Deuda, pensiones y defensa: el fin de la abundancia

Se acabó la era de la abundancia. La combinación de pensiones, deuda y defensa aboca a España a décadas de austeridad, según los números que hacen el Banco Central Europeo y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Dicho esto, se trata de esfuerzos que ya se han hecho en otros momentos, como entre 2014 y 2018, y siempre que la economía aguante. Consistirían en frenar el crecimiento del gasto público y que este solo avance a tasas del 3% en lugar del 4% que subiría por inercia. Al final, esto se traduciría en que muchas partidas irían poco a poco perdiendo peso en la tarta de la riqueza nacional en favor de esta trinidad que de otra forma sería imposible de mantener. Serán tanques y pensiones sobre todo el resto.

La Autoridad Fiscal ha calculado que por cada medio punto de PIB que aumente el gasto en defensa habrá que ajustar al año un 0,13% del PIB durante cuatro ejercicios. Es decir: un 0,52%. Alcanzar el 2,1% del PIB en gasto militar conllevaría un ajuste cercano al punto de PIB. Y llegar al 3,5% del PIB implica un ajuste total en las cuentas públicas superior a 2 puntos de PIB. En euros, la cifra que habría que ajustar por defensa son más de 30.000 millones con el PIB actual. Es el equivalente a casi la mitad del gasto en educación, unos 63.000 millones, o un tercio más que el desembolso en prestaciones de paro, situado en 23.000 millones. La vivienda solo tiene un presupuesto del 0,5% del PIB, unos 7.000 millones.

La buena noticia es que estos ajustes no serían inmediatos: se irían dosificando año a año durante 16 ejercicios hasta 2040, según cálculos que hace la Airef basándose en los planes fiscales cuatrienales que hay que presentar a Europa. Es decir, el ajuste se estructuraría en cuatro planes haciéndolo mucho más digerible. La mala noticia es que esta austeridad puede durar mucho tiempo.

Para alcanzar el 5% del PIB en defensa comprometido con la OTAN, España podrá incluir en el 1,5% restante otras rúbricas como seguridad, ciberseguridad, fronteras o infraestructuras, y esto sería relativamente más fácil de justificar con partidas existentes.

A este esfuerzo habrá que sumar el que ya había que abordar para hacer frente al envejecimiento y la deuda. La Autoridad Fiscal estimaba, sin contar la defensa, un ajuste necesario de 3,16 puntos de PIB a distribuir en 16 años hasta 2040. El Gobierno ya se ha comprometido con Bruselas en su plan fiscal a 1,68 puntos del PIB entre 2025 y 2028, aunque no ha concretado cómo va a hacerlo. Y harían falta otros 1,48 puntos adicionales en los años siguientes hasta 2040. Esto permitiría poner la deuda en una senda descendente tal y como exigen las reglas europeas. Pero ahora además habrá que sumar al menos cerca de un punto de ajuste por el 2,1% de desembolso en defensa. Y para el 3,5% el ajuste total por deuda, envejecimiento y defensa se colocaría en el 5% del PIB, unos 75.000 millones, divididos en los 16 años de planes fiscales. Por dar una idea, es casi el 60% de toda la recaudación por IRPF.

Otra forma de ilustrarlo es tomando las cuentas cerradas del 2024: de los más de 30.000 millones que aumentó el gasto público, unos 9.000 millones se correspondieron con la remuneración de los empleados públicos; otros 3.000 se debieron a la subida de intereses, y 17.000 fueron por las prestaciones sociales, de las que las pensiones se llevaron la mayor parte. En estos números habría que hacer hueco a un incremento del gasto en defensa entre 3.000 y 5.000 millones, según al ritmo al que se haga. A la luz de estas cifras, el espacio para cualquier otro desembolso va a quedar muy reducido. Ya en la crisis de 2008 los ajustes fueron en detrimento de la inversión, recuerda Rafael Doménech, economista del BBVA.

Siempre se podrá rascar algún punto de PIB en recaudación, reduciendo el esfuerzo por el lado del gasto. Pero conforme los ingresos públicos se acerquen al 45% del PIB, habrá una mayor resistencia a las subidas de impuestos. “Cuánto se podrá financiar con impuestos será otro debate para los próximos años”, dice Francisco de la Torre, inspector de Hacienda. Y agrega que si se suben los indirectos conllevará subidas de precios y, por tanto, alzas mayores en el gasto en pensiones.

Las cifras del BCE

La Airef no es el único organismo que hace estos números: hace unas semanas, el BCE señalaba en un análisis que el mayor gasto en defensa hará que el endeudamiento suba alrededor de 10 puntos de PIB en los países más endeudados como España. Tomaba como referencia el 1,5% del PIB que Bruselas permitirá subir el gasto en defensa sin que cuente para los nuevos planes fiscales que buscan bajar la deuda. Esta llamada cláusula de escape estará en vigor hasta 2028. A partir de ahí habría que buscar alternativas distintas de la deuda para financiarlo. En otro documento de hace un año, el eurobanco estimaba que España era uno de los países europeos que más necesitaba ajustarse a medio y largo plazo para hacer frente al envejecimiento, la deuda y la defensa. Lo cifraba en más de siete puntos de PIB, unos 100.000 millones de euros, una cantidad que iguala todo el presupuesto de sanidad, otro capítulo que va a sufrir presiones por el envejecimiento de la población.

