Las madres que formaron una guardia para buscar a sus hijos raptados para la guerra: “Nuestro vientre es el albergue de los desaparecidos”

Emilse Jiménez atiende una llamada de su hermana Lucy Estela poco antes de llegar a la cita. Le promete que contará, para este reportaje, la historia de su nieto, Derian David, reclutado por un grupo armado cuando tenía 17 años. “Diga que quiero encontrarlo”, le dijo Lucy. Jiménez cuelga y responde un mensaje de WhatsApp con un emoji, como quien lanza una señal cifrada. “Con las mamás de niños reclutados manejamos unas señas”, explica mientras muestra la pantalla. El emoticón significa que no ha tenido noticias de Jonny Alejandro Lopera, otro menor que también fue reclutado en febrero pasado. Jiménez lleva puesto el chaleco de la guardia cimarrona de Cerro Teta, símbolo de la comunidad afrodescendiente de Buenos Aires (Cauca), en el suroccidente del país. De allí tuvo que huir en febrero pasado, cuando las disidencias de las FARC le dieron 30 minutos para abandonar su territorio. Ahora habla de todos los niños raptados por la guerra desde Cali.

Desde diciembre, cuando los casos de vinculación de menores de edad al conflicto armado se hicieron más evidentes, Jiménez decidió hacer parte de la creación de la Guardia Intercultural Humanitaria, la primera organización en Colombia que reúne a autoridades indígenas, afros, cimarronas y campesinas de todo el país para la búsqueda de niños y niñas reclutados por los grupos ilegales. Se organizan para seguir sus rastros, compartir información y presionar a los armados para su entrega. No tienen una sede física, se reúnen virtualmente y se reparten los casos que les llegan para acompañar a sus familias en la búsqueda. En lo que va del año, han documentado más de 200 posibles casos de reclutamiento, y han logrado la liberación de 9 de ellos. “Los casos con los que tenemos más premura son los de los niños de 17 años, porque sabemos que cuando cumplan la mayoría de edad, va ser más difícil reclamarlos a los grupos”, dice Emilse.

La lideresa afro es directora de la institución educativa de la vereda Mazamorrero, un punto estratégico para los grupos ilegales que transportan marihuana y cocaína hacia las fronteras del sur del país. En el colegio, uno de los más grandes de Buenos Aires y el municipio aledaño de Suárez, apenas quedan 110 estudiantes de los 354 que había el año pasado. Abre su celular y muestra los chats que ha recibido desde un número de WhatsApp que llevaba como foto de perfil la imagen de Iván Mordisco, comandante de las disidencias agrupadas bajo la sigla EMC, por Estado Mayor Central. “Por eso es que ustedes como muchos líderes sociales se hacen matar por sapos hijueputas”, se lee. “Cree señora que porque usted es la directora del colegio (...) no hace las cosas bien gran sapa malparida torcida”.

Las intimidaciones las recibió justo después de haber citado a una reunión de padres de familia, donde advirtió que las disidencias les habían ofrecido sueldos de 3,5 millones de pesos (863 dólares) a 14 niños del colegio, a cambio de sumarse a las filas. Jiménez había denunciado ante la Defensoría del Pueblo el riesgo que enfrentaban sus estudiantes. “Llegaban a clases con unas simcards que les habían dado ellos para que empezaran a trabajar como campaneros (informantes)”, advierte. El temor que anticipaba ya se había hecho realidad primero en su familia. El 15 de septiembre de 2022, a Derian David Carabalí, hijo de su sobrina, se lo llevaron en una camioneta blanca para integrar las filas de las disidencias en el Cauca. Ese mismo día, desaparecieron ocho menores más en la misma zona.

