Comunidades y agricultores hacen piña para bloquear el recorte de las ayudas al campo

Comunidades autónomas y sector agrario y ganadero han hecho piña con un objetivo común: frenar la propuesta presupuestaria de Bruselas que prevé recortes de más del 20% para el campo y el desarrollo rural dentro del nuevo marco financiero 2028-2034 de la Política Agraria Común (PAC). Un tijeretazo que forma un cóctel aún más nocivo si se tiene en cuenta que llega tras el anuncio de un arancel del 15% a todas las exportaciones comunitarias a Estados Unidos o la amenaza comercial que, creen, supone el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur.

El sector considera que con la actual propuesta las ayudas agrarias quedarán diluidas en una bolsa común donde también habrá presupuesto para otros fondos y pudiendo haber intercambio entre las diferentes partidas presupuestarias. Además, serán los estados miembros quiénes gestionarán sus propios programas nacionales (agricultura, cohesión, desarrollo territorial, etc.) mediante un control superficial comunitario. “Esto significa, en la práctica, la renacionalización de la PAC. Es decir, un cambio drástico en la forma en que se gestiona esta política, pasando de una gestión comunitaria como la actual a una gestión nacional por parte de los estados miembros”, indican desde la patronal Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha mantenido ya varios encuentros con representantes de comunidades autónomas, organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y entidades medioambientales para fijar los intereses españoles ante la PAC post 2027. El ministro, Luis Planas, no ha ocultado su “gran preocupación” porque “todo” lo que la Comisión Europea “ha venido diciendo en los últimos dos años sobre la centralidad del sector agroalimentario, no se cumple” y “no se corresponde” con el pedido de 20 de los estados miembros, entre ellos España.

El impacto que tienen las ayudas comunitarias en el campo andaluz se evidencia con el hecho de que este año 582.085 agricultores y ganaderos ha presentado la solicitud única de las ayudas de la PAC. Estas solicitudes comprenden cerca de 22,1 millones de hectáreas declaradas, ligeramente inferior a la solicitada en la campaña 2024 (-0,5%). También el número de explotaciones agrarias que solicitan las ayudas mantiene la tendencia a la baja de los últimos años, que en esta ocasión ha sido de un 2,7 % con respecto a la campaña anterior. Hay menos explotaciones solicitantes, pero las explotaciones son de mayor dimensión. “Este dato es indicativo del mantenimiento de la actividad económica y medioambiental que desempeña el sector agrario en España, así como de su mayor profesionalización”, resaltan desde el Ministerio.

En Andalucía, que es la comunidad con mayor peso en el sector agrario y también la más amenazada por los recortes presupuestarios, el gobierno andaluz y el sector agrario han creado un frente común para rechazar el recorte presupuestario. En el actual marco (2023-2027) la comunidad va a recibir 8.900 millones, de los cuales 6.700 son ayudas directas (con el olivar como principal beneficiario) y otros 1.460 millones han llegado para desarrollo rural, el pilar que ahora está más en entredicho.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, alerta de las drásticas consecuencias que pueden tener los cambios en la PAC para el campo andaluz. De hecho, estima que el diseño del actual Plan Estratégico va a suponer pérdidas de casi 500 millones de euros para la comunidad al final del periodo.

“No lo vamos a permitir” ha dicho el consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que ha exigido al Gobierno de España que utilice todos los mecanismos que estén a su alcance para bloquear esta propuesta en el Consejo de ministros de la Unión Europea. “España puede y debe frenarla. Y desde Andalucía lo exigimos con firmeza”. Según el consejero, a día de hoy, Andalucía ya viene perdiendo más de 100 millones de euros anuales con el actual reparto de fondos diseñado por el Gobierno de España, un reparto “injusto” y “desconectado del modelo productivo andaluz”, apunta.

En Extremadura preocupan sobre todo los recortes en las ayudas a los cultivadores de tabaco, a los productores de vino y a los agricultores que pretendan jubilarse. El presidente de Asaja en esta comunidad, Ángel García Blanco, ha alertado de que la propuesta “supondrá la desaparición del cultivo del tabaco, por dos decisiones, la desaparición de las ayudas agroambientales que suponen 800 euros por hectárea, que suben a los 1.000 si se utiliza la biomasa para el secado y la eliminación de la región número 10, exclusiva del tabaco que afecta a casi 8.000 hectáreas y que suponen 1.430 euros incluyendo la ayuda básica y la redistributiva”. Son, dice, casi 1.200 cultivadores que dejarían de percibir 19 millones de euros. Y añade que la Unión Europea pretende también eliminar todo tipo de ayuda al sector del vino que, con 83.000 hectáreas, es el tercer gran cultivo de la región después del cereal y del olivar.

En Castilla y León hablan de pérdidas anuales de 60 millones con la propuesta para el nuevo marco financiero. “En ningún momento se habla de la comercialización, en ninguno de sus aspectos, y se deja todo en manos de los mercados, y tampoco de la agricultura y ganadería profesional, que es la que predomina en Castilla y León”, indica Donaciano Dujo, presidente de la patronal agraria Asaja en esa comunidad.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha tachado de “brutal” el cambio en la PAC y ha avanzado que la comunidad autónoma “va a dar la pelea junto con las organizaciones agrarias”. “No nos esperábamos que, después de un proceso de elecciones europeas que estuvo protagonizado por protestas del campo a lo largo y ancho de toda Europa, la reacción del nuevo Gobierno de los conservadores en Europa fuera recortar la PAC”, ha dicho.

En Aragón, que recibe en torno a 550 millones de euros anuales de los fondos FEAGA y FEADER, ―los instrumentos financieros clave de la PAC―, aseguran que con el recorte presupuestario del 20% la comunidad dejaría de recibir más de 100 millones cada año. La secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), Isabel Lasobras, habla de “gravísimo impacto” y ha criticado el hecho de que “las decisiones se estén tomando desde despachos de Bruselas sin pisar la tierra”.

“Que se prepare la Comisión Europea para la resistencia del campo. Los tractores volverán a las carreteras. Es una propuesta inaceptable”, afirma con rotundidad Miguel Padilla, secretario general de COAG.