El BCE indicaba que solo por el envejecimiento habría que ajustar unos 3 puntos de PIB basándose en estimaciones de la Comisión. Calculaba además que España precisaba ajustar otros 2 puntos de PIB únicamente para estabilizar la deuda. Un punto de PIB más para hacerla descender ciñéndose a las reglas fiscales europeas. Y lo que haga falta por defensa. Se trata de estimaciones orientativas y sobre las que hay muchas incertidumbres, admitía el documento. Pero recordaba que las cargas fiscales eran muy importantes y advertía de la urgencia: “No hay lugar para la complacencia, ya que cuanto más se retrase el ajuste mayor será su eventual coste”.

Una congelación gradual

¿Significa esto que hay que recortar? No necesariamente. Simplemente bastaría con contener las tasas de crecimiento del gasto: en vez de que crezcan al 4%, deberían repuntar al 3%, y eso podría ser suficiente en tanto que el crecimiento económico y los ingresos acompañen. “El ajuste fiscal necesario es grande si se compara en términos históricos, pero hay precedentes”, dice el informe del BCE. Destaca que algunos países como Bélgica, Irlanda y Finlandia han registrado superávits primarios, esto es sin contar el pago de intereses, del entorno del 5% del PIB durante más de una década entre 1990 y principios del 2000. En el fondo, la estrategia consiste en que, de forma gradual, a fuerza de crecimientos del PIB y de los ingresos, se vayan disminuyendo el peso de algunas partidas para ir haciendo hueco a otras. O dicho de otro modo: que crezcan menos que la economía y la recaudación y así se produzca un ajuste relativo incluso si en euros el presupuesto sigue creciendo.

Además, el BCE recuerda que las reformas podrían ayudar a elevar el tamaño de la economía y los ingresos, aminorando estos esfuerzos. El avance en la digitalización tiene un potencial enorme, explica. También apunta que las inversiones en defensa o por el cambio climático podrían reforzar el crecimiento dependiendo de su diseño. Un ejemplo: en Polonia se ha aumentado el gasto en defensa en más de dos puntos del PIB en solo un par de años. Al no contar con la capacidad suficiente para fabricarlo en casa, se ha visto forzada a comprar el 80% del material fuera. En consecuencia, el impacto estimado en la economía ha sido muy escaso.

El énfasis en la defensa puede perder fuerza en algún momento. Pero sí parece claro que el gasto tendrá que subir. Este llegó a tocar el 3% en España en los años ochenta con la incorporación a la OTAN. Pero como explica el BCE en su informe, todos los países redujeron su gasto militar al acabarse la Guerra Fría. Y en Europa usaron ese dividendo de la paz para aumentar la protección social, señala. Según datos de la OCDE que recogen prestaciones, servicios y ayudas sociales a través de impuestos, Estados Unidos tenía antes de la pandemia un gasto social del 18% del PIB, mientras que Francia lo situaba en el 30% del PIB, Alemania, en el 25% y España en el 25%. Y estas cifras parecen haber aumentado tras la covid.

Margen hasta 2027

No obstante, el Gobierno español tiene margen este año y el siguiente para cumplir con las exigencias europeas. La prórroga presupuestaria le ha permitido congelar partidas. Los fondos europeos le han dejado mantener ciertas rúbricas que de otra forma habrían ido contra el presupuesto, como la formación o las inversiones en infraestructuras y renovables. Y según datos de la Comisión, el Ejecutivo ha tomado medidas de ingresos por valor de 14.000 millones entre 2024 y 2026: por un lado, retirando las bajadas de impuestos por la inflación como la del IVA. Por otro, la no deflactación del IRPF y las subidas en Sociedades y cotizaciones. Estos tres elementos le brindan espacio dentro del plan fiscal actual hasta 2027.

Pero a partir de 2027 los ajustes son ineludibles porque además se acaban los fondos europeos, según cálculos de la Airef sin contemplar la defensa. Aunque la cláusula de escape permite aumentar el gasto en defensa hasta 1,5 puntos de PIB, esto solo retrasaría el ajuste por el gasto militar. A partir de 2028 esta cláusula decae y habrá que encontrar soporte financiero para ese desembolso.

El elefante en la habitación

Aun así, el elefante en la habitación son las pensiones, la principal partida del gasto público con un importe de más de 200.000 millones de euros. Como explica el profesor de la URJC e investigador de Fedea, Miguel Ángel García, todas las reformas desde 1995 han ido encaminadas a contener el crecimiento del gasto en pensiones. Que este se modere. Hasta la de José Luis Escrivá entre 2021 y 2023: con estas reformas se ha dejado que la partida crezca sin límites pensando que ya se obtendrán los ingresos. Esto complicará mucho este ejercicio de austeridad. Las previsiones de la Comisión y la Airef esperan que el presupuesto de pensiones aumente en unos 3 puntos del PIB para 2050. Y estos números son incluso conservadores: el gasto en pensiones ya ha escalado en tres puntos de PIB desde 2010 con dos millones de pensiones más. Y esto ha ocurrido sin que haya llegado a la jubilación el baby boom, que hará que las pensiones pasen de 11 a 17 millones.

Con esos 6 millones de pensiones más, se vaticina que el gasto del sistema va a subir lo mismo en los próximos 25 años que en los 15 precedentes con dos millones más. Y esto se justifica porque se espera que se disparen las jubilaciones demoradas más allá de la edad legal; porque se proyecta que la productividad va a mejorar sus registros, y porque se prevé que la pensión media baje respecto al salario medio. Para esto último harían falta reformas, como la ampliación del periodo utilizado para calcular la pensión, que no han sido aprobadas.