Lucila Carabalí, madre de Derian David, ya ha perdido la cuenta de las veces que se ha plantado frente al comandante “Palomo”, jefe de las disidencias de las FARC que se llevaron a su hijo. La primera vez llegó hasta su campamento y le dijo, a modo de súplica, “no se me lleve a mi hijo, déjelo tranquilo, él aún es menor de edad”. En un acto desesperado, se ofreció a tomar su lugar: “Mi hijo apenas está empezando a vivir, suéltelo a él y lléveme a mí”. Cada tanto le llegan versiones de su paradero. Le han dicho que está en Nariño; otras veces, lo ubican en la zona del Naya, camino a la ciudad de Buenaventura. En más de una ocasión, le han dicho que fue asesinado. “Yo lo único que sé es que mi hijo no aparece ni vivo ni muerto”.

En el norte del Cauca, el Movimiento Nacional de Mujeres y Madres por la Paz ha advertido de al menos dos “escuelas” de adoctrinamiento para los menores con las que la disidencia Jaime Martínez recluta. Jiménez cuenta el caso de un niño que acudía al colegio en la mañana, y al final de jornada escolar viajaba al centro de entrenamiento ilegal. “Me decía: ‘profe, para allá me quiero ir, me están pagando 100.000 pesos (24 dólares) a la semana solo por ir al entrenamiento’ ”, recuerda. Ella ha viajado hasta ese centro para reclamarle al comandante por los niños que tiene en su poder. Lucila también ha caminado esos mismos senderos en busca de clemencia para su hijo. “Me dijeron que si mi hijo no lo habían ingresado formalmente a esa escuela, tenía posibilidades de salir”. Pero al llegar al lugar, vio su nombre ya escrito en la lista.

El delito de reclutamiento forzado se ha agravado en Colombia en los últimos dos años. Sin embargo, las cifras de las autoridades difieren: la Defensoría del Pueblo apenas ha documentado 21 casos en lo que va del año, mientras que las organizaciones sociales coinciden en que van más de 200 denuncias. El más reciente informe de la Jurisdicción Especial de Paz registra 140 casos entre enero y abril, mientras que la Coalición contra la vinculación de niños y niñas al conflicto armado reporta 60 casos. El departamento del Cauca, donde trabaja Jiménez, es el epicentro del delito.

Además de esas cifras, el crimen se ha ido sofisticando. Ahora los grupos obligan a los niños a firmar un “contrato”, que contiene una serie de compromisos de permanencia en la clandestinidad y en el que firman su sentencia de muerte, como si la explotación de los menores fuera un acuerdo laboral. “Cuando fui a reclamarlo con el comandante, me mostraron un papel donde supuestamente él ya había firmado los compromisos”, cuenta otra madre buscadora en Cali, que prefirió no revelar su nombre por seguridad.

Sofía López, abogada de la Corporación Justicia y Dignidad, explica que lo de los “contratos” es una modalidad nueva. “Los actores armados nos dicen que ellos consideran que desde los 14 años, los muchachos tienen voluntad propia y que se comprometieron con ellos, y deben cumplir”. Es una estrategia de los grupos para justificar que el ingreso de los menores se dio de forma “voluntaria”. Los Convenios de Ginebra de 1977, que crean normas de Derecho Internacional Humanitario, permiten ingresar voluntariamente a un grupo armado a los 15 años. No obstante, Colombia ha acogido un protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que establece que los menores de 18 años no deben estar en ninguna organización armada. López, defensora de derechos humanos, explica que los casos ya no son denunciados como reclutamiento, sino como desapariciones forzadas o trata de personas.

Sol Guejia Villamil, del resguardo indígena Nasa del municipio de Yumbo, solía andar con su bastón de mando indígena por las calles. Pero una amenaza, en diciembre pasado, la obligó a esconderlo. Viste el escudo de la Guardia Intercultural en una pañoleta que cuelga de su brazo derecho, y dice que la única articulación que ha funcionado para rescatar a los menores ha sido la de la suma de las etnias. “Cuando conocimos de los casos de vinculación de menores que se estaban presentando, llegamos a la conclusión de que si entre indígenas, negros y campesinos nos unimos, podemos rescatarlos”, señala. De esa reunión nació la iniciativa nacional que ha articulado a más de cinco guardias en el suroccidente del país para intercambiar información y blindar la seguridad de las familias buscadoras.

