La elección anticipada de 2027 abre una etapa de bajas y recambios en el gabinete de Sheinbaum

La gran elección intermedia de 2027 ha comenzado ya, con más de un año de anticipación. Hay mucho en juego: la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, Congresos estatales y decenas de ayuntamientos. Los partidos han dado el pistoletazo de salida para la selección de sus candidatos, mientras las autoridades electorales, que tienen un poder muy reducido, se limitan a validar actos de campaña que hasta hace algunos años eran ilícitos y ameritaban sanciones importantes. En ese nuevo orden de las cosas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a los funcionarios que se aparten del Gobierno cuanto antes si es que está en sus planes postularse a un cargo de elección popular. El llamado involucra no solo a los servidores públicos del Ejecutivo federal y de los Estados, sino también a los legisladores que quieran pasar del Congreso a otro puesto (muchos quieren ser alcaldes o gobernadores). “No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato”, ha zanjado Sheinbaum este lunes.

El sistema electoral en México se construyó sobre la base de la desconfianza en las autoridades, proclives a usar los recursos a su cargo para influir en los resultados o para beneficiarse directamente. Un diputado se ampara en el pretexto de hacer “trabajo territorial” para dar impulso a sus aspiraciones. Un Gobierno municipal o estatal cambia la cromática de la localidad por los colores de su partido político. Compañías editoriales promocionan tramposamente libros o números de revistas cuyo protagonista es un funcionario. La frontera entre el servidor público y el candidato es borrosa en tiempos electorales; de ahí el énfasis en que los aspirantes se separen del cargo que se les ha encomendado. “Ya tendrá que decirme quien quiera irse de candidato o candidata a algún lado, para poder dejar el Gobierno e irse a hacer su trabajo territorial”, ha insistido la presidenta.

Una de las primeras bajas en el Gobierno de Sheinbaum se dio en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Su titular, Rafael Marín Mollinedo, se separó del cargo a finales de marzo e inmediatamente anunció su precandidatura al Gobierno de Quintana Roo. El problema es que llevaba meses en una campaña anticipada en el Estado del sureste mexicano mientras se hacía cargo de la administración de las aduanas del país. Bajo su gestión, tuvo lugar el mayor escándalo de corrupción de los Gobiernos de Morena a nivel federal (primero con Andrés Manuel López Obrador y luego con Sheinbaum): el huachicol fiscal, una trama de contrabando de combustible que involucró a altos mandos de la reputada Secretaría de Marina, que colabora con la ANAM en la administración y vigilancia de las aduanas en los puertos. Según cálculos oficiales, ese esquema de corrupción significó un boquete de más de 9.000 millones de dólares al año en las finanzas de país.

Marín Mollinedo se presenta a sí mismo como un cercano colaborador de López Obrador y como fundador y líder de Morena en Quintana Roo. Medios locales y nacionales han documentado cómo el exdirector de aduanas ha inundado los espacios públicos del Estado con publicidad a favor de su candidatura. El medio N+, de Televisa, registró que en actos proselitistas donde se promocionaba desde el año pasado su imagen se obsequiaba al público comida, juguetes, pantallas de televisión y hasta motocicletas. El exfuncionario se deslindó de esos eventos y dijo que se hicieron sin su consentimiento, una excusa muy recurrida por los políticos mexicanos que están en campaña encubierta.

Otros dos ejemplos ilustran el problema que Sheinbaum quiere acotar en las filas del oficialismo. Santiago Nieto, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), ha dirigido su gestión con un énfasis puesto en el Estado que quiere gobernar, Querétaro. Este fin de semana, el funcionario federal encabezó en un municipio una “asamblea informativa” con habitantes. Allí, anunció que se separaría del cargo para poder registrarse en Morena como precandidato, aunque un día después reculó. El partido oficialista decidió que a mediados del año definirá sus principales candidaturas en los Estados mediante encuestas entre los aspirantes para elegir al mejor posicionado entre el público. Otro caso es el del diputado Arturo Ávila, que busca la candidatura al Gobierno de Tlaxcala, de donde es originario, aunque también aspira a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc (Ciudad de México). En ambos lugares el legislador apuntala sus intenciones mediante propaganda a ras de tierra o en las redes sociales.

De alguna manera, Morena ha arrastrado al resto de partidos a las campañas anticipadas. Luego de que el partido gobernante anunciara su ruta para elegir a sus candidatos ―aunque los llama por un nombre eufemístico: coordinadores de la Transformación―, el PRI destapó a sus prospectos para las gubernaturas que estarán en disputa y a los operadores políticos a cargo en esas regiones. A su vez, el PAN dio a conocer un cambio en su método de afiliación para dar impulso a las postulaciones de ciudadanos que aspiren a un puesto de elección. Incluso el PVEM, aliado de Morena, dio a conocer a sus propuestas más fuertes para los cargos en juego.

El modelo de “coordinador” permite estirar la ley y adelantar las actividades de campaña porque formalmente no se trata de candidaturas, siempre y cuando el aspirante no pida explícitamente que voten por él. Morena no ha hecho sino relanzar una fórmula que ya le funcionó en el pasado, en el marco de las elecciones presidenciales de 2024. El entonces mandatario, López Obrador, arrancó con mucha anticipación la interna en su partido para definir la candidatura presidencial. Forzó la renuncia a sus cargos de los aspirantes, que no querían dar ese paso y así mantener los beneficios de usar las dos cachuchas: funcionario de lunes a viernes, candidato el fin de semana. Sheinbaum, que era la jefa de Gobierno de Ciudad de México, estaba entre esos aspirantes. Ahora observa el proceso electoral desde Palacio Nacional.