El turismo recibe con cautela el anuncio de acabar con los puentes

El mal resultado del puente de diciembre ha allanado el camino. La intención del ya presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de eliminar los puentes (salvo aquellos de más arraigo) y de pasar los festivos a lunes fue en general bien recibida por el sector turístico valenciano, aunque las distintas patronales reclaman un mayor análisis e incluso cambios en la propuesta.

"Habría que pedir que se hiciera un estudio serio de los costes y beneficios que la propuesta puede traer", defendió Antoni Mayor, presidente de los hoteleros de Benidorm (Hosbec).

"Nos parece bien siempre que los puentes se lleven al viernes", aportó Vicente Marhuenda, gerente de los hoteleros de Alicante (APHA). "Hay que racionalizar el tema", agregó Luis Martí, secretario general de la Federación Hotelera, quien apostó a renglón seguido por analizar la mejor manera de hacerlo. "Hay que racionalizar el tema, pero con guantes de seda", aporta la Federación de Hostelería.La polémica orden de Francisco Camps, que obligaba a traducir la materia de Educación para la Ciudadanía al inglés (sin tener los profesores necesarios ni el alumnado el nivel para seguir una clase en esta lengua), ha sido tumbada en todos los tribunales donde ha sido recurrida. Primero, mediante la suspensión cautelar de determinados artículos en 2008, después mediante la nulidad en 2009 y finalmente con la imposibilidad de aceptar el recurso de casación interpuesto por la Generalitat en 2011.

La federación de enseñanza de CC OO advirtió al entonces consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, de la "improcedencia de ampararse en el recurso de casación", debido a que la orden había sido aprobada por el pleno del Gobierno valenciano. Es decir, que la orden anulada previamente por el TSJ era "no solo una decisión normativa de ámbito autonómico, sino que procedía de una decisión política de la Generalitat y como tal no podía compararse con otra comunidad autónoma ni pedir la casación con otro marco legal estatal". Y así ha ocurrido.

Recurso improcedente

"Interponer un recurso improcedente es irresponsable desde un punto de vista político. Solamente servirá para dejar en entredicho la eficacia del sistema educativo valenciano y la política educativa de Francisco Camps", aventuró entonces CC OO.

El "descontrol" que introdujo esta norma -considerada por todos los estamentos educativos como una simple "pretensión de imponer una ideología personal al conjunto de la ciudadanía por encima de los derechos legales" de los alumnos- se estampó contra la imposibilidad de ser aplicada por parte de la propia Consejería de Educación.

Durante dos cursos, Educación envió inspectores a los institutos para comprobar si la asignatura se estaba traduciendo al inglés. La consejería editó en inglés unos materiales alternativos que, prácticamente, ningún centro adoptó y, además, se vio obligada, tras la suspensión cautelar decretada por el TSJ en 2008, a paralizar la objeción de conciencia.

Aún así el Gobierno de Camps y el consejero Font de Mora emprendieron una cruzada que duró casi dos cursos y culminó con uno de los capítulos de la política educativa más contestados de la democracia. Las huelgas, manifestaciones y encierros se sucedieron sin tregua, dejando una fractura social que la actual Administración busca rehacer mediante una oferta abierta de "diálogo" y "consenso".