La justicia avala al Ibex para reclamar una suma millonaria a Hacienda por la reforma fallida de Montoro de 2016

Hacienda se enfrenta a una cascada de reclamaciones millonarias de las empresas más grandes en España. En las últimas semanas y meses, la Audiencia Nacional ha emitido más de sesenta fallos judiciales a favor de corporaciones que reclamaban la devolución de los impuestos pagados por la reforma tributaria de Cristóbal Montoro en 2016, y que fue anulada hace año y medio por el Tribunal Constitucional.

Entre las compañías que ya cuentan con aval judicial para recibir lo que abonaron de más en sociedades se encuentran multinacionales del Ibex-35 o firmas internacionales líderes en sus sectores como Telefónica, Orange, Mapfre, ACS, Abertis, Roadis, Unilever, Coca-Cola, Porcelanosa, NH Hotels, Engie, Galp, Atresmedia, Mediapro, Natixis, Société Générale, Ferroatlántica o Sovena, entre otras decenas de empresas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo que está resolviendo sobre esta cuestión esgrime la inconstitucionalidad de la reforma del exministro del PP para estimar los recursos de las compañías. En los mismos, además, la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de la Administración, se ha allanado. Es decir, ha desistido de defender esta causa para las arcas públicas tras el fallo del 18 de enero de 2024 del Constitucional.

Dicha sentencia del máximo intérprete de la Constitución entendía que se había visto afectado el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, establecido en el artículo 31.1 de la Carta Magna. La medida se introdujo a raíz del real decreto-ley para la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, aprobado el 2 de diciembre de 2016. Para el tribunal de garantías, este instrumento no era el adecuado para retocar el impuesto, ya que este no permite “afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos”, como es el deber de tributación.

La medida buscaba hace ya casi una década que se aumentara la recaudación pública en 4.650 millones de euros. Para ello, se fijaron topes severos a la compensación de bases imponibles negativas que aplicaban los grandes grupos, entre otros cambios. Este freno a la deducibilidad de pérdidas impedía reducir las bases imponibles sobre las que Hacienda aplica el impuesto de sociedades a las ganancias de las empresas, lo que implicaba un mayor pago de impuestos. Meses más tarde de conocerse el fallo del Constitucional, Hacienda consideró que la factura a pagar a las empresas por esta causa se podría elevar hasta los 3.000 millones de euros, una cifra que algunos expertos ven conservadora.

Hasta ahora, los registros de Hacienda están por debajo, por lo que la avalancha de sentencias a favor de las compañías augura que el fisco aún está por encajar buena parte el golpe. Hasta junio de 2025, se han practicado ya devoluciones por valor de 184 millones de euros, según el último informe presentado por la Agencia Tributaria. Durante 2024, se habían devuelto por esta causa 1.089 millones de euros.

El pasado mes de marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) explicó que la sentencia tendría un impacto económico significativo para Hacienda, aunque difícil de medir con precisión por la falta de información disponible. Hasta la fecha, indicó la Autoridad Fiscal, la Cuenta General del Estado de 2023 (la diferencia de años se explica por temas de contabilidad y devengo) incluía una provisión de 1.200 millones de euros para afrontar las devoluciones a los contribuyentes afectados por la anulación de determinados apartados de la norma en cuestión.

Estas disposiciones, declaradas inconstitucionales, modificaban aspectos esenciales del impuesto y afectaban principalmente a grandes empresas. Entre los conceptos anulados destacaban la limitación para compensar bases imponibles negativas, pero también la reducción al 50% de las deducciones por doble imposición y la integración obligatoria de pérdidas por deterioro de valores previamente deducidas.

Para evitar que la grieta fiscal se agravara, el Gobierno acudió a la vía legislativa con el objetivo de taponar esta pérdida de ingresos y blindó el impuesto a futuro. El 10 de marzo de 2024, menos de dos meses después del fallo del Constitucional, el PSOE registró una enmienda al decreto anticrisis para reformar de manera urgente el impuesto de sociedades con el fin de compensar la pérdida recaudatoria que implicaba la sentencia del órgano que representa la máxima autoridad de interpretación de la Carta Magna. Finalmente, el cambio fue aprobado en trámite parlamentario ―la vía que el Constitucional reclamaba para la reforma de 2016― en diciembre de 2024, junto a otra serie de cambios tributarios. De no haber logrado luz verde, el Estado habría perdido alrededor de 5.000 millones de euros, según los cálculos que difundió en ese momento la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero.

La avalancha de sentencias contra la reforma de Montoro llega en uno de los momentos más delicados para el exministro. Un juzgado de Tarragona ha imputado al último titular de Hacienda del PP y otras 27 personas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental por la supuesta relación del exministro y algunos de sus altos cargos con el despacho que él mismo fundó, Equipo Económico.

Otros sonados golpes a Hacienda

El varapalo judicial contra la reforma Montoro no es el único golpe del Ibex al que tendrá que hacer frente Hacienda en los próximos meses. Las grandes multinacionales españolas ya han planteado una reclamación de más de 2.500 millones de euros después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les haya dado la razón en la aplicación de deducciones aprobadas por el Gobierno de Aznar en 2001 que posteriormente fueron cuestionadas por Bruselas.

Telefónica, Iberdrola o Ferrovial ya han solicitado al fisco cantidades que superan los 2.500 millones de euros, pero la factura podría elevarse hasta los 10.000 millones de euros, según señalan los expertos. En el frente judicial contra la Comisión Europea por esta causa también está el Banco Santander, Agbar (hoy propiedad de Veolia), ArcelorMittal, Abertis o la filial de Axa en España.

Esta causa se suma a otras sustanciadas en los últimos años. Compañías como Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Naturgy o Endesa han recibido cantidades próximas a los 5.000 millones de euros por el canon hidráulico, los activos fiscales diferidos generados tras la crisis de 2008 y otras disputas judiciales.

Frente a las anteriores reclamaciones, el actual Gobierno impuso nuevos gravámenes temporales sobre energéticas y banca por lo que entiende fueron beneficios extraordinarios derivados de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que provocó una crisis energética y una fuerte subida de tipos de interés del que creía Hacienda se estaban beneficiando. Los bancos, que han vuelto a obtener beneficios récord en la primera mitad de 2025, siguen pagando este gravamen. Tanto energéticas como bancos tienen recurridos estos tributos y esperan que los tribunales les den la razón y acaben recuperando más de 7.000 millones pagados entre 2023 y este 2025.