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Economía ultima un informe sobre la consulta pública para justificar su decisión en la opa a Sabadell

El ministerio debe decidir este martes si eleva la cuestión al Consejo de Ministros

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

La opa del BBVA al Banco de Sabadell cierra una etapa más y se acerca a su resolución final. El Ministerio de Economía debe decidir este martes si eleva o no la operación al Consejo de Ministros, de modo que este órgano amplíe o reduzca las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y también trabaja en un informe que incluya las conclusiones de la consulta pública lanzada a principios de mes para justificar su intervención en la transacción.

La CNMC aprobó el pasado 30 de abril la opa del BBVA, condicionada al cumplimiento de una serie de compromisos. Entre los compromisos impuestos (remedies, en la jerga) está el mantenimiento de las condiciones comerciales por tres años en zonas con uno, dos o tres competidores; no cerrar oficinas en zonas despobladas o de baja renta, y mantener el crédito a corto plazo a las pymes y a medio y largo plazo bajo determinadas circunstancias, con un tratamiento especial para las pequeñas empresas de Cataluña y Baleares.

La operación llegó después a la mesa del Gobierno, que se ha opuesto desde el principio a la operación. Primero, el Ministerio de Economía debe decidir antes de este martes si propone o no al Consejo de Ministros endurecer o suavizar esas condiciones por razones de interés general, como la cohesión territorial o la seguridad nacional. Para tomar una decisión, el Ejecutivo lanzó una consulta pública en la que sondeó la opinión de la sociedad ante esta operación, que finalizó el pasado 16 de mayo.

Tras una semana de silencio sobre el asunto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el departamento que pilota publicará un informe sobre el resultado de la consulta pública. El Ministerio trabaja en el asunto y se prevé que este documento se publique en las próximas semanas, de modo que sirva para el Gobierno como base para argumentar un endurecimiento de las medidas buscando el interés general. Cobra una especial importancia dado que el dictamen de Competencia se aprobó por unanimidad, sin votos particulares.

“La decisión que se tome será en línea y respetuosa con plazos y procedimientos tanto en la normativa doméstica como europea”, ha afirmado Cuerpo. De acuerdo a estos plazos, el departamento de Economía dará a conocer mañana a las partes si eleva o no la cuestión al Consejo de Ministros. Fuentes financieras dan por hecho que así lo hará, dejando la decisión final en manos del Gobierno. El Consejo de Ministros tiene después un mes para acordar las medidas finales que se apliquen.

Cuerpo ya anunció durante las jornadas del Cercle d’Economia en Barcelona que abría la puerta a la posibilidad de que el Gobierno diera a conocer públicamente las opiniones recabadas durante el proceso de consulta pública sobre la opa. Cuerpo insistió en que no se trataba de abrir ningún “referéndum” sobre el grado de aceptación social que genera la ofensiva del BBVA sobre el Sabadell.

El responsable de Economía ha sido una de las voces del Gobierno que más explicaciones ha tenido que dar sobre la operación bancaria. Al ser preguntado por posibles repercusiones negativas para los clientes, Cuerpo ha incidido en que la operación genera preocupación en el Ejecutivo por el impacto que tendría un exceso de concentración en el sector financiero y las condiciones que esto puede acarrear sobre créditos y depósitos de familias y para la inclusión financiera de las personas, así como las consecuencias en materia de cohesión territorial.

También se ha pronunciado sobre la oferta la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha calificado la transacción como “un grandísimo error” y ha clamado por que se impida. Ha alertado por la elevada concentración bancaria, el cierre de oficinas y los despidos, que se pueden elevar a 5.000, según expuso.

En un informe presentado este lunes, UGT de Cataluña alerta sobre las consecuencias que tendría la operación, poniendo el foco en el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, el cierre de oficinas y la reducción de la oferta de crédito. El sindicato subraya a que si fructifica la ofensiva del BBVA se perderán entre 7.500 y 10.500 puestos de trabajo directos, a los que habrá que sumarle la destrucción de ocupación indirecta. Carlos Torres ha manifestado que esos cálculos están “absolutamente fuera de lugar”.

UGT mantiene que en Cataluña el Banco Sabadell tiene 5.800 trabajadores y que podrían desaparecer entre 2.400 y 3.200 puestos de trabajo directos, y hasta el doble de indirectos.

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