Adif destituye al director general de Negocio a los cuatro meses de su nombramiento

El caso Koldo continúa provocando cambios en la cúpula de Adif. El hasta ahora director general de Negocio y Clientes de Adif, Juan Pablo Villanueva, nombrado en marzo, ha dejado de ocupar el cargo, según han confirmado fuentes del gestor de las infraestructuras ferroviarias a este medio sin ofrecer motivos de su cese. Según adelantó el diario El Confidencial a última hora del miércoles, Adif prescindió “de manera fulminante” a Villanueva, un hombre de confianza de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif investigada por cinco delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Desde 2018 y hasta su nombramiento como director general de Negocio, Villanueva había desempeñado la doble responsabilidad de director general de Construcción y director general de Adif Alta Velocidad. El pasado 5 de marzo, Adif finalizó la remodelación de su estructura directiva de primer nivel con el nombramiento de los responsables de las cinco direcciones generales que el consejo de administración de la entidad había creado en enero.

Villanueva fue director general de Construcción y de Adif Alta Velocidad durante el mandato como presidenta de Adif de Isabel Pardo de Vera, que ocupó el cargo entre 2018 y 2021. Como responsable de Negocio y Clientes Villanueva tenía encomendada la gestión comercial y patrimonial de Adif, la mejora de las estaciones, la potenciación de las plataformas logísticas y el diseño y desarrollo de proyectos singulares.

El administrador de la infraestructura ferroviaria Adif acometió la renovación de su estructura directiva en marzo, poco antes de que se destapara el conocido como caso Koldo que ha llevado a los tribunales a su expresidenta, Isabel Pardo de Vera. Adif cuenta en total con seis direcciones generales: tres de carácter corporativo y tres operativas.

Pardo de Vera declarará en la Audiencia Nacional el próximo 21 de julio junto al ex director general de Carreteras, Javier Herrero. La también secretaria de Estado de Transportes ya estaba imputada en la causa por otros hechos: la supuesta contratación irregular de Jésica R., antigua pareja del exministro socialista, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Los domicilios de ambos exdirectivos fueron registrados el pasado 26 de junio por la Guardia Civil. Ese día los agentes también acudieron a las sede de Transportes y Adif a por documentación de adjudicaciones. Seis días antes ya habían requerido al ministerio los expedientes de licitación de 11 licitaciones de obra pública en ocho comunidades autónomas bajo sospecha, cinco de Adif y seis de Carreteras.

Las acusaciones contra ambos altos cargos se sustentan principalmente en el informe que la UCO realizó sobre las conexiones de la trama Koldo. Este documento policial fue enviado al magistrado de Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye parte de la causa por la presencia en la trama de Ábalos, que conserva su acta de diputado y, por tanto, está aforado. Tras su lectura, Puente pidió a la Audiencia Nacional que imputase a Pardo de Vera y a Herrero al considerar que el documento policial recogía “indicios consistentes” de que ambos “hubieran podido prestar asistencia” a la trama para conseguir los contratos millonarios bajo sospecha.

La UCO destacaba un mensaje de Herrero a Koldo García en el que hablaba de “tener más control” sobre las adjudicaciones se producía después de que una de las empresas sospechosas de haber sido beneficiada por la trama, la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR), perdiese un concurso público. De hecho, tras aquel mensaje vino otro del director de Carreteras al mismo interlocutor: “Estoy apretando en Asturias”. Los investigadores vinculaban esa afirmación con que, posteriormente, OPR ganó el proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias), tras haber “obtenido la puntuación técnica más alta y siendo la décima oferta más económica”, recalcaba el documento policial. La sede de OPR y los domicilios de sus dos principales directivos, los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, fueron registradas por la Guardia Civil el 10 de junio.