Sumar acusa al PSOE de bloquear los permisos laborales: “No muestra la voluntad política suficiente”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe una serie de permisos laborales para madres y padres. Es un compromiso del acuerdo de Gobierno, cuya falta de implementación implica una multa diaria de Bruselas de 9.000 euros a España, que a partir de agosto escalará hasta los 40.000. Este sábado, a tres días de la última reunión del gabinete previa al parón veraniego, fuentes de Sumar han trasladado su enfado por la falta de avances en el diálogo con los socialistas.

“Las negociaciones con el Partido Socialista no están avanzando como debieran. La parte socialista del Gobierno no ha mostrado hasta ahora la voluntad política suficiente para alcanzar un acuerdo satisfactorio y cumplir los compromisos de este Gobierno de coalición con el bienestar y la conciliación de las familias españolas”, indican desde el grupo que dirige Díaz. También dicen que la aprobación de estos permisos para madres y padres es “una condición imprescindible para asentar la viabilidad de este Gobierno y de la legislatura”.

Desde Sumar vienen apuntando a un departamento específico del Gobierno como el culpable del bloqueo: el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. A la vez, las mismas fuentes subrayan este sábado que no se van a “levantar de la mesa” hasta “garantizar que el acuerdo de gobierno se cumple y esta conquista social sale adelante”.

La norma abarca tres tipos de medidas. Por un lado, está la ampliación de los permisos por nacimiento para madres y padres de 16 a 20 semanas. Por otro, el incremento hasta las 34 semanas en el caso de las familias monomarentales, que actualmente está en 26. Como tercera pata, la ley incluye la retribución de cuatro de las ocho semanas de los permisos para el cuidado de hijos, que se aprobaron ya la pasada legislatura pero sin remunerar.

“Hemos sido muy claros respecto a la absoluta urgencia de cumplir con el acuerdo de Gobierno y aprobar esta norma en el Consejo de Ministros del día 29 de julio”, continúan desde Sumar, antes de destacar que estas medidas son “un compromiso del acuerdo de coalición y una obligación con la ciudadanía que nos votó”.

“No hay una sola razón que justifique retrasar, bloquear o rebajar una norma que va a permitir que las familias tengan más tiempo para cuidar y para cuidarse”, agrega Sumar, antes de, en la misma línea que los últimos días, reclamar un impulso a la agenda social: “Hemos dicho de forma muy clara en este último mes que la legislatura necesita un reseteo social. Que el Gobierno de España tiene que seguir siendo una excepción a la ola reaccionaria que recorre el mundo, transmitir un horizonte claro a la ciudadanía y dar sentido a la política mejorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras del país”.

Con estas reflexiones, Sumar intenta presionar al PSOE para aprobar al menos esta medida antes del parón veraniego. Lo hace días después de la jornada en que estaba previsto que se votaran las enmiendas a la reducción de jornada, debate que se aplazó por el riesgo de que la medida no prosperase. Junts, imprescindible para el éxito de la contracción del tiempo de trabajo, mantiene su enmienda a la totalidad, pero a la vez indica que sigue negociando con el ministerio de Díaz.

Estatuto del becario

Otra medida de la que se ha hablado estos días y que no se aprobará en el último Consejo de Ministros del curso es el estatuto del becario. Díaz consiguió esta semana la luz verde de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que controla el Ministerio de Economía, el paso previo a la aprobación en el Consejo de Ministros, pero fuentes de Trabajo confirman que no accederá a él hasta pasado el verano.

Cuando Trabajo cerró hace dos años el acuerdo con los sindicatos, varios socios del Ejecutivo (tanto a izquierdas como a derechas) dejaron claro que no les gustaba la norma, cuyas dos medidas estrella son la limitación de las prácticas extracurriculares (en las que más precariedad se concentra) y la compensación de los gastos de los estudiantes (no obligará a remunerar al becario, pero sí a abonarle el gasto del transporte y similares). También rechazaron este planteamiento las patronales y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que advirtieron de la amenaza a la viabilidad de muchas prácticas.

El ministerio de Díaz sostiene que no habrá cambios sustanciales respecto al que pactaron con los sindicatos, el mismo que la parte socialista del Gobierno dijo hace dos años que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Como pasa con tantas otras normas, si no hay acuerdo, la ley podría quedar aparcada en el Congreso sine die.