Aguirre excluye del plan de Móstoles dos áreas ecológicas

Han hecho falta más de 20 años, pero al fin Móstoles (206.000 habitantes, gobernado por el PP) tiene un nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU). El Consejo de Gobierno lo aprobó ayer, pero en el último momento introdujo una salvedad al plan que había pasado por el Ayuntamiento de la localidad y por la Asamblea. El vicepresidente, Ignacio González, anunció que dos zonas del término municipal quedan "aplazadas en su ordenación" hasta que lleguen los resultados de nuevos "estudios científicos sobre su valor ambiental".

Estas dos áreas, conocidas como La Reguera y La Peñaca, suponen más de cuatro millones de metros cuadrados (400 hectáreas; 400 campos de fútbol) y han sido uno de los principales caballos de batalla de la oposición socialista en contra del plan general. Su diputado Antonio Fernández-Gordillo criticó en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, el 15 de diciembre, que el plan incumplía el informe ambiental emitido por la Dirección General de Evaluación Ambiental. Ese texto aseguraba que "deben preverse pasillos ecológicos y zonas sin ocupar conforme al informe previo de análisis ambiental".

Un informe pedía la preservación de las áreas de La Reguera y La Peñaca

En ese informe previo, según queda recogido también en el definitivo, de 23 de enero, se recomienda "la preservación" del área de La Reguera "por el mantenimiento del corredor ecológico" y de La Peñaca "para amortiguar la presión urbanística sobre el parque regional del curso medio del río Guadarrama". Sin embargo, el pleno del Ayuntamiento de Móstoles aprobó desproteger esas zonas y el plan llegó tal cual a la Asamblea.

Ignacio González aseguró ayer que la decisión de excluir esas áreas se debía a las alegaciones de "vecinos y particulares" durante el periodo de exposición pública. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente precisó ayer que fueron las de Ecologistas en Acción y del Partido Socialista.

Fernández-Gordillo se mostró ayer satisfecho con la marcha atrás del Gobierno, pero su partido sigue oponiéndose al nuevo plan general: "No estamos de acuerdo con el modelo territorial, porque reclasifica más de 1.400 hectáreas para pasar a urbanizables", aseguró. El diputado socialista criticó que el plan prevea un crecimiento demográfico del 12% (26.000 habitantes) a la vez que permite la construcción de 25.000 viviendas nuevas (actualmente hay 75.000). "Es surrealista que el propio plan hable de una necesidad de vivienda para el 12% más de población y se reclasifique suelo para hacer un 34% más".

El Ejecutivo regional asegura que ha protegido "cerca del 50% del suelo" y que ha apostado por un crecimiento "moderado", de 13.500 viviendas, la mitad con algún tipo de protección. A ésas hay que sumar 1.700 públicas de la red supramunicipal y otras 10.000 previstas en suelo ya calificado. El plan cumple con la Ley de Medidas Urgentes de julio de 2007, que establece el máximo edificable en tres alturas más ático (el antiguo dejaba construir hasta nueve). De ahí que se haya rebajado el número de viviendas (31.000) previstas inicialmente.