La falta de acuerdo social y político pone en riesgo las nuevas cuotas de autónomos

Los trabajadores autónomos encaran el otoño sin saber a ciencia cierta qué cuotas a la Seguridad Social tendrán que pagar mes a mes en 2026. Esta incertidumbre obedece a que el Gobierno aún tiene que intentar pactar la siguiente fase del nuevo sistema de cotizaciones, empezando con las asociaciones de este colectivo para que el Parlamento convalide después las futuras cuotas. Para que el procedimiento —que se prevé implantar gradualmente cada tres años hasta 2032— esté listo a tiempo, ambos pasos deberían darse antes de fin de año. Pero la previsible falta de acuerdo social y la dificultad del Ejecutivo para encontrar apoyos parlamentarios amenazan con dar al traste con el nuevo sistema, según distintas fuentes consultadas. Eso obligaría a prorrogar los tramos actuales de cotización.

El Ejecutivo arrancó la mesa del diálogo social en esta materia con patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos a mediados de julio. Pero quedaron en concretar el inicio de las negociaciones a la vuelta del verano. Estas conversaciones —de las que debería salir el nuevo esquema de tramos y cuotas para el periodo que va de 2026 a 2028— ya se prevén difíciles ante los planteamientos antagónicos que expresan las asociaciones ATA (integrada en la patronal CEOE) y UPTA (vinculada a UGT).

De hecho, en la convocatoria a los agentes sociales que hizo la Secretaría de Estado de la Seguridad Social el 14 de julio, ya hubo una ausencia significativa: la del presidente de ATA, Lorenzo Amor. Este ha dicho que no acudirá a negociar con el Gobierno si antes no se corrigen los defectos detectados en el primer proceso de regularización de cuotas.

En enero de 2023, los trabajadores autónomos estrenaron un modelo de cotizaciones a la Seguridad Social que impedía seguir eligiendo cuánto aportaban a la caja del sistema público. La libre elección de la base de cotización se cambió por una serie de tramos en los que debían encuadrarse en función de cuáles fueran sus ingresos reales declarados.

Dado que dicho encuadramiento es voluntario, la Seguridad Social y Hacienda deben hacer una regularización de lo pagado por cada autónomo para comprobar si estos han contribuido más o menos de lo que les correspondería. Y el Gobierno ya ha realizado la primera de estas regularizaciones, entre finales del año pasado y principios de este, cuyos resultados no han gustado por igual a las asociaciones del colectivo.

ATA reclama que antes la Seguridad Social solucione la sobrecotización que se aplica a los autónomos pluriempleados. También la situación de aquellos que no están obligados a presentar la declaración de la renta, por distintos motivos, y a los que no se les han respetado las bases de cotización de diciembre de 2022, como se les había dicho.

Pero estas no son las dos únicas exigencias de la asociación vinculada a la CEOE, y considerada la de mayor representación del sector, para sentarse a negociar. Sus quejas se extienden a la necesidad de recibir una evaluación más detallada de los efectos de la implantación del nuevo modelo: “No sabemos cuánto más se ha recaudado por sectores, número de asalariados”, indican fuentes de la dirección.

En UPTA, por contra, sostienen que sí se han facilitado datos globales agregados que apuntan a que el nuevo modelo ha generado 600 millones más de ingresos. El presidente de la organización, Eduardo Abad, indica a este periódico que espera que el nuevo sistema salga adelante con el acuerdo de ATA o sin él. Para la segunda fase, reclama unos tramos con cuotas más altas para los autónomos que más ganan y otros, con tarifas aún menores, para quienes ingresan menos.

Cese de actividad

En lo que sí están de acuerdo todas las asociaciones es en reclamar al Gobierno una propuesta de mejoras para el acceso a la prestación por cese de actividad de los autónomos. Esgrimen que, según datos facilitados por la Seguridad Social, el pasado año se rechazaron alrededor del 60% de las solicitudes de esta prestación. Ello a pesar de que se recaudaron unos 370 millones por este concepto (cotización para el cese de actividad) y solo se gastaron alrededor de 112 millones. A esto se suma un fondo acumulado de más de 1.400 millones no gastados de años anteriores, indican fuentes del sector.

En este punto, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, tendió la mano recientemente al asegurar que el Ejecutivo está dispuesto a incluir mejoras. Y enmarcó estas en las negociaciones para diseñar la segunda fase del esquema de cotización por ingresos reales. Cuestión distinta es que se acepte la exigencia de los autónomos de equiparar la prestación de cese a la de desempleo de los asalariados, eliminando el requisito de acreditar pérdidas en el último año, algo a lo que el Ejecutivo ha sido reticente hasta ahora.

A esto se añade otra demanda en materia de protección social delicada por su coste: desde UPTA pretenden incluir también en la mesa la petición para que las pensiones más bajas suban siempre por encima del resto. Asimismo, esta asociación quieren arrancar al Ejecutivo una cuota especialmente baja para los artistas, para que no se vean obligados a recurrir a falsas empresas de facturación para cotizar, explica Abad.

Su llegada al Congreso

Las desavenencias entre asociaciones complican un pacto social con el que el Gobierno podría avalar el futuro modelo en el Parlamento. “No vamos a pactar ninguna subida de cotizaciones”, insisten en ATA. Y recuerdan que la primera fase del modelo salió adelante en el Congreso con el respaldo de partidos de derechas, como el PP y el PNV, “porque la reforma llevaba el aval de las asociaciones de autónomos”.

En la asociación vinculada a la CEOE recuerdan unas palabras que dijo recientemente su presidente. Este aseguró que las elecciones andaluzas de 2026 “harán muy difícil que los partidos apoyen una subida de cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia”. Y agregan que será igualmente caro perseguir los votos de Junts porque entre su electorado hay un buen número de autónomos.

Sin embargo, Abad asegura que UPTA ha tanteado a los partidos. De momento, indica, ningún partido como PNV o Junts se ha negado a apoyar una reforma que suba las cotizaciones a los que más ganan y se las bajen a los que menos.

El tiempo apremia y cada día que pasa es más complicado que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, cumpla el compromiso de aprobar la segunda fase del sistema antes de fin de año. Los negociadores recuerdan que para pactar la primera fase del sistema hizo falta todo un año de negociaciones. Y eso que entonces había prisas porque la reforma era un hito incluido en los planes de Bruselas para pagar a España parte de fondos europeos. Estos se pagaron, pero el presidente de UPTA considera que ahora corren riesgo: “Si no logramos seguir implantando el modelo, España podría tener que devolver parte de los fondos”, recuerda.