acuerdo político y la convocatoria electoral en Cataluña justificaron el incumplimiento.

La postura expansiva para 2026 ya la defendió hace apenas un mes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista con este periódico: “En nuestro marco fiscal mantenemos el equilibrio entre el crecimiento y bajar nuestro déficit y deuda. Nuestra previsión es un déficit del 2,5% para este año. Y, esto es importantísimo, tendremos superávit en términos primarios [antes de pagar los intereses de la deuda]. Somos capaces de cumplir con los compromisos en materia social y de inversión que nos hemos dado en estos últimos años y que, por tanto, suponen un Presupuesto eminentemente expansivo”, aseguró. La frase resume bien la estrategia del Ejecutivo: aprovechar la mejora de la economía para reforzar el gasto social y de inversión ―además del militar― sin renunciar a la disciplina fiscal.

El Gobierno, de entrada, tendrá que hacer frente a la subida de las pensiones, que, en teoría, se canaliza a través de los Presupuestos. La última reforma del sistema de la Seguridad Social, aprobada por el exministro José Luis Escrivá (ahora al frente del Banco de España), blindó que todas las pensiones públicas se revalorizarían según el IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los beneficiarios. Esa mejora se calcula con el promedio entre la tasa interanual de inflación registrada entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en curso previo a la subida. El consenso de los principales analistas, que recoge Funcas en su panel, sitúa el IPC general de 2025 en un 2,5%, por lo que el alza rondará esa cifra. Las pensiones no contributivas, las mínimas y otras prestaciones como el ingreso mínimo vital, por su parte, suelen subir algo por encima de la inflación. Todo ello requerirá el despliegue del presupuesto público.

Las cuentas también deberían estructurar, o al menos prever, la subida de sueldo de los funcionarios. El último acuerdo, para los años 2022, 2023 y 2024, contemplaba un incremento del 9,5% acumulado, del que los últimos 0,5 puntos se han empezado a pagar hace pocos meses. Los aumentos de 2025 y 2026 todavía no se han empezado a negociar, pero podrían tener que desembolsarse con efectos retroactivos a partir del año próximo.

Las cuentas también recogerán un aumento del gasto de defensa y seguridad tras el acuerdo alcanzado con los socios de la OTAN para elevar estos compromisos a una cantidad equivalente al 2% del PIB. Aunque el Gobierno ha avanzado en este objetivo a lo largo de este ejercicio, deberá mantener el esfuerzo en 2026, una decisión que le puede complicar la aprobación de los Presupuestos por la oposición de los socios del ala izquierda.

También habrá un aumento del desembolso en el gasto por intereses. Aunque se espera que se siga reduciendo la ratio de deuda pública, el volumen de pasivos financieros seguirá al alza y obligará a elevar el gasto financiero.

El camino en el Congreso se anticipa complejo. Antes de que se presenten los Presupuestos, el Gobierno llevará primero la senda fiscal y el techo de gasto al Parlamento, previsiblemente antes de que termine septiembre. En esta fase inicial, el verdadero desafío es el reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas (Estado, comunidades, entidades locales y Seguridad Social), un proceso que suele ser extremadamente delicado. Lo que se asigne a las comunidades autónomas será determinante, ya que afectará directamente a la votación de socios clave como Junts, cuyos apoyos son esenciales para garantizar mayorías. La formación catalana, de hecho, ya tumbó la senda propuesta el verano pasado, de nuevo junto a PP y Vox.

El Ejecutivo sabe que la negociación no termina con la aprobación de la senda fiscal, si es que esta logra recibir luz verde. Después vendrá el debate y la votación de los propios Presupuestos, que deberán negociarse partida a partida con unos aliados parlamentarios con posiciones muy distintas entre sí y que, en algunos casos, no dan su brazo a torcer. El éxito dependerá tanto de la solidez del plan como de la capacidad del Ejecutivo para equilibrar las expectativas de gasto social y de inversión con la disciplina fiscal y los intereses de cada grupo.

Dadas las dificultades, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que seguirá con la legislatura aunque no logre sacar adelante las cuentas. “Vamos a pelear para aprobar los Presupuestos. Si los tumban, seguiremos con los que tenemos”, dijo recientemente en una entrevista en RTVE. Esa postura, defendida después por otros miembros del Ejecutivo, desincentiva de alguna forma el acuerdo del resto de grupos políticos y trata de quitar presión a la negociación.