Los ayuntamientos españoles, entre los menos auditados de la UE

La pandemia y la guerra en Ucrania han allanado el terreno para que el riesgo de fraude aflore. De ahí que una buena auditoría de las cuentas públicas sea un arma para luchar contra las posibles irregularidades. Pero los ayuntamientos españoles se encuentran a la cola en materia de transparencia si los comparamos con otras economías del entorno comunitario, como la griega y la portuguesa. Son las conclusiones del estudio La auditoría de los entes locales en la Unión Europea, elaborado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, que pone el acento en el bajo nivel de implantación de la auditoría dentro del sector local, dado que ni en las entidades administrativas ni en las dependientes se lleva a cabo una auditoría anual de la información financiera, ni tampoco una auditoría de legalidad.

A partir de 2022, las entidades de mayor tamaño deberán elaborar estados contables consolidados, prosigue el estudio, lo que supone un avance para conocer mejor la gestión y la situación económica de estas entidades, cuál es su deuda y su déficit. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, donde estas auditorías penetran en el sistema, el estudio apunta al menor alcance que existe en España y por eso recomienda medidas para poner coto a un problema que está íntimamente ligado con el deber de transparencia. La colaboración de los auditores del sector privado podría ser una opción que permita incrementar el control al sector local y que debería ser obligatorio para todas las entidades, indica el informe.

“2020 debería de haber sido un punto de inflexión en esta situación, ya que fue el ejercicio en el que se comenzó a aplicar el real decreto 424/2017 que regula el control interno en las entidades del sector público local”, declara Ferrán Rodríguez Arias, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que añade que, a pesar de que no se cita literalmente, en la práctica este decreto exige que a partir de este año la mayoría de las entidades que dependen de los ayuntamientos de cierta dimensión tienen que ser objeto de auditorías independientes.

Para Antoni Gómez, del Collegi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), la auditoría externa anual cumple un objetivo esencial preventivo, no solo respecto a potenciales irregularidades, sino sobre todo para asegurar que las cuentas reflejan adecuadamente la situación. El sector privado está sometido a un mayor control, continúa Gómez, que advierte de que esta escasa auditoría externa “penaliza el control en lo relativo a la gestión y asignación con criterios de eficiencia de los Fondos Next Generation de la Unión Europea”.

Esta falta de auditoría de una parte de las entidades administrativas y con presupuesto es contraria a la directiva europea 2011/85/UE, que exige la auditoría independiente de todas las entidades del sector público de forma anual, señala el informe. Países como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Italia y Luxemburgo sí que realizan auditorías financieras y legales anuales de todas las entidades del sector local, concluye el informe.