Su propósito no es menor. En un departamento con tensiones en indígenas, afros y campesinos, la Guardia Intercultural permite abrir caminos para entrar a territorios vetados y rastrear a los menores. Guejia explica que esa labor es importante porque, en muchos de los casos, los niños reclutados son desplazados a otras zonas del país. “Una de las modalidades ahora es que los reclutadores ofrecen a los niños a otros grupos en otros departamentos. Entonces un joven puede haber desaparecido en el Cauca y luego aparece en otra región con otro grupo distinto”, señala. Ese fue el caso de una menor de 14 años que el Movimiento de Madres logró rescatar el pasado fin de semana que se iban a llevar al otro lado de la cordillera Oriental, en los Llanos del Meta.

“La apuesta es que los devuelvan a todos”

Entre 2021 y 2023, el Movimiento de Mujeres y Madres por la Vida logró que una de las disidencias entregara 10 cuerpos de niños y niñas, que tras ser reclutados fueron asesinados en las filas. Doña Emilse narra que varias de las advertencias que ha hecho en el colegio han sido ignoradas, incluso, por los mismos padres. “A Kevin se lo llevaron”, cuenta con al voz bajita. Se refiere a un menor de 15 años que ya le había contado a los docentes del colegio y a su familia, a modo de confidencia, que se uniría a las filas del grupo armado. Esa ha sido, quizás, la recuperación más rápida que han logrado. El mismo día que lo raptaron, como a las 6.00 de la tarde, logramos que lo soltaran.

Kevin, sin embargo, llegó con una advertencia para Emilse. “Lo primero que me dijo cuando volvió es que me fuera, que (las disidencias) me iban a matar”, confiesa. Se negó a irse, pero comenzaron a agudizarse las amenazas. Cuenta, con vehemencia, que la pérdida de un niño de su escuela es como perder un familiar. “Es que ellos son como mis hijos, así yo no los haya parido”, afirma.

La contundencia de esa recuperación la explica Sofía López. “El éxito de una recuperación depende de lo oportuno que se haga la denuncia”, y afirma que cuando las familias logran encender las alertas pocas horas después del hecho, aumentan las probabilidades de rastrearlos y cercar la zona para ubicarlos. Entre enero y abril de este año, solo en el departamento del Cauca, van 800 denuncias formales ante la Fiscalía por reclutamiento de menores de edad.

Cuando una familia denuncia ante el Movimiento la desaparición de un menor de edad, lo primero que hace, con autorización de sus padres, es difundir la fotografía en redes sociales y entre los líderes y lideresas de la zona donde fue visto por última vez. Más tarde, hace un mapeo de los grupos ilegales que hacen presencia allí. “Lo más importante en la búsqueda es el palabreo”, explica Jiménez para referirse a la primera información, la que recopilan de sus padres, amigos, profesores y líderes del territorio. “Nuestro vientre es el albergue de todos los niños desaparecidos que buscamos, así no sean nuestros hijos”, dice y resopla.

Algunas familias han optado por desplazarse para proteger a sus hijos en lugares más seguros, pero otras simplemente han desaparecido. “La puerta de entrada es que les ofrecen a los niños informar dónde está el Ejército por 50 o 100 mil pesos al día. Después se los llevan a los cultivos ilícitos y, más tarde, uno los ve en motos o con armas”, explica la abogada López. Detrás de su escritorio en el centro del Cauca cuelga un mosaico con más de 100 fotos de los niños y niñas que buscan cada día.

El mismo collage de fotos lo comparten las otras mujeres en sus teléfonos. La Guardia Intercultural Humanitaria nació de la certeza de que nadie más iba a buscarlos. En un territorio donde el reclutamiento se firma en contratos y las amenazas llegan por WhatsApp, estas madres insisten en nombrar a cada niño desaparecido, en contarlos uno por uno y emprender su búsqueda. Saben que mientras haya quien pregunte por ellos, habrá todavía alguna esperanza de que regresen. Emilse dice, con certeza, que el movimiento se ampliará a todo el país. “La confianza que le damos a las familias es que nosotras somos mujeres, y solo una mujer sabe lo que significa perder a un hijo, así una no lo haya parido”.