"Me arruinaron la vida"
Fernando González tenía 30 años cuando, junto a su entonces novia y hoy esposa, cayó en las redes de la inmobiliaria Promocisa. Trabajaba de funcionario. Iban a casarse y se metieron en las letras del piso, que costaba, recuerda, 1.890.000 pesetas "a tocateja".
Había pagado el 70% del dinero cuando Promocisa, dos meses antes de la boda, saltó por los aires. Sus ilusiones y las de su novia se derrumbaron. "Tuvimos que irnos a un piso de alquiler, en el que estuvimos diez años".
Le hubiera gustado tener más hijos, pero decidieron tener sólo uno por la incertidumbre económica que entonces se vivía en España. "Trabajaba 15 horas diarias; salía de un sitio y entraba en otro a trabajar".
Durante muchos años, Fernando tuvo que seguir pagando el piso adquirido, sobre el papel, a Promocisa y el de alquiler. La vivienda de Promocisa (él es de los afortunados que, tras la intervención del Gobierno, pudo conseguirla muchos años después) le supuso tener que suscribir otra hipoteca cuatro veces más cara de la prevista inicialmente.
Fernando ni siquiera sabía que los magistrados del Tribunal Supremo han fallado esta semana definitivamente sobre este asunto. Nadie le ha informado de nada. Ni ahora ni antes. "Esta justicia española es una barbaridad; ni es justicia ni es nada", se lamenta.
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