La obligación de pagar altos intereses agrava los problemas de las empresas
Bizkaia y el Gobierno disponen fórmulas para minimizar las devoluciones
La devolución de las subvenciones a empresas concedidas por las tres Diputaciones en los años noventa (las vacaciones fiscales), que la UE consideró ayudas ilegales de Estado en 2001 y de nuevo en 2006, está llevando a las firmas afectadas a una situación preocupante. Hoy se cumple el plazo dado por la Diputación vizcaína para liquidar la deuda fiscal exigida por la Comisión Europea y la mayoría de las sociedades están comunicando problemas de liquidez para hacer frente no solo a la ayuda recibida en su día -en la mayoría de los casos hace una década-, sino, sobre todo, a los intereses que hay que sumar al montante de esa partida inicial.
Las firmas afectadas saben que tienen un doble colchón institucional -Diputaciones y Gobierno vasco- para evitar problemas mayores como expedientes o procesos concursales por tener que garantizar la entrega de cantidades importantes de dinero. Pese a ello, siguen estando preocupadas por si finalmente el Tribunal de Luxemburgo ratifica las cuantías de las multas y el sistema de cálculo que ha multiplicado casi por dos el total de las devoluciones.
Bizkaia quiere liquidar hoy a 26 empresas por 88,2 millones de euros
Bizkaia está ofreciendo a las compañías afectadas dos tipos de garantías de forma pública. Por un lado, asegura la devolución de parte del dinero si finalmente se produce un cambio de criterio en la Comisión Europea. Por otro, garantiza que esa devolución se hará con intereses, para que el dinero no pierda valor si ese cambio de criterio en Europa se produce dentro de uno o dos años. Algunas fuentes consultadas sugieren que incluso se están garantizando otro tipo de apoyos forales a las compañías afectadas con el fin de minimizar las consecuencias sobre sus balances.
En segundo lugar, el Gobierno, tras la reunión que el lehendakari, Patxi López, mantuvo en Bruselas el pasado octubre con el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se halla en disposición de ofrecer, de común acuerdo con la UE, ayudas individualizadas para evitar que en esta coyuntura de crisis las firmas puedan sufrir problemas de empleo derivados del reintegro de las subvenciones.
El principal problema al que se están enfrentando las empresas es que la Comisión ha aplicado un interés de demora compuesto a la cifra que se debe abonar y su cálculo ha llevado a algunas empresas a tener que afrontar un sobrecoste de hasta el 55% sobre el principal.
De hecho, Bizkaia quiere cerrar hoy las liquidaciones de las últimas 26 empresas con un ingreso total de 88,2 millones de euros, de los que 28,8 millones son los intereses de demora.
El problema del interés compuestos es que se suma al principal para a partir de ahí calcular los nuevos intereses, lo que motiva que crezcan de manera mucho más rápida. Fuentes conocedoras del proceso muestran su asombro por el seguimiento que ha hecho la UE del caso, con reclamaciones de hasta 27 euros en devoluciones de varios millones. "No están perdonando ni un euro", recalcan dichas fuentes.
El escrito que la Comisión remitió al Tribunal de Luxemburgo justificando la imposición de dos multas a las tres Haciendas forales, que en su día reveló EL PAÍS, Bruselas cuantificaba el incumplimiento de las Diputaciones: del total de ayudas ilegales concedidas tenían que rescatar todavía el 87%.
Diez años después de la primera decisión europea, que consideró en 2001 esas ayudas como de Estado y, por tanto, opuestas a la legislación comunitaria, la Comisión cifra las cantidades recuperadas en apenas el 13% y eso incluso "aceptando la lista de beneficiarios y los montantes de ayuda ilegal indicados por las autoridades españolas" a partir del año 2007.
Bizkaia, no obstante, ha mantenido hasta fecha reciente que la Diputación había recobrado la totalidad de los incentivos en 2007. Los datos ofrecidos por la Diputación concluyen que 21 firmas de las 43 que se habían acogido a las ayudas abonaron 96,3 millones por el principal y otros 38,5 millones de intereses. Las otras 22 compañías afectadas no tenían que devolver nada, según la institución foral.
La Comisión no comparte ese criterio y fruto del hartazgo, el pasado 19 de abril presentó una demanda en la que sostenía que la devolución no se había completado y reclamaba las citadas dos sanciones.
Calcular la multa por territorios
De momento, la sanción que deberán pagar las tres Diputaciones por las ilegales
vacaciones fiscales asciende ya a 46 millones de euros. La Unión Europea justifica esa multa en que las instituciones forales han desdeñado desde 2001 los requerimientos judiciales para que las ayudas concedidas a las empresas en la década de los noventa fuesen devueltas. Sin embargo, la sanción empezó a contar a partir de la ratificación, en 2006, de la sentencia dictada por el Tribunal de Luxemburgo de 2001.
En concreto, la ratificación se produjo el 14 de diciembre de 2006. A partir de esa fecha, cada día que pasa la multa aumenta en 25.817,40 euros, y lo seguirá haciendo hasta una nueva y definitiva resolución del mismo tribunal, que se espera podría producirse en uno o dos años, o hasta que las Diputaciones acrediten que han ejecutado todas las exigencias de Europa.
El problema viene a la hora de establecer el reparto concreto del pago de la multa. Tal y como va el proceso de recuperación de las ayudas, cada Hacienda foral va a acreditar en diferentes plazos el cumplimiento de sus deberes. La de Bizkaia podría hacerlo este mismo mes, y la de Gipuzkoa posiblemente también, pero Álava se va a retrasar.
Si el Reino de España, quien representación ante la UE a las tres Haciendas vascas, no acredita que todas las ayudas han sido devueltas, la multa seguiría corriendo, pero resultaría injusto que Bizkaia y Gipuzkoa tuviesen que pagar más. De hecho, los responsables de la Diputación de Bizkaia explicaron hace tres semanas que, con su requerimiento a las empresas, lo que se pretende es cumplir con Europa y evitar así que la "multa impuesta" continúe creciendo.
De no acreditar Álava el reintegro total, las tres Haciendas podrían verse perjudicadas por el procedimiento y abocadas a una segunda multa. Esta contará a partir del momento en que se dicte la nueva sentencia. Si para entonces no se han devuelto todas las ayudas, el Tribunal de Justicia exigirá una sanción más elevada: 236.044,80 euros diarios hasta la resolución íntegra de todo el proceso de abono.
Diferente ritmo
- Bizkaia. Es la provincia que, según todas las informaciones aportadas por sus responsables, se está dando más prisa en recobrar las ayudas: unos 200 millones entre lo recuperado en 2007 y lo que ha reclamado ahora a otras 22 firmas.
- Álava. Va a esperar para recuperar el dinero a que el Tribunal de Luxemburgo confirme las sanciones. Álava no ha cuantificado el total de las devoluciones. Algunas fuentes sitúan la factura pendiente de ajuste con la UE en 350 millones de euros del sector de bodegas, pero también del industrial.
- Bizkaia. Tras el anuncio de Bizkaia de reclamar las devoluciones, este territorio decidió seguir sus pasos. Son pequeñas partidas de diversas empresas hasta un total de unos 150 millones
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