Las grandes empresas del Ibex lanzan una reclamación millonaria a Hacienda por ayudas de la era Aznar

El Ibex activa una reclamación histórica contra Hacienda después de una pelea judicial contra Bruselas de más de 15 años. Tras lograr un fallo definitivo a su favor por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 26 de junio, compañías como Telefónica, Iberdrola o Ferrovial ya han solicitado al fisco cantidades que superan los 2.500 millones de euros, según desvelan en documentación remitida a sus inversores.

Pero el agujero al que se enfrentan las arcas públicas españolas puede ser mucho más amplio, ya que en el frente judicial contra la Comisión Europea por esta causa también está el Banco Santander, Agbar (hoy propiedad de Veolia), ArcelorMittal, Abertis o la filial de Axa en España. Fuentes comunitarias estimaban desde hace años que este caso sobre posibles ayudas de Estado, ahora validadas por la más alta institución judicial a nivel europeo, podría alcanzar cerca de 8.000 millones de euros. 4.000 millones en deducciones ya hechas en las últimas dos décadas —muchas de las cuales ya habían sido devueltas— y otros 4.000 millones en potenciales activos fiscales que ahora tendrá que aceptar la Agencia Tributaria. El abogado Juan Ignacio Navas Marqués, experto en derecho comunitario, asegura que el impacto para las empresas podría superar los 10.000 millones de euros.

El origen de este caso está en una modificación de la Ley 24/2001 aprobada por el Gobierno de José María Aznar, en la que permitía a empresas españolas que compraran otras compañías en el extranjero deducirse parte del fondo de comercio financiero que generaban. Es decir, que las empresas podían evitar el pago de parte del impuesto de sociedades.

El objetivo del Ejecutivo del PP, cuya política económica estaba liderada por el entonces superministro Rodrigo Rato, era fomentar el crecimiento de las multinacionales españolas y poder crear campeones nacionales. Con este régimen fiscal, Santander, Iberdrola, Telefónica o Ferrovial, que trasladó su sede a Países Bajos en 2023, se lanzaron a comprar compañías en otros países como Reino Unido (Abbey, Scottish Power, O2 o Amey, por ejemplo), EE UU o Brasil, una expansión que hoy les permite tener un negocio mucho más diversificado y menos expuesto a la situación en España.

Sin embargo, estas ayudas no gustaron a algunas empresas europeas competidoras de las firmas del Ibex, que entendían que las compañías españolas jugaban con ventaja en los procesos de compra. Alemania y Francia tenían legislaciones fiscales más duras. Ante este escenario, presionaron a sus europarlamentarios para que exigieran a la Comisión Europea que considerara estas bonificaciones fiscales como ayudas de Estado incompatibles con el régimen comunitario. Dicha presión de países con mucha ascendencia en Bruselas consiguió que se abrieran expedientes contra España para que Hacienda recuperara el capital deducido. La Comisión tomó tres decisiones, en 2009, 2011 y 2014, contra este marco tributario español.

Pero tanto las empresas como la propia España, ya bajo el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, se mostraron contrarios a la decisión de la Comisión. Tanto la abogacía del Estado como las compañías, representadas en este caso por despachos como Garrigues, Cuatrecasas, Pérez-Llorca o la oficina española de Latham & Watkins defendieron las bonificaciones ante la justicia europea hasta la victoria definitiva de hace poco más de un mes.

Según explica el despacho de abogados Garrigues, “la tercera decisión de la Comisión sobre el fondo de comercio financiero, adoptada por la Comisión Europea en 2014, eliminó la confianza legítima reconocida en dos decisiones previas (de 2009 y 2011) para las empresas que hubieran adquirido de manera indirecta (mediante la adquisición de una entidad holding) sus participaciones en el exterior antes de que la propia Comisión iniciara el procedimiento de investigación por ayudas de Estado sobre la materia. Por tanto, obligaba a la recuperación de todas las deducciones fiscales aplicadas en la adquisición indirecta de participaciones en el exterior, con independencia de la fecha en que se hubieran producido”.

Por ello, el bufete concluye que “según el tribunal, es correcta la interpretación del Tribunal General de la Unión Europea —institución previa al TJUE que ya se pronunció sobre este caso en 2023— según la cual la Comisión erró al concluir que las adquisiciones indirectas de entidades extranjeras no se podían beneficiar de la confianza legítima ya reconocida en las dos primeras Decisiones”.

“Los operadores económicos tenían derecho a confiar en la legalidad de las disposiciones fiscales aplicables en el momento en que realizaron sus inversiones”, señala la reciente sentencia del TJUE. De esta forma, la pugna del Ibex y la Abogacía del Estado ha terminado validando la legislación fiscal del gobierno de Aznar que mantuvo Zapatero y Rajoy. Varios altos cargos y ministros de entonces acabaron posteriormente en las empresas beneficiadas por dicho régimen tributario.

Hasta la victoria final en el TJUE hace poco más de un mes, las decisiones que fue adoptando Bruselas obligaron a Hacienda a solicitar a las empresas del Ibex a que devolvieran dichas bonificaciones y dejaran de aplicarse las deducciones, ya que el régimen contemplaba la amortización del fondo de comercio durante 20 años a razón de un 5% al año después de la compra de las compañías. Todo eso, más los intereses de demora correspondientes, es lo que ahora están pidiendo las empresas.

Por el momento, Telefónica, Iberdrola o Ferrovial, que devolvieron estas ayudas, ya han pedido la recuperación de unos 1.500 millones, 760 millones y 51 millones, respectivamente, a lo que habrán de sumarse los citados intereses, destacan las compañías en sus informes de auditoría y confirman fuentes al tanto del caso. Además, Hacienda verá cómo estas empresas pueden reducir la base impositiva sobre el impuesto de sociedades, una vez que Europa ha validado este régimen fiscal.

Esta no es la primera vez que los grandes del Ibex logran una sonada victoria en los tribunales que obligue a Hacienda a devoluciones milmillonarias. Compañías como Santander, BBVA, Telefónica, Ibedrola, Naturgy o Endesa han recibido cantidades próximas a los 5.000 millones de euros por el canon hidráulico, los activos fiscales diferidos generados tras la crisis de 2008 y otras disputas judiciales. En paralelo, el actual Gobierno impuso nuevos gravámenes temporales sobre energéticas y banca por lo que entiende fueron beneficios extraordinarios derivados de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que provocó una crisis energéticas y una fuerte subida de tipos de interés del que creía Hacienda se estaban beneficiando. Los bancos, que han vuelto a obtener beneficios récord en la primera mitad de 2025, siguen pagando este gravamen.